Washington—Si uno dice Sinaloa lo primero que se viene en mente es violencia. Según la DEA, el Cártel de Sinaloa sigue siendo, aún sin Joaquín «El Chapo» Guzmán, la organización criminal más poderosa del mundo. De ahí que agobiado por el merecido estigma de violencia que pesa sobre su estado, el Gobernador priista Quirino Ordaz Coppel sigilosamente contrató una firma publicista especializada en estrategias de alto riesgo y manejo de crisis.

El 23 de mayo pasado, a una semana del brutal asesinato del colega Javier Valdez, el gobierno del estado mejor conocido como la madriguera del capo más famoso del mundo que por sus exportaciones agrícolas y maravillosas playas, firmó un contrato con Mercury Public Affairs, según consta en los archivos del Departamento de Justicia. A cambio de un pago base de 25 mil dólares mensuales, Mercury dará «asesoría estratégica» sobre «asuntos internacionales, abogacía, publicidad y cabildeo» al gobierno de Sinaloa.

El proselitismo ante el Congreso aparentemente buscará proteger las exportaciones sinaloenses en la renegociación del TLCAN. La legislación estadounidense permite ese tipo de actividad política por parte de representantes de intereses extranjeros siempre y cuando el proveedor del servicio, en este caso Mercury, informe al Departamento de Justicia.

Sin considerar los gastos y compensaciones extras que el contrato enuncia pero no especifica, en sus 10 meses de duración (vence en marzo de 2018), los contribuyentes sinaloenses pagarán mínimamente 250 mil dólares a Mercury Public Affairs. Supongo que para Ordaz Coppel un cuarto de millón de dólares no son nada en vista de la colosal tarea que implica maquillar un gobierno cuyo prestigio tocó fondo luego de la ejecución de Javier.

Lo cierto es que no transcurre semana sin que la violencia en Sinaloa sea tema en los medios internacionales. Esta semana reportaron sobre el «levantón» de ocho personas en Mar & Sea, «exclusivo» restaurante del que escapó uno de los Chapitos tras un intento de secuestro en su contra.

La semana anterior, los medios informaron sobre la detención en San Diego de Lucero Sánchez López, ex Diputada de Sinaloa famosa por su presunto vinculo sentimental con «El Chapo». La «Chapodiputada», como se le conoce, fue acusada de tráfico de cocaína.

La cultura de la muerte que fomenta la narcoviolencia en Sinaloa también es tema de la industria del entretenimiento. Este mes, Netflix lanzó la serie «El Chapo» que, a decir por los abogados del extraditado capo, lo pinta más violento y salvaje que lo que en realidad es.

La credibilidad no se gana con medidas artificiales. Mejor uso se darían a los 250 mil dólares si se invirtieran en el esclarecimiento del asesinato de Javier. Encontrar y juzgar a los autores materiales e intelectuales sería un golpe mediático magistral más efectivo que cualquier campaña de Mercury.

Sin embargo, Ismael Bojórquez, co-fundador sobreviviente de Riodoce, quien asumió la dirección de la publicación luego del asesinato de Valdez, dijo que 44 días después, «no sabemos absolutamente nada.»

Durante una conferencia, Bojórquez dijo: «Me hubiera gustado venir a Washington por otras razones, no porque nos están matando, pero nos tocó hacer periodismo en la cuna del narco, donde nacieron los más poderosos narcos». Denunció que la negativa de las autoridades a proporcionar el expediente del caso a Griselda Triana, la viuda de Javier. «Han tomado una actitud de enconcharse», señaló en referencia a cómo la fiscalía federal súbitamente cortó comunicación. «Queremos saber cual de las fiscalías, la estatal o federal, se va a quedar con el caso para saber a quien exigir justicia».

Bojórquez considera que la «línea del narco» es muy general. Mientras el Gobernador anterior Mario López Valdez (MALOVA) «hizo compromisos muy claros con el Cártel de Sinaloa», en el caso de Ordaz Coppel, «no tenemos elementos para decir que está aliado al narco».

El periodista sinaloense habló en la conferencia «Morir por una Historia: Cómo la Impunidad y la Violencia contra Periodistas Mexicanos Debilita al País», co-patrocinada por el Instituto México del Wilson Center y la Oficina para América Latina en Washington (WOLA). Otros ponentes fueron: Adela Navarro, directora del semanario Zeta de Tijuana, Norma Trujillo, reportera de La Jornada en Veracruz, Azam Ahmed, corresponsal de The New York Times en México y co-autor del reportaje sobre #GobiernoEspía, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 en México, y Jennifer Clement, Presidenta de PEN International.

«Las agresiones a los periodistas… provienen con mayor frecuencia del estado que del narcotráfico. Nadie espera que los narcotraficantes se comporten bien, son miembros de los cárteles, pero que tu propio gobierno sea más culpable de amenazar la libertad de expresión es bastante excepcional», declaró Ahmed durante el evento. Clement, por su parte, dijo tener la sensación de que el gobierno federal es «incapaz de controlar a los gobiernos estatales y que en muchos casos éstos están amenazados por o coludidos con los cárteles».

Bojórquez, Navarro, Trujillo y Ruelas también visitaron el Comité de Relaciones Exteriores en el Capitolio donde, ante un nutrido grupo de stafferes demócratas, explicaron la crisis de sobrevivencia en la que se debate el periodismo mexicano debido a la violencia y la impunidad. Denunciaron que la basta mayoría de ataques contra la prensa proviene de funcionarios públicos de los tres niveles.

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Pregunté a Bojóquez si creía que una firma de relaciones públicas puede mejorar la imagen de Sinaloa. «No, no puede. Cambiar la percepción de la gente es algo muy difícil. Se puede reducir el nivel de violencia, pero la percepción no la va a cambiar una campaña publicista».

Me pregunto qué puede hacer Mercury para justificar la factura al erario sinaloense. ¿Diseñar una campaña bajo la consigna «Sinaloa no solo produce narcos, también tomates»? Cualquiera sea el truco que invente Mercury, de antemano está condenada al fracaso. Habrá cambio sólo cuando se borre la discrepancia entre percepción y realidad. Este es el antídoto infalible.

Twitter: @DoliaEstevez

Dolia Estévez

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Dolia Estévez es periodista independiente en Washington, D.C. Inició su trayectoria profesional como corresponsal del diario El Financiero, donde fue corresponsal en la capital estadounidense durante 16 años. Fue comentarista del noticiero Radio Monitor, colaboradora de la revista Poder y Negocios, columnista del El Semanario y corresponsal de Noticias MVS. Actualmente publica un blog en Forbes.com (inglés), y colabora con Forbes México y Proyecto Puente. Es autora de El Embajador (Planeta, 2013). Está acreditada como corresponsal ante el Capitolio y el Centro de Prensa Extranjera en Washington.

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