Tres de los cuatro ex policías de la SSP de Veracruz implicados en la desaparición de tres jóvenes en 2014, acudieron a su audiencia bien blindados y con abogados privados. El caso ha estado plagado de irregularidades desde que se cometió la desaparición forzada y fueron solapadas por la PGJE de Amadeo Flores Espinosa y de Luis Ángel Bravo Contreras.
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Por Yerania Rolón
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Los ex policías acusados de la desaparición de José Eduardo de la Cruz Caballero, Gibrán Mártiz y otro menor de edad, cometida el 7 de enero de 2014, fueron trasladados del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, Veracruz, a la zona de juzgados para la audiencia de imputación a proceso.
Bajo una fuerte lluvia, descendieron de un vehículo blindado los ex elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Mauricio Ramírez Santiago, José Luis Pérez Vela e Iván Cortés Espíritu, para rápidamente ingresar a la sala 2 de Juicios Orales.
Efraín Mártiz, padre de Gibrán, observaba a los detenidos. Tras el asesinato de su hijo, el hombre, de origen panameño, decidió regresarse a su país natal, pero antes acudió a la audiencia que se realizó durante la tarde noche y madrugada del lunes.
Efraín permaneció cerca del Fiscal Especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, quien también acudió a la audiencia. Ambos evitaron dar declaraciones a los medios y mantenían un trato de respeto pero distante entre ellos.
Se informó que en esta ocasión, los ex policías acusados se presentaron con nuevos abogados para su defensa, a quienes apenas habían contratado dos días antes.
“De dónde sacan el dinero los ex policías para una defensa privada, alguien los estará ayudando”, se cuestiona para sus adentros el padre de Gibrán.
Ya dentro de la Sala de Juicios orales la juez de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, dio inicio a la audiencia con la presencia de los integrantes de la parte acusadora y la acusada, es decir los ex elementos de la SSP, durante el lapso en que estuvo a cargo de la dependencia Arturo Bermúdez.
La Fiscalía tenía un objetivo, relacionar a Ramírez Santiago, Pérez Vela y Cortés Espíritu con el delito de desaparición forzada y para ello tuvo que sacar a la luz una serie de complicidades realizadas por la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado.
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Las irregularidades no han cesado desde ese fatídico 7 de enero y fueron solapadas por la PGJE durante el lapso de Amadeo Flores Espinosa, así como le llegada de Luis Ángel Bravo Contreras a la desaparecida dependencia estatal.
Bravo Contreras fue favorecido por el Gobernador, Javier Duarte, de ahí que ocupó la PGJE y después la Fiscalía General del Estado (FGE), cuando pasó a ser un organismo supuestamente autónomo del Poder Ejecutivo.
Entre sus argumentos para vincular a proceso a los ex elementos, la FGE reveló que actualmente hay cuatro exfuncionarios de la FGE y de la PGJE que están siendo investigados por una actuación “fraudulenta”, aunque Coronel Gamboa no detalló los nombres.
Por su parte la defensa fue simple y ante la premura ni siquiera presentaron elementos de prueba. Los abogados argumentaron que el delito de desaparición forzada no estaba incluido en el Código Penal de Veracruz en el año que ocurrieron los hechos, por lo que se estaría aplicando la Ley de forma retroactiva a sus clientes.
Incluso explicaron que en 2015 sus clientes ya fueron juzgados casi con los mismos elementos de prueba que aportó la FGE por el delito de incumplimiento de un deber legal, lo que generó que perdieran su empleo al interior de la dependencia.
Al no ser un delito grave los ex policías obtuvieron su libertad, de ahí que los abogados argumentaron que nadie puede ser juzgado en dos ocasiones por los mismos hechos, lo que ocurriría si de nueva cuenta la juez permitiera un proceso legal por desaparición forzada.
Así, los abogados de los ex policías acusaron a la Fiscalía General del Estado, actualmente a cargo de Jorge Wínckler, de intentar convertir a los acusados en «chivos expiatorios», afirmando que en todo caso la desaparición forzada fue cometida por los superiores jerárquicos que participaron en la detención de José Eduardo de la Cruz Caballero, Gibrán Mártiz y el menor.
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Los ex elementos permanecieron sentados detrás de sus defensores, a quienes constantemente trataban de asesorar o puntualizarles cierta información. Todavía más atrás en la sala estaba Efraín Mártiz, junto a los escoltas de los reos.
Los argumentos de la defensa fueron desestimados por parte de la FGE, pues de acuerdo con el fiscal, Luis Eduardo Coronel Gamboa, existe jurisprudencia y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en casos como el de Gibrán Mártiz pueden reabrirse los expedientes para investigarse a fondo.
