En México después la tragedia no viene la calma. Detrás de la solidaridad ciudadana viene la transa gubernamental. Mientras los ciudadanos coordinados entre sí primero y con las fuerzas armadas y los voluntarios internacionales después, trabajaron arduamente en la primera etapa tras el desastre natural en la recuperación de seres humanos, cuerpos, y descombro de edificios caídos, el gobierno se apresta para entrar, ahora sí activamente, en la segunda etapa: la reconstrucción.

Pero no los gobiernos aportando el dinero que deberían restar a sus abultados presupuestos, sino listos para manejar los dineros privados en acciones públicas. La rapiña gubernamental, política, administrativa y electorera luego del terremoto ha iniciado.

No habían pasado dos días del temblor que devastó zonas de Oaxaca, Puebla, Veracruz, el Estado de México y la Ciudad de México, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que preside José Antonio Meade, había estructurado ya un Fideicomiso al que llamó “Fuerza México”, para que ahí y solo ahí, se concentraran las donaciones en efectivo realizadas para apoyar a la sociedad en la reconstrucción de las áreas dañadas.

Es decir, usted dona un banco, a una fundación a través de un bando, y ese dinero irá a parar al Fideicomiso que Hacienda hizo de la mano de su alfil el Consejo Coordinador Empresarial. Sí, el dinero que la gente ha otorgado de buena fe para no aportarle al gobierno, terminará siendo manejado y gastado por el gobierno.

Si una empresa, institución, fundación u organización sin fines de lucro abrió una cuenta en algún banco de los que funcionan en México para solicitar donaciones para apoyar las labores de rescate y reconstrucción, y adherirse al programa del 2 x 1, donde el banco pondría dos pesos para cada uno donado, ese dinero, debe ser depositado al fideicomiso Fuerza México de la Secretaría de Hacienda, la institución que no tiene entre sus facultades y obligaciones hacer trabajo social, ni obra, ni proyectos ciudadanos, pero que es encabezada por uno de quienes desde la esfera gubernamental, aspiran a convertirse en candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Los bancos de México han sido obligados a transferir el recurso captado al Fideicomiso de Meade que “manejará” el CCE, lo mismo piden que quienes han recabado dinero lo destinen a ese Fideicomiso del que solo informaron en escueto boletín: “…ha sido constituido en Nacional Financiera y tiene como propósito canalizar en un mismo esfuerzo todos los donativos y aportaciones que realicen personas, organismos, organizaciones y empresas desde el interior o exterior de la República Mexicana, para apoyar las acciones de reconstrucción en los Estados que se vieron afectados”. O sea el Secretario de Hacienda quiere todo el dinero privado en una cuenta oficial para manejarlo al estilo de este Gobierno de la República, que se ha distinguido por ser opaco, con hartos conflictos de intereses y más señalamientos de corrupción.

Ya de suyo la voraz Secretaría de Hacienda maneja los recursos federales producto de las aportaciones de los ciudadanos y los productos y servicios de los gobiernos, y ahora quiere manejar las aportaciones caritativas para las víctimas del terremoto. En el boletín informativo proporcionan además las dos cuentas de Nacional Financiera del “Fideicomiso Fuerza México”, para que ahí se concentre todo el recurso económico privado, y hacen un llamado al Senado de la República, que anunció la creación de un fondo por 50 millones de pesos para la reconstrucción, para que este sea incorporado al Fideicomiso de Meade.

A estas alturas de este gobierno con tantos señalamientos de corrupción, los mexicanos no creen en el transparente manejo de recurso alguno por parte del Gobierno Federal, vaya de ningún gobierno. Ahí está lo acontecido en Morelos, y hartamente señalado en medios electrónicos, de cómo el Gobernador Graco Ramírez y su esposa Elena Cepeda, concentraron toneladas de ayuda de distintos estados de la República en las bodegas del DIF de Morelos, y no las entregaron rápidamente a las familias que las necesitaban de manera urgente. El desvío de víveres hacia oficinas estatales se hizo, de acuerdo a las denuncias en medios, para que esto fueron reetiquetados por parte del gobierno y ser entregados con esa consigna.

