La Asamblea Legislativa capitalina (ALDF) aprobó hoy, por unanimidad, la prohibición de espectáculos con delfines, incluidas las llamadas “delfinoterapias”. La conservación de mamíferos marinos, expuso Víctor Hirales, presidente de Derecho Sin Fronteras, está “vulnerada” por la industria de delfinarios en el país y por la falta de normatividad, lo cual pone en peligro su lugar en los ecosistemas. El activista alertó que el sistema jurídico vigente “obstaculiza e impide” la efectiva protección de las especies marinas, en especial, la de los mamíferos marinos.
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Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– La Asamblea Legislativa capitalina (ALDF) aprobó hoy, por unanimidad, la prohibición de espectáculos con delfines, incluidas las llamadas «delfinoterapias». La propuesta de las comisiones de Medio Ambiente y Administración Pública local reforma la Ley de Protección a Animales y la Ley de Establecimientos Mercantiles para eliminar los llamados «delfinarios».
«El delfinario de Six Flags está entre los 10 primeros en peores condiciones en cuanto al espacio en que viven», expuso durante la asamblea el Diputado Xavier López Adame.
A partir de este 1 de agosto, los centros que poseen estos mamíferos marinos tienen seis meses para retirarlos de sus espectáculos, se indicó en la ALDF. Organizaciones de la sociedad civil y activistas celebraron el dictamen que protege a esta especie, y buscan promoverlo por todo el país.
RT SOSDelfines: RT FAADAorg: Esto NO es educación ¡No vayas a los delfinarios! ?? aqualandTFE #StopDelfinarios #… pic.twitter.com/zl1mlUlZBM
— Turmares Tarifa (@TurmaresTarifa) 28 de julio de 2017
Recientemente, la organización Derecho Sin Fronteras, con el respaldo de Sea Shepherd, OPS Oceanic Preservation Society, Marea Azul, Nuevo Ciclo, PETA y The Kimmela Center For Animal Advocacy, presentó una iniciativa al Código Penal de la Ciudad de México, a fin de tipificar como delito el uso de fauna marina con fines lucrativos.
En entrevista para SinEmbargo, Víctor Hirales, presidente y fundador de Derecho Sin Fronteras, explicó que la iniciativa propuso la adición del Artículo 350 al Código Penal para establecer de 1 a 9 años de prisión y el equivalente de 300 a 3 mil días multa a quien dañe, comercie, prive de la vida o del hábitat silvestre a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, lucre de cualquier forma con el cautiverio de estas especies, dome, explote use como instrumento para terapia o realice cualquier conducta en contra de la naturaleza silvestre de estas especies».
El activista recordó entonces que el primer delfinario que se abrió en Latinoamérica fue de la empresa Atlantis, hace aproximadamente 4 décadas, en la capital hoy gobernada por Miguel Ángel Mancera Espinosa. Recomendó que por aquí, la capital mexicana, debía empezar el esfuerzo para abolirlos en todo el país.
Esta decisión es ya la punta de lanza para poner fin a la explotación de los mamíferos marinos en toda la República Mexicana. Actualmente, la Ciudad de México cuenta con un delfinario de la empresa Dolphin Discovery, ubicado dentro del parque de diversiones Six Flags México, donde 8 delfines viven en cautiverio.
Hirales señaló que la importancia de la iniciativa aprobada por la Asamblea radica en la conservación y el bienestar de la fauna marina y su hábitat, ya que las actividades lucrativas suponen un riesgo para ambos temas.
«La industria de los delfinarios está poniendo en grave riesgo la conservación de estas especies y de las estructuras coralinas que se mantienen cerca de los corrales donde permanecen cautivos los delfines. Por ejemplo, se están matando a los arrecifes de coral en Isla Mujeres, Quintana Roo», dijo.
NORMATIVIDAD LAXA
La conservación de mamíferos marinos, indicó Hirales, actualmente está «vulnerada» por la industria de delfinarios en el país y por la falta de normatividad, lo cual pone en peligro su lugar en los ecosistemas. Asimismo, alertó que el sistema jurídico vigente «obstaculiza e impide» la efectiva protección de las especies marinas, en especial, la de los mamíferos marinos.
Como ejemplo de lo anterior, destacó que los términos normativos como la conservación, el objeto científico y el aprovechamiento son imprecisos, por lo que provocan ambigüedad en la procuración y administración de la justicia, que son aprovechadas por la industria para lucrar de manera legal con estas especies supuestamente protegidas por el Estado mexicano.
«Los delfinarios en México son un negocio, una industria que opera teniendo al cautiverio de delfines con fines comerciales como eje rector y basal, situando como oferta de mercado actividades de nado y contacto físico con estas especies. Son negocios cobijados bajo la inexistencia de normas jurídicas que los regulen y son actualmente favorecidos por la negligencia y complicidad de las autoridades ambientales mexicanas», denunció.
Las Normas Oficiales Mexicanas que estipulan los lineamientos operativos de dicha industria, aseguró, fueron conducidos por los propios intereses de los empresarios de delfinarios, y señaló como principal responsable a Convimar, que, sostuvo, participó en los trabajos de desarrollo de las normas e impuso las reglas sobre el tamaño de los estanques de confinamiento y las condiciones de trato y traslado de las especies.
En ese sentido, Hirales trajo a colación la NOM 135-SEMARNAT-2004, para la regulación de la captura para investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de mamíferos marinos en cautiverio, que fue publicada gracias a la presión social, a fin de instaurar lineamientos básicos de bienestar a las condiciones en que se realizan las actividades que los mamíferos marinos son obligados a ejecutar al interior de las instalaciones de confinamiento y transporte.
No obstante, lamentó, la norma actualmente regula el Programa Nado con Delfines (NCD) y obedece a la conveniencia de los empresarios de delfinarios, lo que se refleja en «las graves situaciones de vulnerabilidad» a las que son sometidos los delfines, por ejemplo, indicó, durante la actividad permiten la entrada de hasta 40 personas en una sesión.
Recordó que desde 2002, el Artículo 60 Bis de la Ley de Conservación de Vida Silvestre prohíbe la captura y aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos con fines comerciales o de subsistencia y desde 2005, el Artículo 55 Bis de la misma Ley prohíbe la importación y reexportación de mamíferos marinos que no sea estrictamente con fines científicos.
Pero expuso que la Dirección General de Vida Silvestre de Semarnat otorgó el 30 de mayo del año pasado un permiso «irregular» para la captura de 50 ejemplares de delfines en las Áreas Naturales Protegidas de la Laguna de Términos Campeche, Los Petenes y los Pantanos de Centla en Campeche y Tabasco, mismo que «no acredita el objeto científico ni de conservación en la práctica autorizada».
«Tenemos que cambiar los paradigmas en materia de conservación. La conservación es protección y defensa de las poblaciones silvestres y de sus hábitats. La conservación no es un negocio, la conservación es una responsabilidad tanto del Estado, como de los ciudadanos. Tenemos que empezar a educar a la población en cuestiones de diversidad biológica», urgió.