Esto ya que se trata de delitos de lesa humanidad, los cuales son permanentes o continuos, es decir que el delito se sigue cometiendo mientras dura la privación de la libertad y José Eduardo de la Cruz Caballero sigue en calidad de desaparecido hasta la fecha.
La juez de control, Alma Aleida Sosa Jiménez aceptó que se puede volver a juzgar a los ex policías sin violar el principio de irretroactividad.
Se recordó que Cortés Espíritu, Ramírez Santiago y Pérez Vela no rindieron un informe de la detención, ni informaron sobre el posible paradero de las víctimas, pese a que es sabido que fueron levantados y, al menos en el caso de Gibrán y el menor de identidad resguardada, fueron asesinados.
Por esto, Sosa Jiménez dictaminó la imputación del delito de desaparición forzada en contra de los ex integrantes de la SSP.
La defensa intentó replicar que los tres acusados no tenían por qué informar sobre las irregularidades en la detención de los jóvenes, pues los acompañaba el «Comandante Platino», Felipe de Jesús López, su superior jerárquico y responsable directo de los hechos del 7 de enero.
La juez reviró explicando que el orden jerárquico no exime al funcionario cuando se trata de un acto ilícito. Es por esto que a los acusados sí se les debe investigar por el delito de desaparición forzada.
Dentro de las otras pruebas presentadas, la FGE mostró entrevistas de los ex elementos de la SSP donde ellos mismos confirman su participación en la detención de los tres jóvenes.
Se reunieron declaraciones de testigos que observaron el momento de la detención el 7 de enero de 2014, informando en total son 7 los policías que participaron ese día y que a los otros 4cuatrotambién se les está buscando.
También se comprobó por medio de un dictamen de balística que uno de los policías acusados portaba el arma de uno de los desaparecidos y la entregó a la SSP, luego de que se abrió una investigación por el caso, aunque contradictoriamente nunca se generó un informe de la detención de los jóvenes.
Con dichas pruebas presentadas por la FGE, la juez de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, vinculó a proceso a los ex policías, que recibieron un año de prisión preventiva imputados por la desaparición forzada de José Eduardo de la Cruz Caballero, Gibrán Mártiz y el menor de edad.
Se añadieron tres meses para una investigación complementaria, no seis como pedía la Fiscalía, debido a que este caso ya se ha investigado previamente.
De acuerdo con la recomendación 14/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son 13 ex funcionarios en total los que incurrieron en incumplimiento de un deber legal.
Tras la detención, desaparición forzada y durante los años transcurridos, la PGJE y la FGE no hicieron nada por perseguir, investigar o llevar a juicio a los policías estatales involucrados en el homicidio del Gibrán Mártiz y los otros dos jóvenes.
Sin embargo, la Fiscalía advirtió que las irregularidades que se cometieron serán investigadas y se buscará una sanción contra los responsables.
De igual forma, se busca detener a los otros ex policías partícipes, Ángel Bravo Martínez, Manuel Ortiz Alarcón, Uriel Pérez Pérez y Felipe de Jesús López Domínguez.
Así, se confirmó que a la fecha ya existe una denuncia e investigación en contra de cuatro ex funcionarios de la FGE, entre los que podrían estar Bravo Contreras y Flores Espinosa, ex titulares del organismo autónomo y de la desaparecida PGJE.
Tras la audiencia, el padre del ex cantante de la Voz México, Efraín Mártiz reveló que en una investigación que él mismo realizó, logró documentar que los ex elementos ahora detenidos fueron solapados al punto de continuar laborando en el servicio público, ahora como taxistas.
Detalló que se otorgaron concesiones de taxis a los acusados de la desaparición de su hijo, pues José Luis Pérez Vela conducía un taxi que logró conseguir porque está a nombre de su suegro, mientras que Iván Cortés Espíritu lo tenía a nombre de su esposa y Mauricio Ramírez a nombre de hermana.
Debido a que para obtener estos permisos no debes tener antecedentes penales, estas personas utilizaron el nombre de algún familiar para hacerlo.
Cuando concluyó la audiencia todos los presentes se apresuraron a salir y los ex policías fueron trasladados de nueva cuenta al CERESO de Pacho Viejo.
Sin embargo, Efraín señaló que los ex elementos involucrados que se encuentran en libertad también obtuvieron concesiones de taxis, tal es el caso de Felipe de Jesús López Domínguez y Manuel Ortiz, lo que demuestra la protección que les dieron las autoridades.
Al informar sobre esto, Efraín dijo no temer: «No hay que tener miedo, si uno les teme se empoderan más. Uno no se puede esconder con este tipo de cosas».
