El blanco de los sismos de septiembre, entidades del centro y sur del país, también han sido víctimas de opacidad por parte de sus gobiernos locales, de acuerdo con una revisión de su implementación del Sistema Local Anticorrupción, la calidad de sus datos presupuestales y contables, así como las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Entre Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Guerrero y el Estado de México, las autoridades guerrerenses y mexiquenses son las que menos rinden cuentas a sus ciudadanos sobre el manejo del dinero público.
Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Guerrero y el Estado de México, además de haber sido las entidades más devastadas por los dos sismos de gran magnitud registrados en septiembre, comparten una particular reputación en materia de transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con índices de organizaciones civiles y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El terremoto de la noche del 7 de septiembre golpeó con sus 8.2 grados principalmente a municipios de Chiapas y Oaxaca, dos de los estados con mayores índices de pobreza y desigualdad. El Gobierno de la República, junto con los dos estatales, destinará para la reconstrucción de viviendas más de 7 mil millones de pesos mediante monederos electrónicos.
Doce días después, un sismo al mediodía tumbó a la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero y el Estado de México. Hasta el momento se han reportado 369 fallecidos.
SinEmbargo se basó en dos herramientas del Instituto Mexico para la Competitividad (IMCO), tanto el Semáforo Anticorrupción como el Índice de Información Presupuestal, así como en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para medir su nivel de opacidad en la administración de los recursos públicos y estos fueron los resultados.
CHIAPAS
Autoridades de Protección Civil de Chiapas han registrado afectaciones en 97 municipios del estado sureño, principalmente en los municipios de Villa Flores, Villa Corzo y Jiquipilas. Según el censo, hay 58 mil 365 viviendas afectadas, de las cuales 16 mil 796 se encuentran con daño total. Al menos 307 personas han acudido a los albergues temporales.
El Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, anunció el miércoles pasado el inicio de la reconstrucción en la entidad.
«No vamos a descansar hasta que todas las casas y las escuelas estén nuevamente de pie. Y quiero ser muy insistente en algo: habrá cárcel para los funcionarios que desvíen la ayuda», resaltó.
Sin embargo, antes del seísmo, Chiapas no se ha caracterizado por su rendición de cuentas sobre todo en el sector salud. El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) ha presentado dos índices para medir la transparencia de las entidades.
El Semáforo Anticorrupción, también coordinado por el sector empresarial y Transparencia Mexicana, monitorea la implementación en cada estado del Sistema Nacional Anticorrupción. Chiapas llevaba hasta julio –cuando arrancó el SNA sin fiscal– un avance de 85 por ciento en su Sistema Local, pero en la integración del sistema de manera «adecuada» el semáforo está en rojo.
Además, en el Índice de Información Presupuestal Estatal 2017 del IMCO, que mide cada año la calidad de la información presupuestal y capacidad contable de las entidades federativas, aunque Chiapas obtuvo una calificación superior a 85 por ciento, principalmente por desglosar los fideicomisos, retrocedió tres lugares respecto a 2016. Cuenta con un presupuesto de 81.9 mil millones de pesos.
Respecto a la lupa de la Auditoría Superior de la Federación sobre la gestión de Chiapas, en la cuenta pública 2016 encontró irregularidades en temas de salud, situación que se refleja en la falta de insumos y medicamentos en los hospitales públicos, han denunciado enfermeras con huelga de hambre.
Chiapas recibió 3 mil 956 millones de pesos mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, pero está pendiente por acreditar su destino y aplicación a los objetivos, por lo que no realizó una gestión eficiente y transparente, concluyó la Auditoría. Como parte del Programa Seguro Popular, recibió 3 mil 641 millones de pesos, pero en el ejercicio de los recursos el gobierno local incurrió en «inobservancias de la normativa» en materia de transferencia, registro y destino de los recursos, y se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 330 millones 211 mil pesos.
En el uso de los recursos transferidos para PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) hubo incumplimiento normativo por un importe de 165 millones 568mil pesos, aunque la Secretaría de Salud estatal proporcionó a la Secretaría de Hacienda todos los reportes trimestrales, por lo que realizó una gestión parcial del dinero, evaluó la ASF.
OAXACA
Protección Civil de Oaxaca ha documentado 283 municipios con declaración de desastre por el terremoto de 8.2 grados, principalmente Juchitán, Unión Hidalgo, Ixtaltepec, San Francisco del Mar y Reforma de Pineda, así como 74 municipios de la región mixteca dañados por el sismo de 7.1. Más de 120 mil personas fueron recibidas en albergues tras dañarse más de 60 mil viviendas.
El Gobernador Alejandro Murat Hinojosa canceló los festejos patrios tras las afectaciones y calculó que la reconstrucción al menos en Juchitán tardará unos tres meses.
En el Semáforo Anticorrupción de IMCO, el avance de implementación del Sistema Local por parte del gobierno estatal lleva un 85 por ciento, pero no contempla el Sistema Nacional de Fiscalización. En tanto en el Índice de Información Presupuestal Estatal 2017 tiene una calificación de 82.8 por ciento (cumplimiento medio de calidad en su información de presupuesto y contabilidad) y retrocedió tres lugares respecto al año pasado por no especificar el cargo que corresponde a cada salario.
En la cuenta pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación no se pudo realizar la revisión del ejercicio de 2 mil 291 millones de pesos por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal en el estado de Oaxaca, porque el gobierno estatal no proporcionó la totalidad de la documentación que le fue requerida. Asimismo, Oaxaca recibió 190 millones 438 mil pesos mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), pero se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia al no publicar los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino.
