Los últimos meses se han registrado arrestos de ex gobernadores priistas en otros países. El caso más reciente se dio a conocer la noche de la elección del 4 de junio. La Procuraduría General de la República (PGR) daba cuenta de la detención en Panamá del ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, acusado de delitos de corrupción vinculados con la venta de inmuebles del estado que gobernó.
La captura de los ex gobernadores ha sido destacada por el gobierno como ejemplo de su lucha contra la corrupción. Sin embargo, hay analistas que consideran que también son una muestra precisamente de ese problema, máxime cuando políticos como Yarrington llevaban años prófugos…
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Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo/EconomíaHoy).– Al menos 15 ex gobernadores priistas tienen cuentas pendientes con la autoridad y son investigados por malversación de recursos públicos y nexos con el crimen organizado.
El caso más reciente se dio a conocer la noche de la elección del 4 de junio. La Procuraduría General de la República (PGR) daba cuenta de la detención en Panamá del ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, acusado de delitos de corrupción vinculados con la venta de inmuebles del estado que gobernó.
Enfrenta un proceso de extradición en Panamá después de su detención el domingo en el aeropuerto del país centroamericano cuando iba a tomar un avión con destino a París.
Esposado y con un chaleco antibalas puesto Borge fue trasladado a la terminal aérea a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en donde esperaría los trámites para su repatriación, de los que no se informó qué tiempo tomarían.
Borge, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el Presidente Enrique Peña Nieto, gobernó el estado de Quintana Roo de 2011 a 2016.
La detención de Borge es la tercera de un ex Gobernador priísta en lo que va del año después de los sonados arrestos que tuvieron lugar en abril: Tomás Yarrington que gobernó Tamaulipas y Javier Duarte en Veracruz.
La captura de los ex gobernadores ha sido destacada por el gobierno como ejemplo de su lucha contra la corrupción. Sin embargo, hay analistas que consideran que también son una muestra precisamente de ese problema, máxime cuando políticos como Yarrington llevaban años prófugos.
LAS ACUSACIONES DE LOS EX GOBERNADORES
-Javier Duarte, Gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, priista: La PGR lo acusa de corrupción, enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
En octubre de 2016 solicitó licencia al cargo para responder a las acusaciones en su contra; sin embargo, las autoridades le perdieron la pista por seis meses y finalmente fue ubicado en Guatemala en abril de 2017.
Actualmente se espera respuesta de las autoridades de Guatemala para saber si será extraditado a México.
-Tomás Yarringtón, Gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, priista: Fue detenido el pasado 9 de abril en Florencia Italia.
Actualmente está recluido en la cárcel de Sollicciano en espera de ser extraditado a México. Se le investiga desde 2012 por narcotráfico y delincuencia organizada, además de vincularse con sobornos por parte de miembros del Cártel del Golfo.
Mientras, en Estados Unidos, se le investiga por lavado y fraude desde 2013.
-Mario Villanueva, Gobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999, priista: Se le acusa de los delitos de lavado de dinero, narcotráfico y conspiración para facilitar el tráfico de armas y drogas entre Colombia y Estados Unidos, entre otros.
En 2007 se le extraditó a Estados Unidos, pero tras seis años en prisión, finalmente fue retornado a México en enero pasado para cumplir una condena de 17 años en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial de Ayala, Morelos.
-Andrés Granier, Gobernador de Tabasco de 2007 a 2012 en Tabasco, priista: Se le acusa de desviar 10 mil 600 millones de pesos.
Fue detenido en junio de 2013 y llevado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, pero un mes después fue trasladado a la Torre Médica del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, donde se encuentra actualmente recluido en espera de que concluya su proceso, que, de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
-Jesús Reyna García, Gobernador Interino de Michoacán entre los meses de abril y octubre de 2013, priista: Se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.
