La recomendación de la CNDH por desaparición forzada de tres jóvenes documenta que policías municipales de Papantla prestaban uniformes y patrullas a miembros de la delincuencia organizada en Veracruz. Los uniformados detenían a civiles y los entregaban a los criminales, quienes disolvían sus cadáveres con químicos y combustible en el rancho La Isla.
Los delincuentes incluso patrullaban con los gendarmes uniformados como ellos para pasar desapercibidos cuando salían a cazar sus objetivos; ahora el Alcalde debe reparar el daño y ofrecer disculpa pública.
La CNDH informó que en Veracruz hay 50 expedientes por desaparición forzada; en tiempos de Luis Ángel Bravo la mayoría de los casos se fue a la congeladora.
Por Ignacio Carvajal
Veracruz/Ciudad de México, 5 de octubre (BlogExpediente/SinEmbargo).– La recomendación 6VG/2017, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a diversas autoridades de Veracruz, por desaparición forzada, denuncia que policías municipales de Papantla, al mando del Alcalde perredista Marcos Romero Sánchez, empleaban patrullas y uniformes de esa corporación para prestarlas a Los Zetas, y que cometieran delitos contra la población civil.
El documento indica que un miembro de los Zetas que operaba en Papantla participó en un operativo de la policía municipal para detener y posteriormente desaparecer a tres jóvenes, el 19 de marzo del 2016, y por lo cual hay ocho municipales encarcelados.
Los chicos desaparecidos son Uriel Pérez Cruz, Luis Alberto Morales Santiago, y Jesús Alán Ticante. Desde ese día no se sabe anda de ellos, aunque la evidencia recabada por la CNDH indica que los oficiales los detuvieron para entregarlos a Los Zetas, y éstos les dieron muerte y «cocinaron».
El día de los hechos, se supo que dos de esos chicos habían cometido un delito, tripular un coche con reporte de robo, consigna la CNDH, y lejos de detenerlos y presentarlos ante el la Fiscalía, los oficiales se los entregaron a la delincuencia.
Tampoco elaboraron un parte oficial para consignar la detención. Ellos nunca llegaron a los separos, apenas les apresaron, los pasaron a las manos de la mafia.
Los trasladaron a un sitio conocido como rancho La Isla, a las afueras de Papantla, donde les dieron muerte y disolvieron sus cuerpos con químicos y combustible. Las autoridades dieron con esos restos, y les realizaron pruebas de ADN cuyos resultados no han sido dados a conocer; sin embargo, el tono de la recomendación sugiere que los jóvenes tuvieron un destino fatal.
El tercer chico detenido y sin delito aparente, fue asegurado porque con su celular captó el momento en que los municipales y los delincuentes sometían a los dos primeros, con exceso de fuerza, a la luz del día.
Uriel Pérez Cruz, Luis Alberto Morales Santiago, y Jesús Alán Ticante (V1, V2 y V3) fueron desaparecidos por elementos de la municipal días después del caso que atrajo los reflectores del mundo hacia Veracruz, el de cinco jóvenes de Playa Vicente que habían desaparecido después de una revisión de rutina por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, comandados por el delegado Marcos Conde, quien ahora está preso en Cosamaloapan y seis de sus subordinados implicados también en el caso.
Por esos tres chicos de Papantla, hay ocho ex elementos de la municipal presos, a quienes la CNDH denunciará en próximas fechas ante la Procuraduría Ge#101;neral de la República (PGR) por delincuencia organizada, anuncia en la recomendación.
LO DEJARON IR
Sin embargo, en el documento se evidencia que pese a que hay ex servidores públicos detenidos, se comprueba que las autoridades también tuvieron detenido al perpetrador, del cártel de Los Zetas, y lo dejaron ir pese a que fue apresado en comisión de delitos contra la salud y avisados de que había una carpeta de investigación en la cual era requerido por haber participado en la desaparición forzada de Uriel Pérez Cruz, Luis Alberto Morales Santiago, y Jesús Alán Ticante.
Cruzando datos, y con referencias de informaciones oficiales del gobierno de Veracruz, se pudo establecer que ese civil involucrado, miembro de la mafia, perdió la vida el 9 de abril durante un enfrentamiento con policías, en El Chote, en el norte del estado.
En ese enfrentamiento fue abatido «Sabás Velázquez Francisco, quien también utilizaba los nombres de Francisco Zavaleta y/o Francisco Zavaleta Abad, mejor conocido con el alias de «Paco el Lavador», uno de los principales líderes de la delincuencia que operaba en la zona de Papantla, Poza Rica, Álamo, Cerro Azul y Naranjos», cita un comunicado del Grupo de Coordinación Veracruz del 10 de abril de 2017.
ADEMÁS
Pago «El Lavador» iba acompañado de otro presunto delincuente. Uno de los dos está ligado directamente al caso de los tres jóvenes, y es registrado en la recomendación con el alias PR2, para proteger su identidad.
