En entrevista para SinEmbargo, el ingeniero Víctor Alvarado, coordinador de Transporte Público de El Poder del Consumidor (EPC), una de las organizaciones que conforman la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, expuso que las autoridades federales, estatales y municipales son las responsables de establecer políticas públicas que garanticen movilidad segura en el país y que en caso de que ocurran accidentes no haya personas fallecidas o lesionados de gravedad. Sin embargo, añadió, las cifras de mexicanos muertos en estos siniestros demuestran que los funcionarios públicos no cumplen con su trabajo.
Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil, de la mano de la academia y la iniciativa privada anunciaron la conformación de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANSV) a fin de salvar vidas en México en hechos de tránsito, ya que, alertaron, cada año mueren alrededor de 21 mil 500 mexicanos en este tipo de siniestros, sin que las autoridades trabajen para evitarlo.
De acuerdo con el último “Informe sobre la situación de la seguridad vial”, en el país, las lesiones causadas por el tránsito se encuentran entre las diez principales causas de muerte. Por ejemplo, en el 2014, se registraron 15 mil 886 decesos. Un año antes, en 2013, Roy Rojas, asesor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), declaró que hasta entonces el país ocupaba el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito.
En entrevista para SinEmbargo, el ingeniero Víctor Alvarado, coordinador de transporte público de El Poder del Consumidor (EPC), una de las organizaciones que conforman la alianza, expuso que las autoridades federales, estatales y municipales son las responsables de establecer políticas públicas que garanticen movilidad segura en el país y que en caso de que ocurran accidentes no haya personas fallecidas o lesionados de gravedad. Sin embargo, acusó, éstas no cumplen con su trabajo.
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Dicha alianza está compuesta por 72 organizaciones, empresas privadas y colectivos de la sociedad civil entre los que destacan algunas licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Anáhuac, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), además de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), la Red Nacional de Ciclismo Urbano (BICIRED), BiciVerde, Bicitekas, el Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes), Céntrico, Chema Link, El Poder del Consumidor, Fundación Tláloc, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), México Previene, Movilidad y Desarrollo México (MDM), MX Infrastructure, Reacciona por la Vida, Red Urbana, Transita Seguro México, Víctimas de la Violencia Vial y WRI México.
La ANSV busca, además, que las autoridades aceleren los esfuerzos a nivel nacional para promover y desarrollar una agenda amplia en el tema de seguridad vial. Alvarado recordó que desde 2011, México se comprometió –en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial– a reducir los hechos de tránsito; sin embargo, recriminó, «ha habido un olvido. El compromiso no ha sido completo, han faltado estrategias».
Desde 201, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) anunció el periodo 2011-2020 «Decenio de Acción para la Seguridad Vial», con la finalidad «de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial».
Para lograr la meta en la República Mexicana, el 6 de julio de 2011 fue publicada la «Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020» en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para reducir hasta en un 50 por ciento los siniestros viales, no obstante, Alvarado denunció –a nombre de la ANSV– que jamás se «ha puesto en marcha». Es decir, ni Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional (PAN) ni Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han puesto atención en el tema.
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Dicha estrategia promovida por la Secretaría de Salud (SSa) y la de Comunicaciones y Transportes (SCT), se sostiene en 5 pilares de acciones que son:
1. Coadyuvar en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la seguridad vial.
2. Participar en la revisión de la modernización de la infraestructura vial y de transporte más segura.
3. Fomentar el uso de vehículos más seguros.
4. Mejorar el comportamiento de los usuarios de las vialidades incidiendo en los factores de riesgo que propician la ocurrencia de accidentes de tránsito.
5. Fortalecer la atención del trauma y de los padecimientos agudos mediante la mejora de los servicios de atención médica pre-hospitalaria y hospitalaria.
«Queremos poner el tema en la agenda pública en los tres niveles de Gobierno: federal, estatal y municipal porque México dejó en el olvido el compromiso de reducir los hechos de tránsito hasta en un 50 por ciento desde hace 6 años, pero esto no ha pasado, apenas llegamos 23 por ciento».
Finalmente señaló que para lograr cumplir con dicho objetivo, la alianza pretende insistir en la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial que permita homologar reglamentaciones y normativas. A continuación compartimos la propuesta de la ANSV:
Gestión
I. Máxima prioridad nacional; corresponderá a la Secretaría de Gobernación dar cabal apoyo y seguimiento a la política de seguridad vial nacional, así como a los avances que en esta materia resulten.
II. La creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial, con un marco legal y un presupuesto suficiente para su adecuado funcionamiento, así como la creación de Agencias Estatales de Seguridad Vial, con un marco legal y un presupuesto suficiente para su adecuado funcionamiento y articulación con el ámbito federal.
III. Representantes (diputados y senadores) en seguridad vial; en las cámaras de representantes el tema debe ser abordado con la suficiente importancia, para la continua regulación y el impulso de medidas legales necesarias para la prevención de muertes por tránsito.