Fue detenido y recluido en el Penal del Altiplano en abril del 2014 tras aparecer en un video con Servando Gómez Martínez, alias «La Tuta», exlíder de «Los Caballeros Templarios».
-César Duarte, Gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, priista: Fue declarado recientemente por el actual gobernador de la entidad, Javier Corral como «prófugo la justicia». Es acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y uso abusivo de atribuciones.
El INE también lo investiga de desviar recursos para favorecer al PRI en las elecciones de 2016.
-Eugenio Hernández Flores, Gobernador de Tamaulipas de 2005 a 2010, priista: La PGR le incautó en 2016 propiedades en Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo y en 2015, un juez federal de Estados Unidos ordenó su arresto por lavado de dinero y ocultar sobornos del Cártel de Los Zetas. Actualmente prófugo.
-Flavino Ríos, priista y Gobernador interino de Veracruz entre los meses de octubre y noviembre de 2016 para suplir a Javier Duarte: Fue detenido en marzo de 2017 ya que la Fiscalía General del Estado lo acusó por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento (se le atribuye haber facilitado el escape de Javier Duarte), además de desviar recursos por 247 millones de pesos.
Sin embargo, tras ganar un amparo, seguirá su proceso en libertad tras pagar una fianza de 5 millones de pesos.
-Humberto Moreira, Gobernador de Coahuila entre 2005 y 2011, priista: Es acusado por los delitos de desvío de recursos, corrupción, lavado de dinero, además de tener nexos con el grupo del crimen organizado de Los Zetas.
Fue detenido en 2016 en España por posesión de recursos provenientes del crimen organizado.
Regresó a México el mismo año y no hay una denuncia formal en contra. Actualmente compitió en las elecciones del 4 de junio por una diputación local con el Partido Joven. Fue expulsado del PRI en abril de este año.
-Fidel Herrera Beltrán, Gobernador de Veracruz de 2004 a 2010, priista: Se le acusa de entregar medicamentos apócrifos en tratamientos contra cáncer por lo que presuntamente había pagado 109 millones de pesos.
Tras haber renunciado como cónsul de México en Barcelona, España, regresó a México para defenderse de las acusaciones: sin embargo, no hay una denuncia formal en contra.
-Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador de Nuevo León de 2009 a 2015, priista: Se le acusa del desvío de recursos por 3,000 683 millones de pesos, abuso de poder, peculado, lavado de dinero y corrupción.
Actualmente está en libertad, pese a que este 2017 fue detenido e incluso ingresado a un penal. Sin embargo, un juez federal le otorgó un amparo y con ello obtuvo de nuevo su libertad.
-Fausto Vallejo Figueroa, Gobernador de Michoacán de 2012 a 2014, priista: Se le acusó del desvío de 3,000 millones de pesos del erario público, fraude y abuso de funciones.
Está en libertad actualmente; sin embargo, el presidente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza anunció en marzo pasado que al interior del partido se le sigue un procedimiento por corrupción y uso de recursos públicos.
-Jorge Herrera Caldera, Gobernador de Durango de 2010 a 2016, priista: Se le acusa de desfalcar las arcas de la entidad por 15 mil millones de pesos. Está en libertad.
-Jorge Torres López, Gobernador interino de Coahuila en 2011, priista: En 2013 se le denunció ante la PGR por el delito de lavado de dinero y en Estados Unidos, se le investiga por el manejo de recursos de origen ilícito por 26 millones de dólares.
También se le vincula al caso de «El Rey de los Dragones», Luis Carlos Castillo Cervantes, investigado por lavado de dinero y de sobornar a exgobernadores, quien quedó en libertad en mayo de 2017.
Actualmente, Torres López está prófugo de la justicia.
-Eduardo Bours, Gobernador de Sonora entre 2003 y 2009, priista: Es investigado por la PGR por su presunta responsabilidad en el incendio de la Guardería ABC que dejó un saldo de 49 menores muertos y 106 heridos. Está en libertad.