LOS OTROS CUATRO OPACOS
Además de la Ciudad de México, municipios de Morelos, Puebla, Guerrero y el Estado de México recibieron el impacto del sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre. Al igual que Chiapas y Oaxaca, sus gobiernos estatales no se han distinguido por su transparencia en el uso de recursos públicos.
En Morelos, epicentro del sismo, el Gobierno estatal concluyó el 3 de octubre el censo de edificaciones dañadas. Han muerto 74 personas. Su Gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, estimó daños en más de 10 mil viviendas, sobre todo en 19 municipios, entre ellos, Jojutla, Zacatepec, Tlaltizapán y Yautepec. Durante el reparto de víveres a la comunidad afectada, el mandatario fue señalado luego de que la titular del DIF, Elena Cepeda de León, desvío dos tráilers provenientes de Michoacán a sus bodegas.
Él negó que la intención no era condicionar la entrega de apoyos, sino que se buscaba concentrar y organizar los donativos. Sin embargo, el perredista ya es investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Antes del sismo, su gestión también fue cuestionada por su actuación ante el socavón que se abrió en el Paso Express de Cuernavaca, en el que murieron dos personas. La ASF le detectó, en su revisión de la Cuenta Pública de 2015, irregularidades por cerca de 300 millones de pesos.
Previamente Graco Ramírez fue acusado de retener la nómina de más de 6 mil trabajadores y académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); y por desviar al menos 500 millones de pesos de un crédito de 2 mil 806 millones de pesos, que los diputados locales le autorizaron (en 2013) para la construcción de la nueva sede del Congreso.
El Sistema Local Anticorrupción de Morelos registra un avance de implementación de 95 por ciento, pero IMCO señala que su integración no es la adecuada. Respecto al Índice de Información Presupuestal, la entidad es calificado con 89.7 por ciento y subió siete lugares en comparación con el año pasado.
En el caso de Puebla, donde murieron 45 personas, el Gobernador José Antonio Gali Fayad informó que el censo continúa, pero hasta el momento se registran entre 22 y 25 mil viviendas afectadas.
Su Sistema Local Anticorrupción va un 98 por ciento, pero el establecimiento del Sistema de Información es «demasiado complejo» por lo que sólo obstaculiza la tarea. En el Índice de Información Presupuestal Estatal 2017 obtuvo una calificación de 100 por ciento por lo que se ubicó en el primer lugar.
Sin embargo, Enrique Cárdenas, ex director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y aspirante a la candidatura del estado, dijo que la corrupción e impunidad son dos de los males sociales que urge combatir en Puebla y criticó la falta de autonomía del Congreso Estatal, ya que, en las últimas legislaturas, aprobó «sin cuestionamientos todas las iniciativas que le enviaron del ejecutivo».
El ex Gobernador, Rafael Moreno Valle, concluyó su administración en enero y reportó una deuda por 8 mil 608 millones de pesos, pero la organización Mexicanos Contra la Corrupción reveló que la cifra asciende a 47 mil millones de pesos.
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Respecto a Guerrero, también víctima de los sismos, el reporte preliminar de Protección Civil estatal arroja que 11 mil viviendas tuvieron daños, de las cuales, 2 mil 456 presentan pérdida total, principalmente en Atenango del Río y Huitzuco de los Figueroa.
En la entidad gobernada por Héctor Astudillo el Sistema Local Anticorrupción reporta un avance de 85 por ciento, pero no se integra de manera adecuada ni contempla el Sistema Nacional de Fiscalización, detectó IMCO. En el Índice de Información Presupuestal Estatal presenta un cumplimiento bajo de 64.7 por ciento y, además, retrocedió ocho lugares frente a 2016 en deuda, acceso público y armonización contable.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación documentó en su cuenta pública 2016 que el Gobierno del Estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) que sumaron 4 mil 372 millones de pesos. Hasta diciembre de 2016 estaba pendiente de acreditar el ejercicio de 126 millones 277 mil pesos, y la entidad no remitió los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda.
El Gobierno de Astudillo tampoco realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del PROSPERA Programa Inclusión Social: Componente Salud, ya que de los 340 millones 156 mil pesos transferidos, la entidad federativa no había gastado el 41.9 por ciento, el cual está pendiente de acreditar o en su caso el reintegro a la Tesorería de la Federación.
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Finalmente, el Estado de México también reportó afectaciones por los temblores de septiembre. De acuerdo con la Sedatu local, 3 mil 485 viviendas están dañadas gravemente en los 12 municipios declarados como zona de desastre, sobre todo en Ocuilán, Tenancingo, Malinalco y Ecatzingo.
La entidad gobernada por Alfredo del Mazo Maza ha avanzado un 95 por ciento en la implementación de su Sistema Local Anticorrupción, pero IMCO señala que no de manera adecuada. En su Índice de Información Presupuestal obtiene un 73.3 por ciento y el monto del pago de su deuda no se encuentra disponible.
En la cuenta pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación sobre salen anomalías en infraestructura mexiquense. En el proyecto Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Estado de México, no cumplió con las disposiciones
legales y normativas aplicables en la materia en diversos pagos; en la construcción de los Revestimientos de los Drenes Chimalhuacán I y II hubo pagos indebidos por 27 millones 597 mil pesos.
En salud, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 9 mil 155 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud ni de los 4 mil 441 millones de pesos del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa. También se detectó un uso opaco de los 385 millones 663 miles de pesos transferidos para PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud.
