Mario Luna, líder yaqui, denuncia que pese a su encarcelamiento por su lucha contra el Acueducto Independencia, el proyecto opera sin «ningún sustento» y en franca violación a los derechos del pueblo yaqui que está amparado. «Tenemos la certeza de que estamos bebiendo agua contaminada por falta de recargas a los mantos freáticos», denuncia.
Hoy la Tribu Yaqui se enfrenta otro megaproyecto: el gasoducto Agua Prieta. A finales de mayo pasado quitaron los tubos y los cables que instaló la empresa IEnova en sus tierras, y aseguran que la obra pone en peligro sus vidas y viola sus derechos de posesión de sus territorios.
Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- Criminalización, hostigamiento, falta de consulta y desplazamiento de las comunidades son el patrón para imponer proyectos que –con el aval del Gobierno– terminan por dañar la salud y el medio ambiente de los habitantes de la República Mexicana, así lo han denunciado comunidades en distintos foros.
La Tribu Yaqui es un ejemplo de ello. En 2010, el Gobierno de Sonora propuso construir el Acueducto Independencia que llevaría agua desde el Río Yaqui para abastecer a la ciudad de Hermosillo. Serían 75 millones de metros cúbicos del vital líquido al año que serían trasladados desde la cuenca del estado para los habitantes de la capital.
El líder yaqui Mario Luna, opositor a la operación del Acueducto Independencia y quien permaneció encarcelado por más de un año por su lucha contra la obra, recordó que sin consulta a la tribu, en enero de 2010, el Gobierno del estado de Sonora, entonces a cargo del panista Guillermo Padrés Elías, presentó el proyecto.
«Intentan agregar otro usuario que es la ciudad de Hermosillo, para nosotros eso es bastante grave porque termina con las aspiraciones de rescatar esos volúmenes de agua que nos deben ser entregados. Significa también la apropiación, prácticamente la privatización del agua», dice en entrevista para SinEmbargo.
El activista rememoró que la comunidad cuenta con un decreto firmado en 1940 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que les otorga derechos sobre el 50 por ciento de las aguas del Río Yaqui, sin embargo, dijo, a más de 75 años de que se emitió, «no se ha cumplido cabalmente, no nos han entregado el agua que reza el documento».
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), otorgó en julio de 2010, 50 millones de metros cúbicos de agua para la construcción del acueducto y ese mes también se publicó la convocatoria para licitar su construcción, pasando por alto la suspensión dictada por la Juez Octavo de Distrito de Sonora.
«Esa obra está concesionada por 30 años a empresas privadas, al Consorcio de Exploraciones Mineras del Desierto», señaló Lunas. Y acusó que la licitación para la construcción y operación de la obra fue ganada por el consorcio que a su parecer se integró fast track, por lo que, sospecha, se trata de prestanombres.
A finales del mismo año, la Semarnat autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del proyecto. Posteriormente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advirtió que la obra provocaría alteraciones a los patrones hidrológicos de la región y daños a los humedales que son alimentados de agua por los ríos que se pretendía desviar.
Ante ello, la tribu presentó una demanda de amparo y recibió una sentencia favorable en mayo de 2012 e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso.
Recientemente, don Mario Luna insistió ante este medio digital en que el Acueducto Independencia afecta los derechos de la comunidad yaqui y remarcó que su construcción se llevó a cabo sin consulta, con intimidaciones, detenciones, y agresiones a miembros de la comunidad.
«La obra ya se construyó, aún en contra de los amparos que nosotros metimos desde 2011. La SCJN decidió amparar al pueblo yaqui, pero la obra continuó, violentando así el amparo. La SCJN ordenó dejar insubsistente el manifiesto de impacto ambiental y concluyó que se había otorgado indebidamente. Aunque está operando mínimamente, en la actualidad no tiene ningún sustento. Lo están operando sin manifestación de impacto ambiental y en franca violación a los derechos del pueblo yaqui que está amparado», recrimina.
El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) integró el caso del Acueducto Independencia en su informe sobre empresas y violaciones de derechos que fue presentado a inicios de este mes en Ginebra, Suiza.
Desde 2010, cuando comenzaron con las protestas y las demandas le hacían llegar amenazas a través de su pequeño hijo de entonces 12 años. Recordó también que más de una vez logró escapar de cercos de personas armadas que aguardaban a las afueras de su casa y a causa de la situación tuvo que ausentarse durante aproximadamente un mes.
«Lo denuncié ante la prensa y ante algunos mecanismos de protección. Solicitamos el amparo con medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington por el hostigamiento tan fuerte que se estaba dando, solicitamos la protección y finalmente en vista de que no dejamos de visibilizar el problema, el despojo y el incumplimiento de la ley se desató una campaña en mi contra al grado de que llegué a estar en la cárcel con delitos prefabricados, por supuesto».
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De septiembre de 2014 a 2015, el líder yaqui estuvo recluido en el Centro de Readapatación Social (Cereso) II de Hermosillo, prácticamente durante el final del Gobierno de Padrés. Apenas diez días después de que el panista entregara el poder a la priista Claudia Pavlovich Arellano, don Mario fue liberado.
Y agrega: «Me acusaron de privación ilegal de la libertad y de robo de vehículos, lo cual es totalmente falso. Ninguna de las dos acusaciones pudieron comprobarse, sin embargo, mientras investigaban el proceso que duró más de un año, estuve en la cárcel».
Hoy el ex Gobernador está acusado de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero. Además, es recordado porque durante el último año de su mandato se reveló que construyó una presa con capacidad de cuatro millones de metros cúbicos de agua, en su rancho «Pozo Nuevo». Y aunque se le ordenó el desfogue y la demolición de la misma, la construcción provocó contaminación y escasez de agua en la comunidad de Bacanuchi.
Don Mario hace un llamado a las autoridades mexicanas a «que se sujeten al Estado de derecho y a que respeten la libre determinación de los pueblos indígenas». Y a pesar de que aclara que la comunidad no está «peleada con el progreso ni con la modernidad», dijo, tienen la obligación de cuidar su territorio, pues «es una herencia ancestral que hemos venido protegiendo desde hace años y de la noche a la mañana por intereses económicos del Gobierno en turno nos vemos despojados, así que no pueden esperar a que permanezcamos en calma viendo cómo nos están aniquilando como pueblo».
«Tenemos la certeza de que estamos bebiendo agua contaminada por falta de recargas a los mantos freáticos», sostiene.