IV. Modelo de formación y homologación de técnicos especialistas; emanados de universidades e institutos educativos técnicos, es necesaria la formación de especialistas cuyo perfil ayude a gestionar la movilidad inteligente, sustentable y segura.
V. Policías de tránsito con formación homologada y adecuadas garantías laborales; los policías de tránsito deben contar con una formación adecuada y homologada a nivel nacional que permita realizar su labor con diligencia y autoridad con un enfoque preventivo y como figuras protagónicas en la seguridad vial.
VI. Homologar los sistemas de información en materia de Seguridad Vial; a nivel nacional, estatal y municipal, para que permitan la recolección de datos y la generación de información estandarizada, para diseñar intervenciones y evaluar el impacto de las políticas de seguridad vial.
Regulación
VII. Manual de Calles Completas; Las ciudades del país deben publicar un Manual de Calles Completas, basados en la normativa nacional e internacional.
VIII. Homologar reglamentos de tránsito a nivel nacional, estatal y municipal, incluyendo las definiciones, los derechos y responsabilidades de los usuarios de la vía, procedimientos, sanciones y otros temas relacionados.
IX. Faltas graves deben ser delitos contra la seguridad vial; bajo el término de “delitos contra la seguridad vial”, las faltas más graves en el tránsito deberán juzgarse como delitos generando penas y antecedentes penales a los infractores.
X. Disminución de velocidad en las vías; de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, se solicita a las ciudades establecer estrategias para la reducción de velocidades, así como su gestión a través de herramientas normativas, infraestructura segura, capacitación y tecnología.
Infraestructura
XI.Asignación de presupuesto a los proyectos para la seguridad vial; por ley, todo proyecto nuevo deberá contar con un apartado dentro del presupuesto para garantizar la seguridad del mismo, incluyendo la auditoría de seguridad vial y el equipamiento técnico y tecnológico para la reducción de riesgos.
Vehículos
XII. Registro Público Vehicular: que funcione a nivel nacional (estandarizado y actualizado).
XIII. Seguro obligatorio para vehículos automotores: Que sea obligatorio a nivel nacional y que una parte de sus costos sea para crear un fondo para financiar distintos aspectos preventivos de la seguridad vial.
XIV. Vehículos más seguros: Exigir la aplicación de los más altos estándares internacionales en cuanto a equipamiento en seguridad de los vehículos nuevos que se comercializan en el país, y la Inspección Técnica Vehicular para garantizar las condiciones físico-mecánicas de todos los vehículos motorizados en circulación, con especial atención a los del transporte de mercancías y de pasajeros.
Usuarios
XV. Estrategia de comunicación social permanente; las campañas oficiales para la reducción de riesgos en el tránsito deben ser continuas y enfocadas, con objetivos claros para disminuir las muertes en los factores más urgentes.
XVI. Sistema de formación de conductores y licencias de conducir: Homologar la formación de conductores a través de la estandarización y control de las escuelas de manejo, así como los tipos de licencias de conducir y los requisitos para obtenerlas y renovarlas, –que incluyan la aplicación de exámenes médicos, de conocimientos teóricos y de habilidades prácticas—para la certificación de aptitudes a todos los conductores (de cualquier vehículo automotor).
XVII. Registro Nacional de Infractores de tránsito: que permita la identificación y sanción de conductas reincidentes, para evitar que aquellos conductores con actitudes y conductas infractoras repetidas puedan circular y usar a los vehículos como una herramienta perjudicial para todos los usuarios de la vía.
XVIII. Certificación de empresas en seguridad vial. Es importante fomentar que las empresas, sobre todo, las que tienen flotillas para el transporte de mercancías o de pasajeros, puedan identificar sus riesgos de seguridad vial proactivamente, y llevar a cabo programas de prevención de siniestros viales en el entorno laboral.
Atención posterior a los accidentes
XIX. Certificación de ambulancias y de servicios de atención pre hospitalaria. Las entidades de atención pre hospitalaria deberán estar homologadas y supervisadas. Asimismo, las unidades deberán cumplir con la NOM 020.
XX. Profesionalización de Ministerios Públicos. Los Ministerios Públicos deben de ofrecer un trato digno, justo, pronto y respetuoso hacia las víctimas de los siniestros viales. Las malas prácticas deben poder ser denunciadas y sancionadas por una contraloría nacional.
Para lograr que la Agencia sea una realidad, Alvarado extendió una invitación a todos los colectivos, especialistas y compañías interesadas a sumarse al proyecto. Y exigió a las secretarías mencionadas a tomar cartas en el asunto para disminuir el número de muertes por tránsito en el país.
«Cumplan con el compromiso. No pongan más trabas para la creación de una Ley Nacional de Seguridad Vial, con su implementación se salvarían vidas. Una vida no tiene precio. Todo puede ser prevenible y lo que nosotros queremos hacer es salvar vidas», exigió.
