La Organización Mundial de la Salud recomienda aumentar a un 75 por ciento el impuesto sobre el precio final del tabaco. Actualmente, el impuesto es de 35 centavos por cigarro, por lo que debería pasar a 1.25 centavos, mientras que para el refresco se sugiere un gravamen de 20 por ciento por cada litro y actualmente es de apenas la mitad.
El Poder del Consumidor y la Fundación Interamericana del Corazón calculan que el Gobierno obtendría 26 mil millones de pesos adicionales por aumentar los gravámenes a estos productos y al mismo tiempo se disminuiría el consumo.
Las organizaciones recordaron que hace 32 años, tras el temblor de 1985, el Congreso de la Unión aprobó aumentar los impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas para apoyar los fondos para la reconstrucción, «por lo que no es una medida desconocida para el Gobierno».
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Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales destruidos por los sismos del 7 y 19 de septiembre en diversos puntos del país podría ser atendida con el aumento de los impuestos al tabaco y a las bebidas azucaradas, propusieron las organizaciones El Poder del Consumidor (EPC) y la Fundación Interamericana del Corazón (FIC).
En entrevista para SinEmbargo, Alejandro Calvillo Unna, director de EPC y Érick Antonio Ochoa, director de Iniciativas en Salud Pública de la FIC, coincidieron en que los fondos obtenidos de ese gravamen tendrían dos principales beneficios: atender la necesidad de vivienda y reconstrucción de otros inmuebles, como hospitales y escuelas, tras los terremotos, y velar por la salud de la población mexicana, pues está comprobado que elevar estos impuestos impacta en la disminución en el consumo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, en el caso del tabaco, aumentar a un 75 por ciento el impuesto sobre el precio final. Actualmente, el impuesto en México es de 35 centavos por cigarro y, en apego a las recomendaciones de las recomendaciones del organismo internacional, debería pasar a 1.25 centavos. Mientras que para el refresco se sugiere un gravamen de 20 por ciento por cada litro y hoy en día es de apenas la mitad.
Las organizaciones civiles, al comparar datos de diversos medios de comunicación, calcularon que la reconstrucción de los inmuebles afectados durante los sismos del mes pasado, costaría al país alrededor de 52 mil millones de pesos.
Ante ello, los grupos civiles apuntaron a que si los legisladores atendieran al llamado, en un año, el Gobierno obtendría 10 mil millones de pesos adicionales por productos de tabaco y 16 mil millones de pesos extra por las bebidas azucaradas, es decir, la mitad de lo que se requiere para reconstruir el patrimonio de miles de familias. Además, subrayó Antonio Ochoa, habría una disminución del 30 por ciento en el consumo de tabaco.
Especialistas en materia aseguran que cada 6 segundos muere una persona por causa del tabaquismo, adicción que es considerada como la primera causa evitable de muerte en el mundo.
«No es sólo para recaudar fondos para la reconstrucción nacional, sino también para disminuir la prevalencia en el consumo de dichos productos dañinos para la salud», subrayó Antonio Ochoa.
En el mismo sentido, Calvillo Unna recordó que el impuesto a las bebidas azucaradas, que representan el 70 por ciento del consumo de azúcar añadida en la dieta de los mexicanos, debe ser de al menos de un 20 por ciento, tal y como recomiendan la OMS y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
«Si el impuesto aumenta a 2 pesos por litro, que sería el equivalente al 20 por ciento recomendado, ingresarían alrededor de 16 mil millones de pesos adicionales», con lo que además se estaría atendiendo a las declaratorias de emergencia por obesidad y diabetes decretadas por el Presidente Enrique Peña Nieto en noviembre pasado.
Y agregó que «con este aumento bajaría el consumo, proporcionalmente, en un 10 por ciento con un impacto importante en la reducción de sobrepeso, obesidad y diabetes».
La última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (Ensanut) arrojó que 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños padecen exceso de peso y las autoridades federales han reportado que un promedio de 80 mil personas mueren al año por diabetes, lo que la convierte en la principal causa de decesos.
No obstante, otro punto en el que coincidieron los activistas es en que el mayor impedimento para efectuar las medidas fiscales en atención a las recomendaciones nacionales e internacionales es el «intenso cabildeo» de las grandes corporaciones de tabaco y de bebidas azucaradas, que han influido en la toma de decisiones de algunos legisladores.
Ambos hicieron un llamado a la Cámara de Diputados y el Senado de la República a que durante la discusión del Paquete Económico 2018 tomen en cuenta su propuesta.
«Frente a la emergencia nacional por los sismos, estamos proponiendo que se volteé a ver la política fiscal, que se haga ese ajuste para que México cumpla con estándares internacionales y queremos que los legisladores discutan y analicen en este que año que se vive esta dificultad que no es menor», exigió Antonio Ochoa.
Calvillo Unna aclaró que «en situaciones comunes, lo ideal sería utilizar estos recursos en prevención [de diabetes y obesidad], pero, dada la situación de emergencia, los primeros 2 ó 3 años tendrían que destinarse a la reconstrucción de viviendas, por eso solicitamos que los legisladores tomen esta propuesta y las recomendaciones de la OMS que tienen un sentido de salud pública y que se etiqueten esos recursos directamente a la reconstrucción».
A manera de conclusión, ambos defensores de los derechos humanos a la salud recordaron que existen antecedentes de acciones similares en el pasado. Hace 32 años, tras el temblor de 1985, el Congreso de la Unión aprobó aumentar los impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas, a fin de colaborar con los fondos para la reconstrucción, «por lo que no es una medida desconocida para el Gobierno».
«En 1985, como una de las medidas, se estableció un impuesto al tabaco y a las bebidas alcohólicas a fin de obtener fondos para la reconstrucción y lo que queremos es proponer una política similar», insistió Calvillo.
