Greenpeace alertó que los plaguicidas están relacionadas con efectos neurotóxicos, afecciones hormonales que alteran el sistema endocrino en general e incluso con la incidencia de cáncer.
Además, denunció, las consecuencias de los plaguicidas incurren en la violación a los derechos a la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la información y participación ciudadana.
Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– Greenpeace México presentó una denuncia ante la Comisión Federal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) por la presencia de plaguicidas altamente peligrosos en México, mismos que provocan efectos nocivos en la salud de la población, el medio ambiente, el agua y los alimentos.
Luego de que el pasado 12 de julio la asociación civil se manifestara afuera de las oficinas de la Cofepris, en la Ciudad de México, y se reuniera con representantes del equipo de normatividad y del apartado Jurídico Consultivo de la dependencia, cita en la que funcionarios solicitaron evidencia de los impactos en el medio ambiente y los riesgos a la salud, Greenpeace presentó la denuncia sanitaria.
El denunciado, explicó Sandra Laso, vocera de la campaña «Comida Sana Tierra Sana» en esta organización con presencia internacional, en entrevista para SinEmbargo, es la misma instancia ante la que se presentó la querella: es decir, la Cofepris.
La Organización de la Sociedad Civil (OSC) acusa a Cofepris de otorgar la autorización para el uso de plaguicidas que en algunos casos no están permitidos en otros países y el Endrín, que incluso se encuentra prohibido en México.
Laso citó el caso del glifosato –un plaguicida considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como cancerígeno–, que está prohibido en países como Francia, Holanda, El Salvador, Dinamarca y Bélgica, pero es permitido en este país.
«México no debería quedarse atrás [para excluirlo]», consideró.
También recordó que «La Huella de los plaguicidas», un estudio realizado en 2015 por Greenpeace, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y la Unidad de Análisis Ambiental de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló que mares, ríos y lagunas de Sinaloa y la Península de Yucatán están contaminados –en distintos grados– al menos por siete plaguicidas altamente peligrosos que son Endosulfán, Mevinfos, Metil paratión, Diazinon, Clorpirifos, Metoxicloro y Lindano.
Por si fuera poco, en el tema de la salud alertó que dichas sustancias tóxicas están relacionadas con efectos neurotóxicos, afecciones hormonales que alteran el sistema endocrino en general e incluso con la incidencia de cáncer, como es el caso del glifosato.
A pesar de que la evidencia fue expuesta públicamente desde el año pasado, hasta el momento, recriminó la activista, la Cofepris ha hecho caso omiso. Por ello, hizo un llamado a la dependencia a implementar 4 medidas urgentes que consisten en:
1. Emitir normas sobre los plaguicidas altamente peligrosos, que incluyan el uso restringido e incluso la eliminación de este tipo de sustancias en el país.
2. Generar políticas nacionales para la gestión y manejo de los plaguicidas altamente peligrosos.
3. Prohibir la exportación, importación y/o venta a nivel nacional este tipo de sustancias.
4. Contar con la normatividad que establezca límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos, ya que actualmente se desconoce si los alimentos que se consumen en la República Mexicana tienen presencia de plaguicidas.
«Pedimos a Cofepris acentuar la urgencia de tomar medidas claras al respecto porque mientras pasa el tiempo se siguen aplicando estas sustancias que afectan al campo, a la gente y al medio ambiente», comentó Laso.
A través de un comunicado, la organización señaló a Rocío Alatorre, comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos de la Cofepris, como la responsable de autorizar el uso de estas sustancias, quien «no ha mostrado voluntad política para atender el problema de la mala gestión de plaguicidas que existe en México». Ante este panorama, exigieron que la denuncia sanitaria «sea atendida sin demora dados los impactos que este tipo de sustancias pueden tener en el medio ambiente y en las personas».
«México ni siquiera cuenta con una definición legal de los plaguicidas altamente peligrosos ni con políticas que los regulen. El catálogo oficial no ha eliminado sustancias altamente peligrosas en más de 10 años y eso es sumamente grave porque cada año sale investigación científica a nivel internacional, hay información sobre el glifosato y otros plaguicidas y no es incluida en las políticas nacionales», dijo Laso al respecto.
Este medio de comunicación solicitó una entrevista con autoridades de Cofepris, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
ADEMÁS
PLAGUICIDAS VIOLAN DERECHOS
Greenpeace denunció que las consecuencias de los plaguicidas incurren, además, en la violación a los derechos a la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la información y participación ciudadana.
Por ello, el mes pasado activistas presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que señalaron la inexistencia de una normatividad nacional en materia de Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas en alimentos.
Como medidas cautelares Greenpeace pidió a la CNDH que exija a Cofepris «la revisión de los plaguicidas con registro vigente y empleados en el país a fin de identificar aquellos que sean altamente peligrosos».
«En su momento la CNDH debe emitir Recomendación a las autoridades denunciadas para que lleven a cabo los actos tendientes a garantizar los derechos de los ciudadanos mexicanos relativos a la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la información y participación ciudadana», urgió.
