El pasado 9 de agosto, el Juez Primero de Distrito en Baja California Sur otorgó el amparo de la justicia federal en favor del activista, y hoy se celebró una audiencia que duró más de 4 horas, en la que se le otorgó la libertad bajo caución.
El activista defendía comunidades ubicadas en la delegación municipal de Todos Santos, en Baja California Sur, donde Mira –compañía ligada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– construye “Tres Santos”, una villa de lujo de 435 hectáreas, que, acusan, está dañando un sistema de humedales y manglares cercano.
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Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El abogado y defensor de los derechos humanos John Joseph Moreno Rutowski abandonó este día el Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Paz en Baja California Sur, luego de permanecer 95 días tras las rejas, sin pruebas de que haya cometido ilícito alguno.
«Hoy, la Juez Primero Penal de La Paz, BCS, resuelve otorgar la libertad provisional bajo caución a John Moreno. Seguirá enfrentando la acusación del supuesto delito de despojo pero sin restricción de su libertad personal», confirmó a SinEmbargo Arturo Rubio Ruiz, defensor legal de Moreno.
«Ya es un hecho [la liberación]. John duerme en casa hoy por la noche», escribió Helena Rutowski, madre de John a este medio.
El activista defendía comunidades ubicadas en la delegación municipal de Todos Santos, en Baja California Sur, donde Mira –compañía ligada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– construye “Tres Santos”, una villa de lujo de 435 hectáreas, que, acusan, está dañando un sistema de humedales y manglares cercano.
Este día, tras la conclusión de la audiencia en la que se le otorgó la libertad a John Moreno, se celebra otra más para determinar la situación de Joella Faith, quien fue detenida junto a Moreno el pasado 19 de mayo.
En Baja California Sur, el estado gobernado por Carlos Mendoza Davis, la denominada Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Lobos se opuso al desarrollo del proyecto inmobiliario al considerar que además afecta el suministro de agua de la zona, pretende despojar a los pescadores de sus tierras y representa daños considerables al ecosistema.
El pasado 19 de mayo, John Moreno, quien se encuentra bajo el mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue detenido y acusado del delito de despojo junto con su cliente Joella Faith Corado, ciudadana mexicana-estadounidense, que según su abogado, no tiene que ver con el caso Tres Santos, pero que fue «un daño colateral».
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El pasado 9 de agosto, el Juez Primero de Distrito en Baja California Sur otorgó el amparo de la justicia federal en favor del activista, y hoy, pasadas las 10 de la mañana, hora local de BCS, se celebró una audiencia que duró más de 4 horas, en la que se le otorgó la libertad.
«En cumplimiento a la resolución de amparo otorgado a John por la Justicia federal, se llevó a cabo la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se revocó la misma para dictar en su lugar una libertad caucional», agregó el abogado Rubio.
Con ese amparo, la defensa de John solicitó que se quedara sin efecto el auto de formal prisión y que en su lugar se dictara un auto de libertad para ambos, ya que el delito de despojo –del que se les acusa– no requiere prisión preventiva, como señala el artículo 19 constitucional.
Además, otro de los principales argumentos fue que el ministerio público utilizó evidencias falsas y que la Jueza Penal Rosalía J. Domínguez no valoró.
Organizaciones civiles, el propio abogado Rubio, además de la familia de Moreno acusaron que la detención se trataba de una violación a los derechos humanos por parte de la Jueza Primero Penal Rosalía J. Domínguez.
Hace algunos días, en entrevista para este diario digital, Helena Rutowski, madre de John, aseguró que “los tres niveles de Gobierno: federal, estatal y municipal han estado colaborando en una forma muy ilegal con el desarrollador desde un inicio” y afirmó que su hijo “le estorba” a las autoridades para que puedan continuar con el lucro de los recursos naturales en el estado.