La CNDH consigna que durante el desarrollo de las investigaciones, PR2 se comunicó con la madre de uno de los desaparecidos, vía mensajes de Whatsapp, y le amenazó de muerte y «le reveló haber privado de la vida a las víctimas». Ello consta en mensajes telefónicos consignados en las investigaciones tanto de la Fiscalía general como de la PGR.
En el expediente igual consta el oficio 705/2016, de la SSP, en el cual expone que se detuvo el 12 de julio del 2016 a PR2 en posesión de drogas y armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y por el cual fue consignado ante el Ministerio Público de la Federación de Poza Rica, que ejerció acción penal, pero posteriormente lo liberaron.
Esto ocurrió aun cuando la Fiscalía general regional con sede en Tuxpan, notificó, el 13 de julio de 2016, a las autoridades federales que tenían en su poder a PR2 que éste se «encontraba sujeto a investigación en las Carpetas de Investigación 1 y 3, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de desaparición forzada».
ZETAS UNIFORMADOS
PR2 es identificado por diversos testigos de la detención del joven como la persona que iba uniformada el día del operativo, y la investigación de la CNDH reitera que era miembro de Los Zetas que estaba siendo trasladado en patrullas oficiales y portando uniforme de la municipal de Papantla.
«No pasó desapercibido para este Organismo Nacional, que en la detención de las víctimas participó además PR2, persona que de acuerdo con las constancias ministeriales, así como diversas testimoniales pertenecía al Cártel “Los Zetas”, quien arribó al lugar de los hechos a bordo de la patrulla 060, vistiendo un uniforme de la Policía Preventiva Municipal, tal como lo refirieron los siguientes testigos:
“[…] quiero manifestar que cuando se bajaron los policías que iban en la patrulla 084, me di cuenta que de la patrulla 060 también se bajó un joven al que conozco, […] aunque no sé si ahora sea policía, lo cierto es que lo vi con uniforme de policía de color azul de la municipal y esa persona es la que conozco con el nombre de [PR2], quien iba acompañado de otros policías, […] ese día diecinueve de marzo del año 2016 […] él iba en la patrulla 060 […]”.
“[…] en eso llega otra patrulla de la Policía Municipal con el número 060 y de esta patrulla número 60 vi que se bajó un chavo a quien conozco con el nombre de [PR2] […] y lo que me causó rareza es que dicho sujeto [PR2] iba vestido como policía municipal y andaba con los de la patrulla 060 de la policía municipal […] yo no sé si entró a trabajar a la policía municipal o no, pero ese día diecinueve de marzo del año 2016 sí andaba vestido de policía y en la patrulla ya mencionada […]”.
Otro testimonio clave, es el de MV, menor de edad, identificado como halcón de la organización delictiva citada, quien tras haber sido detenido por delitos contra la salud, colabora con las autoridades en el caso de los tres desaparecidos, aportando «trabajaba como «halcón» para PR1 y PR4; detalló las circunstancias en las que fue detenido por policías estatales y que sus compañeros le comentaron que PR1 y PR4 habían “cocinado a [V1, V2 y V3] en la loma del Rancho La isla, y que ahí cocinan a la gente que secuestran y también guardan los carros que se roban”.
Sigue:
“[…] que vine a vivir aquí hace un mes para trabajar con unos camaradas que andan de malandros, […] no sé sus nombres de ellos, sólo que le dicen [PR2] y a otro [PR4] […] escuché que otros chavos de la organización comentaron que los tres chavos desaparecidos, […] ellos, o sea, [PR4] y [PR2], los habían cocinado en la loma del rancho La Isla […] escuché que comentaron [PR4] y [PR2] que los muchachos que desaparecieron se los habían levantado la policía municipal de esta ciudad […]”.
ADEMÁS
50 DESAPARICIONES FORZADAS
En la recomendación se ordena que el alcalde Marcos Romero Sánchez pague los daños causados a las familias por la pérdida de los chicos, es decir, que los indemnice. Además, debe ofrecer una disculpa pública por los actos cometidos por su personal. También se ordena al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares asumir más acciones contra los delitos de desaparición forzada, más cursos de derechos humanos a los policías y presentar evidencias de que se realicen dichas acciones.
Al Fiscal General, Jorge Wínckler, que se subsanen las deficiencias en las carpetas de investigación del caso, y que se castigue a los fiscales responsables de haber hecho un mal trabajo, además, de haber privado de la libertad, durante varios meses, a un menor de edad que estaba implicado en el caso, y que indebidamente pasó tiempo recluido en una comandancia de la ministerial.
En el documento también se indica la existencia, en la Fiscalía General de Veracruz, de «50 expedientes ministeriales iniciados por la comisión del delito de desaparición forzada de personas, cuyos hechos acontecieron de manera indistinta en 28 municipios de aquella entidad federativa. Asimismo, de la respuesta brindada se pudo observar, que de las indagatorias radicadas 43 continúan en trámite, cinco fueron reservadas y en dos se decretó el no ejercicio de la acción penal” ello entre 2014 y el 26 de febrero del 2016.
