María Colín*

Greenpeace elaboró recientemente un estudio titulado “Derechos humanos y plaguicidas” (1), en el cual se alerta sobre la urgencia de contar con un nuevo régimen legal en materia de plaguicidas en un marco de respeto a los derechos humanos y la impostergable transición hacia la agricultura ecológica.

Tras realizar una revisión del estatus legal de estas sustancias en el ámbito nacional e internacional, el reporte revela que en nuestro país hay una pésima gestión de estas sustancias.

Entre los principales problemas están la ausencia de una definición de Plaguicidas Altamente Peligrosos y de políticas que establezcan que por sus daños severos deben ser retirados del mercado; su uso desmedido; deficiencias en su etiquetado; malas prácticas empresariales; excesiva confidencialidad, falta de transparencia y de generación de cifras y estadísticas en torno a la materia; falta de monitoreo y vigilancia así como la  ausencia del desarrollo de alternativas al uso de plaguicidas, junto a un sistema perverso de subsidios que apoyan su uso continuo por  agricultores.

Además, existe una carencia de evaluaciones y comunicación acertada de riesgo en el uso de plaguicidas; ausencia de una norma que establezca límites máximos permisibles de residuos de plaguicidas en alimentos y de mecanismos efectivos de participación de los grupos de interés público, como las ONG, para impugnar el otorgamiento de registros de plaguicidas o solicitar su cancelación. En este sentido, se necesita un mecanismo expedito de prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos incluidos en convenios internacionales o prohibidos en otros países, lo que supone ir más allá del discurso del "manejo adecuado de plaguicidas”.

Los más vulnerables frente a estas peligrosas sustancias son los trabajadores del campo, las mujeres embarazadas y los infantes ante el contacto con estas sustancias altamente peligrosas; pero también los consumidores somos victimas de este sistema viciado que nos impide elegir alimentos libres de contaminantes, así como los polinizadores, en particular las abejas, que son clave para la polinización de cultivos para la alimentación y un indicador de la salud de los ecosistemas. Por estas razones urge contar con nuevo régimen legal en la materia y la prohibición inmediata de Plaguicidas Altamente Peligrosos.

Un nuevo marco legal debe tener como pilares los principios de precaución, “quien contamina paga” y el de sustitución, los cuales deberán ser exigibles ya que las deficiencias en la legislación nacional vigente, en el manejo de estas sustancias altamente peligrosas, atentan contra derechos humanos tales como la salud, el medio ambiente sano, la alimentación y el agua, así como derechos laborales de trabajadores del campo, mujeres embarazadas o en lactancia y niños jornaleros.

Es necesario un cambio de política para que se apoye con fondos federales y estatales alternativas agroecológicas para el control de plagas y enfermedades como recomiendan los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas y las reuniones internacionales de gestión de sustancias químicas, considerando en primer lugar las experiencias de las organizaciones campesinas e indígenas, esa es la alternativa.

En Greenpeace México trabajamos para lograr una agricultura ecológica que provea comida sana y mantenga la tierra libre de tóxicos. La política agroalimentaria en nuestro país se basa en un modelo insostenible dependiente del uso excesivo de transgénicos y plaguicidas, por lo que es urgente transitar a un nuevo esquema de producción de nuestros alimentos. Sólo así podremos hacer valer los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) que establecen que todas las personas merecemos condiciones de vida dignas lo que da legitimidad a los esfuerzos que emprendemos con tal de no vivir en la miseria, en situaciones insalubres o de contaminación.

Ante esta lamentable realidad, Greenpeace presentó un amparo ante instancias jurisdiccionales pidiendo a autoridades del Poder Ejecutivo federal, entre ellas la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lo siguiente:

• Contar con una definición de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en las leyes mexicanas;
• Generación de políticas nacionales para la gestión y manejo de los PAP;
• Cancelación y/o revocación progresiva de permisos y autorizaciones otorgados para venta, importación y exportación de PAP; y
• Contar con una normatividad que establezca límites máximos permisibles de residuos (LMR) de plaguicidas en nuestros alimentos, particularmente de PAP para poder garantizar el consumo de alimentos no contaminados.

Para mayor información y apoyar la petición de Greenpeace México hacia grupo Bimbo para que en su cadena de abastecimiento de insumos transite de aquellos obtenidos bajo un modelo de agricultura industrial –con un alto uso de plaguicidas- a un modelo ecológico ingresa a http://act.gp/2tRSmxT

FB: Greenpeace México

TW: @greenpeacemx

Notas al lector

1.- Documento Derechos humanos y plaguicidas completo para su consulta en: http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2017/comida-sana/derechos-humanos-y-plaguicidas.pdf

*María Colín es asesora legal de Greenpeace México

Greenpeace

https://dev.sinembargo.mx/author/greenpeace/

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