Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a que el Estado mexicano y las autoridades responsables se reúnan con las organizaciones a fin de diseñar una estrategia «participativa, transparente y pública» en donde se establezca cómo se dará seguimiento a las recomendaciones generales y de los casos del Informe de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
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Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil acusaron que en México el derecho de las comunidades a ser consultadas ante la implementación de megaproyectos en sus territorios no es respetado, incluso, las autoridades trabajan en favor de las empresas y no en la protección de los pueblos, mientras sus habitantes son intimidados, criminalizados y asesinados.
En el contexto de la presentación del Informe Final del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevada a cabo en en Ginebra, Suiza, el pasado 8 de junio de ante el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, representantes de comunidades emitieron su postura al respecto y criticaron el actuar de Enrique Peña Nieto en la defensa de los derechos humanos.
Juan Antonio López, del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), aseguró que la administración del actual Presidente de la República Mexicana ha favorecido una política que permite la apertura de nuevos proyectos, con lo que se han disparado las violaciones a los derechos de los pueblos.
«Las empresas llegan a México porque aquí no se respetan los derechos humanos y el Gobierno da todas las facilidades», dijo Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio en Oaxaca, en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Karen Hudlet Vázquez, investigadora y representante para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), agregó que las consultas sobre proyectos como siembra de transgénicos, carreteros, eólicos, entre otros, que provocan daños al ambiente y a la salud de los territorios aledaños, «rara vez son previas».
La especialista subrayó que aunque el Informe de la ONU señala seis casos emblemáticos de abusos a derechos humanos, un informe de la sociedad civil da cuenta de 68 en los que se ven involucrados los sectores minero, agroindustrial, de la construcción y energético. Los más frecuentes fueron la violación al derecho a la tierra y al territorio, con 32; acceso a la información, 28; y 22 al medio ambiente sano.
Por ello, las organizaciones consideraron importante destacar tres puntos clave:
1. El Grupo de trabajo de la ONU exige que se respete el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
2. El Grupo de trabajo de la ONU recomendó que se investiguen y sancionen los ataques contra personas defensoras de derechos humanos.
3. El Grupo de trabajo de la ONU también propone que se refuerce la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y sociales.
Finalmente, hicieron un llamado a que el Estado mexicano y las autoridades responsables se reúnan con las organizaciones a fin de diseñar una estrategia «participativa, transparente y pública» en donde se establezca cómo se dará seguimiento a las recomendaciones generales y de los casos del Informe de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
