La tragedia que enfrentamos por los sismos de septiembre han sacado a la luz, nuevamente, el abismo que existe entre los partidos políticos y la sociedad. Con todos los recursos que reciben del financiamiento público no tienen la más mínima capacidad para ayudar a responder a la catástrofe, a armar sistemas de información en tiempo real para que la ayuda y la fuerza ciudadana se pueda dirigir de manera eficiente a donde más se requiere. El gobierno menos tiene esa capacidad y ni llega a entrar en su entendimiento el potencial que tendría fortalecer las redes interciudadanas de apoyo con la colaboración de las instituciones. Confunden todo, luchan por el protagonismo en medio de la tragedia. Hay excepciones valiosas, municipios donde las autoridades están actuando como verdaderos servidores públicos. En el otro extremo la estupidez de direcciones estatales y municipales del DIF que buscan acaparar la ayuda para ponerle su marca.
¿Acaso los partido políticos no han tenido los recursos suficientes para armar estas redes de comunicación e información en tiempo real para cubrir las necesidades específicas en cada población, en cada edificio?. Los recursos económicos si los tienen, sin embargo, no tienen las redes ciudadanas, son estructuras de lucha por el poder, por un poder que no representa a los ciudadanos, no son estructuras trabajando con la gente. Por suerte, ciudadanos lo han comenzado a hacer con #verificado19s.
En medio de esta tragedia, los partidos políticos tratan de responder desde arriba, desde el otro lado del abismo. En su total desconexión con los ciudadanos quieren presentarse como grandes solidarios, cuando por años han sido lo contrario. De especial preocupación son las propuestas que están presentando como si éstas fueran solidarias con la sociedad y, en realidad, van en sentido contrario a los procesos democráticos.
El Frente Amplio, formado por PAN, PRD y MC ha propuesto que se destinen el 100% de los recursos dirigidos a los partidos políticos para las elecciones de 2018 a la reconstrucción. La propuesta que pareciera ser de sentido común frente a la tragedia, representa un grave riesgo contra un proceso democrático que ha llevado decenas de años. Buscan únicamente, de manera obsesiva, mantener el control de un país que se cae a pedazos. La propuesta del Frente Amplio representa un serio riesgo para el futuro político de México y con ello, para la reconstrucción misma que nos llevará años.
El Frente Amplio señaló que el financiamiento de las campañas no debe distraer recursos públicos que deben destinarse a la reconstrucción y que el financiamiento de los partidos políticos debe ser privado, llegar de los militantes y simpatizantes. Con esta propuesta se tira abajo un largo proceso de lucha democrática para evitar que los intereses privados, los recursos monetarios de grandes poderes económicos entren a financiar a los partidos políticos y con ello se establezcan vínculos de complicidad y pago de favores.
Desde la experiencia personal en la lucha por la protección de los recursos naturales y de la salud pública he sido testigo, en innumerables ocasiones, de cómo la mayoría de los llamados representantes populares, legisladores, y los llamados funcionarios públicos, sirven más a los intereses económicos que a los públicos. De cómo los poderes económicos han penetrado a los partidos políticos, a las dependencias y al Congreso. El financiamiento privado agudizaría aún más esta situación, disparando aún más, también, la corrupción.
Esta argumentación no pretende proponer que los recursos públicos se mantengan para los partidos políticos. ¿Por qué no parte el Frente Amplio por demandar que los topes de gasto en las campañas se reduzcan en un 80%, que sólo se les otorgue el 20% de lo proyectado? ¿Por qué no responder a la demanda ciudadana de no más gastos multimillonarios en las campañas electorales? Hablan de reducir el gasto en campañas, pero no exponen una cifra, como si lo hacen con el presupuesto público. Sus campañas han sido multimillonarias, muy por encima de los gastos de campaña de los partidos políticos en países con una mayor población y con mayores recursos.
Las reformas electorales y, en especial la de 1993, establecieron claramente un marco normativo para que el financiamiento privado estuviera claramente limitado con el fin de mantener la independencia y autonomía de los partidos políticos frente a grupos de poder legal e ilegal. Se estableció que los partidos no podían recibir más del 10% de sus recursos de origen privado en relación a las aportaciones públicas. Sabemos que en nuestro país las leyes quedan muchas veces en el papel, pero podemos suponer lo que ocurriría si no tuviéramos este marco normativo. Y hay que reconocer, a pesar de que la autoridad electoral no ha estado a la altura, que esta normatividad es la única herramienta que tenemos para luchar por procesos electorales más equitativos y justos.
Sin duda, la crisis política que vivimos se profundiza con los sismos y los partidos políticos serán parte de los damnificados que muy pocos querrán rescatar. Los partidos políticos siguen sin entender que no entienden y el Frente Amplio nos presenta una propuesta que aparece más como una estrategia para abrirse el camino al poder, aunque se sacrifiquen los avances democráticos logrados, aunque estos avances estén solamente en la normatividad. Hay que recordar que el financiamiento privado ha sido una propuesta de un grupo de legisladores del PAN. Y, justamente varios legisladores del PAN, no todos, se han destacado por defender fuertemente los intereses de las grandes corporaciones, aunque estos atenten contra el interés público.
Tenemos ya casi 12 años en que el PAN ha tenido la presidencia de las comisiones de Salud en las cámaras de diputados y senadores y no han impulsado ninguna política para combatir la epidemia de obesidad y diabetes, decretadas emergencias epidemiológicas el año pasado. En el país con uno de los mayores índices de obesidad y diabetes en el mundo no hemos visto, en 12 años, ni tan siquiera un evento importante sobre el tema con expertos nacionales e internacionales organizados por estas comisiones. Quienes han precedido estas comisiones repiten los dogmas de las refresqueras y la gran industria de la chatarra. Estos hechos bloquean las políticas que se requieren urgentemente tanto en salud como en medio ambiente, en derechos de género, en derechos laborales, en derechos humanos. Este es el precio de que legisladores y funcionarios sirvan a intereses privados y esto empieza con los financiamientos a campañas. Te apoyo yo para que me apoyes tú. Son las historias de Odebrecht, de OHL, de FEMSA Coca Cola, de British Tobacco y de la industria del alcohol, entre muchas otras.
La propuesta es que se recorte en 80% o más los recursos públicos a los partidos políticos para las siguientes elecciones y se deje solamente la posibilidad de que reciban un 10% de lo otorgado para donativos privados y que exista transparencia en sus ingresos y gastos. No queremos campañas multimillonarias, ni con recursos públicos ni privados.
Se trata de garantizar, por todos los medios posibles, nunca serán suficientes, que se gobierne para el interés público.
PD. Dirán que la ley ya prohíbe las aportaciones de empresas a los partidos políticos, que se tiene que transparentar el origen de los recursos. Sin embargo, las empresas que buscan influir en la política, que buscan secuestrarla para anularla, para hacerla a su servicio, tienen fundaciones y varios mecanismos para burlar esa normatividad. Esto es sumamente preocupante en la propuesta del Frente Amplio.
