«Vinieron y dijeron que negociemos por la buena y si no, vamos a dar motivo a que seamos expropiados y al ser expropiados ellos van a pagar nuestros terrenos como ellos digan», afirma vecino de Acasico.
Mariana González
Temacapulín (México), 31 agosto (EFE).- Pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo denunciaron hoy hostigamiento y violaciones a sus derechos por parte de autoridades que pretenden obligarlos a dejar sus casas para la puesta en marcha de la presa El Zapotillo, en el estado mexicano de Jalisco.
Con «engaños», algunos habitantes han sido convencidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de vender sus propiedades y ser reubicados en otros predios, una promesa que para muchos no se ha cumplido, dice a Efe Luis Villegas, vecino de Acasico.
Explica que quienes rehúsan dejar su lugar de origen «tienen miedo», pues han recibido amenazas por parte de representantes de esa institución pública, quienes les dicen que sus casas serán expropiadas.
«Vinieron y dijeron que negociemos por la buena y si no, vamos a dar motivo a que seamos expropiados y al ser expropiados ellos van a pagar nuestros terrenos como ellos digan», afirma Villegas, quien interpuso un juicio de amparo para evitar el despojo de sus propiedades.
La presa de El Zapotillo es un polémico proyecto financiado desde hace 12 años por la Conagua, así como los estados de Jalisco y Guanajuato.
El objetivo de la presa, cuya construcción fue suspendida por la Suprema Corte de México hace dos años, es distribuir agua a 2.4 millones de personas de la árida región de Los Altos, así como a Guadalajara, capital de Jalisco, y la ciudad de León, ubicada en el central estado de Guanajuato.
Acasico está a 15 kilómetros de distancia de la cortina de El Zapotillo y si el proyecto de la presa se concreta, el pueblo sería inevitablemente inundado. En el lugar solo permanecen unas 15 familias; las demás se han marchado.
De las 98 casas que la Conagua prometió a los pobladores, 32 están en construcción en un predio cercano, pero la obra está parada desde hace meses con el argumento de que «no hay dinero para terminarla», denuncian los habitantes.
La dependencia tampoco ha pagado el monto que prometió a quienes accedieron a vender su casa, pese a que le han entregado copias de las escrituras, dicen.
Algunos de los habitantes de Palmarejo y Temacapulín fueron trasladados al predio de Talicoyunque, conocido ya como Nuevo Temacapulín y que es administrado y custodiado por la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco.
Nueve familias viven ahí desde hace poco menos de un año sin agua potable y bajo el hostigamiento de representantes de la CEA y de guardias de seguridad privada, denuncia a Efe María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que respalda a los afectados.
Cuenta que en diferentes visitas han documentado que los guardias conservan copias de las llaves de cada casa y que fiscalizan las entradas y salidas al predio cercado por una malla.
También la seguridad privada ha impedido que medios de comunicación se acerquen a la zona y hablen con quienes viven en el fraccionamiento.
González explica que el predio está bajo «incertidumbre jurídica», pues en 2013 el Comité Salvemos Temacapulín interpuso un amparo contra su construcción, por lo que el Tribunal Administrativo de Jalisco otorgó una sentencia de nulidad al comprobar que no hubo consulta pública para que el lugar fuera utilizado como asentamiento humano.
A petición de organizaciones civiles y los pobladores, oficiales de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizaron el martes una misión de observación que incluía conocer las zonas de reubicación para dialogar con los afectados.
A mediados de agosto la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió medidas cautelares contra el gobierno estatal y la CEA, para que eviten «actos de hostigamiento» contra los habitantes de las tres comunidades.
Basado en un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dio a conocer a finales de junio que permitirá la inundación de los tres poblados, lo que generó el repudio de los habitantes.
María Alcaraz, habitante de Temacapulín, insiste en que no cederán ante la presión del gobierno estatal para dejar sus casas y el pueblo que vio nacer a sus ancestros, ya que no hay un lugar seguro al que puedan ir.
«¿A dónde nos van a llevar? ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿A tenerlos como los de Talicoyunque? Esas personas están como en la cárcel», afirma la mujer, quien denuncia que los han amenazado con expropiar sus propiedades.
Los habitantes de Temacapulín aseguran que lejos de temer a la reciente decisión del gobernador, que «reactiva la amenaza» de la inundación, se sienten fortalecidos para «seguir la lucha».
