De acuerdo con Organizaciones No Gubernamentales, entre las que se encuentran Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Alma Verde y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, «la omisión» que ha prevalecido por más de dos décadas debido a la falta del plan de manejo ambiental ha provocado «graves» problemas ambientales y sociales en el Área Natural Protegia de Yum Balam, en Quintana Roo.
Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- El Área Natural Protegida (ANP) Yum Balam, hogar de la laguna de Yalahau, de manglares, humedales y selvas, ubicado en Quintana Roo, está amenazado por la presencia de asentamientos ilegales que provocan la destrucción del área y sus más de 311 animales silvestres sin que las autoridades intervengan, denunciaron más de 20 organizaciones de la sociedad civil.
En entrevista para SinEmbargo, Miguel Alejandro Rivas Soto, campañista de Océanos de Greenpeace, acusó que en el sitio ocurre desde hace tiempo una «destrucción sistemática» del manglar y de la isla en general.
En el caso, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), destacó, «no sólo han sido negligentes, sino que además están ausentes bajo la excusa de que la gente no los deja trabajar».
Desde 1994, el Gobierno federal, entonces a cargo de Carlos Salinas de Gortari, decretó a Yum Balam como ANP; no obstante, a 22 años de haberla catalogado como tal, no ha sido elaborado el Programa de Manejo, a pesar de que La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente estipula que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe publicarlo a más tardar un año después.
Además, en 2004, cuando Vicente Fox Quesada fungió como Presidente de México, la zona fue reconocida como humedal de importancia prioritaria internacional Sitio Ramsar, que busca la conservación de la diversidad biológica de todo el planeta.
Pero, de acuerdo con las organizaciones entre las que se encuentran Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Alma Verde y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, «la omisión» que ha prevalecido por más de dos décadas debido a la falta del plan de manejo ambiental ha provocado «graves» problemas ambientales y sociales en el ecosistema.
A través de un comunicado, las ONGs destacaron que la falta de un programa de manejo está destruyendo la riqueza de la zona.
«Ha fomentado la proliferación de ilícitos como la invasión de terrenos nacionales y privados; la violación de vedas pesqueras y el uso sin control de redes de pesca que no sólo degrada los recursos pesqueros, sino que también afecta a especies protegidas, como las tortugas marinas, los cocodrilos y el manatí; el incremento de desmontes y rellenos ilegales de manglar; la tala sin control en la selva de la zona de influencia del ANP; y el crecimiento descontrolado de la actividad turística, entre otros», planteron.
Al respecto, Rivas manifestó que el plan de manejo «es fundamental» y aseguró que mientras no sea publicado, «la isla es una anarquía y en realidad en lugar de ser un Área Natural Protegida, sólo es un parque asignado a la Conanp». Por ello, urgió a la Semarnat a que «al fin» emita el plan de manejo correspondiente, pues, insistió: «Mientras éste no exista no hay garantía de la protección al medio ambiente».
Asimismo, el activista planteó la necesidad de que haya participación de las comunidades, a fin de que sea realizado un plan que vele por las necesidades del ecosistema y quienes habitan a su alrededor.
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URGEN A LAS AUTORIDADES
El pasado 24 de abril, las organizaciones enviaron una carta a Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a Carlos Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo, entre otras autoridades, a fin de manifestar su preocupación y exigir que cumplan con las obligaciones legales que les corresponden y garanticen el derecho al ambiente sano de los habitantes de los alrededores.
En la misiva, las ONGs destacaron la necesidad de que las autoridades detengan los siguientes ilícitos que ocurren en Holbox y Chiquilá, comunidades que pertenecen a la ANP en cuestión:
1.- Incremento de desmontes y rellenos ilegales de manglar.
2.- Tala sin control en la selva de la zona de influencia (Solferino).
3.- Construcciones nuevas sin autorización en Isla Chica;
4.- Incendios en Isla grande, centro de transferencia de Holbox, Chiquilá, etcétera.
5.- Uso sin control de redes de pesca que no sólo degrada a los recursos pesqueros sino que también afecta a especies protegidas como las tortugas marinas, cocodrilos y manatí, entre otras.
6.- No existe vigilancia suficiente, por parte de la autoridad, que regula la pesca legal y no se impide la furtiva en la zona marina de Yum Balam.
Sin embargo, comentó Rivas, hasta el momento, ninguna de las autoridades ha emitido respuesta dirigida a las organizaciones, únicamente la Profepa desplegó un comunicado el jueves pasado, en el que informó sobre la clausura de 36 proyectos turísticos, desarrollados al margen del ley en la franja costera de la Isla de Holbox dentro de dicha ANP.
La dependencia federal también aseveró que de 2014 a la fecha ha realizado 40 visitas de inspección; 30 clausuras impuestas como medida de seguridad; y ha atendido 34 denuncias ciudadanas en Holbox, pero Rivas criticó: «Van y clausuran cuando el daño ecológico ya está hecho […] La autoridad tiene que estar para prevenir y no sólo para denunciar».