De lo que menos han tachado a Graco Ramírez y a su esposa es de abusivos y aprovechados de la tragedia para lucrar con la necesidad y el dolor de las familias afectadas en Morelos por el temblor.

Hace un día en un acto público ni siquiera le dejaron concluir un discurso al grito ciudadano de “Cállate”, “Fuera”, “Ratero”, según se consigna en una nota informativa de este portal Sinembargo.mx
En la Ciudad de México, los víveres fueron fluyendo de manos ciudadanas a manos ciudadanas que los entregaron en las zonas afectadas a cambio de nada. El Gobierno no entró a los centros de acopio ciudadanos ni a la distribución de los productos originados en la solidaridad mexicana. En cuanto el gobierno entra, quiere concentrar, aprovecharse, sacar provecho de la desgracia ajena.

Aun hoy en día hay historias de cómo los millonarios recursos donados o destinados por parte de gobiernos en tragedias naturales anteriores, no fueron utilizados para beneficio de los damnificados, sino para provecho de empresas fantasma contratadas por gobiernos para la construcción de casas, o como toneladas de ayuda fueron canalizadas por partidos políticos o gobiernos abusivos.
Cuando el gobierno entra, llega la transa.

Es el mismo caso del Partido Revolucionario Institucional que propone ya, le sean retirados el cien por ciento de los recursos públicos de lo que resta del año, y que estos sean regresados a la Hacienda Pública, o al Fondo Nacional de Desastres, para que el gobierno lucre con la reconstrucción tras el temblor.

Especialmente el PRI y el PAN, partido este último que también ha sugerido le sean eliminadas las prestaciones públicas al 100 por ciento en el 2018 (junto al PRD y el MC), son partidos que están acostumbrados a pasar charola, al quedarse sin financiamiento público en su totalidad, el financiamiento ilícito, ya de suyo existente, cobrará mayor vigencia, y será una realidad a partir de la extorsión política y el chantaje, de que quien o quienes no aporten a la causa electoral, no serán beneficiados con las acciones gubernamentales.

Quitarles el 100 por ciento del financiamiento público a los partidos políticos para regresarlo al Gobierno Central y éste lo “administre” en beneficio de los damnificados, es lo que mismo a que se quede en las arcas partidistas y sea gastado abusiva y onerosamente. Ni partidos ni gobiernos tienen calidad moral, ética, ni compromiso para hacer un buen uso, transparente y efectivo, de los recursos aportados por las donaciones de muchos mexicanos que actuaron de buena fe y en solidaridad. Pasaría lo mismo que en Morelos con los víveres.

Desde la intelectualidad mexicana, desde el activismo social y la participación ciudadana, han surgido voces que proponen que estos recursos productos de donaciones nacionales y extranjeras, sean administrados por un comité ciudadano, no de los empresarios comparsas del CCE, sino organizaciones ciudadanas probadas, y mexicanos comprometidos con la transparencia para que cada peso sea invertido de manera efectiva y exitosa en la reconstrucción de los estados dañados por el temblor, sin amiguismos, sin favoritismos, sin conflicto de intereses, con convocatorias públicas, transparentes y metas por igual.

México ha demostrado no necesitar de sus gobiernos para salir adelante, basta tener a los mexicanos, seres humanos de bien por naturaleza, alejados de la política y de los contaminados partidos todos, al fin y al cabo con raigambre priista. Eso es lo que hemos visto estos últimos días y, por lo tanto, habría que esperar lo mismo a futuro de parte de los ciudadanos que deben manejar los dineros privados. En pocas palabras, si el gobierno no ayudó que ahora no nos quite. Ya estuvo bueno de tanta voracidad.

Adela Navarro Bello

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