El rompimiento de las organizaciones sociales con la administración federal, derivado del espionaje contra los impulsores del impuesto a las bebidas azucaradas, deja en vilo el trabajo conjunto que realizaban en materia de pobreza y desigualdad, derechos humanos, obesidad en niños y adolescentes, así como transparencia gubernamental.
Los activistas alertaron que con este hecho «no existe sociedad civil que avale los trabajos que se están desarrollando» y se pierde la oportunidad de «empujar una agenda compartida y común entre Gobierno y sociedad». Y acusaron la existencia de un doble discurso de parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto que «ha usado la palabra ‘apertura’ y lejos de abrir y ampliar espacios ha reducido esta participación y ha caído en lo más bajo que es el espionaje de sus contrapartes».
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Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- El trabajo conjunto que por cinco años organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno federal realizaban quedó en vilo. Ahora las actividades en materia de transparencia, rendición de cuentas, participación y combate a la corrupción, entre otras, quedan «cojas» y sin el «aval» de los ciudadanos, advirtieron miembros de las organizaciones que abandonaron la alianza.
A 5 años de la implementación de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), un acuerdo de apoyo entre organizaciones y el Gobierno federal, se destaparon prácticas de espionaje contra miembros de la sociedad civil que apoyaban en las mesas de diálogo sobre salud, sin que hasta el momento exista posicionamiento al respecto por parte de la administración de Enrique Peña Nieto. Ante ello, los 10 grupos que conformaban el núcleo civil para la conformación de las políticas gubernamentales tomaron la decisión de retirarse.
Este jueves, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), Francisco Javier Acuña, aseguró que es a la Procuraduría General de la República (PGR) a la que le compete investigar el presunto espionaje que sufrieron dos activistas que participaban en la Alianza para el Gobierno Abierto.
«En cuanto a la competencia propia de una investigación formal, pues son las fiscalías, en este caso la Procuraduría General de la República, la que debe intervenir», señaló a medios tras la presentación del cuadernillo «Reporte Ethos Descifrando la corrupción».
Acuña sostuvo que el INAI no tiene facultades para investigar lo que las ONGs denunciaron.
«La población lo tiene que saber, lo tiene que entender, que nosotros tengamos manera, que en ese tema concreto de llevar ante la autoridad competente, que es la Procuraduría General de la República por lo que se dice y se menciona» , reiteró.
Otra autoridad que podría conocer del caso, añadió, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
«Nosotros somos de la sugerencia respetuosa, que la CNDH podría, una vez que se le haya pedido, poder brindar medidas cautelares», señaló.
La AGA, una medida internacional adoptada por más de 60 países, en México opera a través del Secretariado Técnico Tripartita (SST) que estaba conformada por un representante del Gobierno de la República, actualmente de la Secretaría de la Función Pública, otro más del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y por el núcleo de la sociedad civil: Artículo 19, Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), Contraloría Ciudadana, Cultura Ecológica, Fundar Centro de Análisis e Investigación; Gestión Social y Cooperación (GESOC), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Observatorio Nacional Ciudadano, SocialTic y Transparencia Mexicana.
De acuerdo con Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19: «La Alianza para el Gobierno Abierto no es sin la sociedad civil. La AGA nace con la idea de co-crear entre sociedad civil y Gobierno y de compartir ideas para mejorar políticas públicas e impactar en problemas de la misma índole».
La «gota que derramó el vaso», dijeron las ONGs, fue el espionaje en contra de Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poder del Consumidor (EPC); Luis Manuel Encarnación Cruz, coordinador de Contrapeso, y el médico y académico Simón Barquera Cervera. Los tres partidarios del impuesto a las bebidas azucaradas apoyaban las mesas de trabajo en temas de salud.
Entre el 13 de julio y el 17 de agosto de 2016, los expertos recibieron mensajes que los redireccionaban a una página web. Según el peritaje hecho por The Citizen Lab de la Universidad de Toronto, al ingresar a este vínculo se permitía el acceso a distancia, sin saberlo, a la información del dispositivo móvil, a la cámara, localización por GPS, entre otros. El malware utilizado contra los expertos lleva por nombre Pegasus y está asociado con los servidores de la empresa israelí NSO Group que tiene como política, por mandato de varios países en el mundo, vender solamente a gobiernos.
En el periodo de espionaje, los tres colaboraban en la mesas de trabajo para la construcción del Tercer Plan de Acción Nacional de México en la AGA, en particular en el tema de obesidad, sobrepeso y diabetes.
El espionaje fue hecho público en febrero pasado, no obstante, desde entonces las autoridades mexicanas no han emitido posicionamiento alguno ni han ejercido acciones para dar con los responsables y sancionarlos. El único posicionamiento vino del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que reprobó las acciones contra los promotores de la salud y llamó al diálogo.
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En entrevista para SinEmbargo, Ruelas consideró que la existencia del espionaje no genera condiciones adecuadas para que el mecanismo de participación permanezca y dijo esperar que la salida de las organizaciones impacte de manera positiva para detener la vigilancia ilegal y se procuren políticas públicas que cumplan con la obligación de transparentar la información.
La directora de la organización internacional exigió que se inicien los procedimientos civiles y penales para sancionar a aquellos funcionarios públicos que usan esta «práctica [espionaje] para intimidar o coartar la libertad de expresión». Y agregó que «el Gobierno actual ha usado la palabra ‘apertura’ y lejos de abrir y ampliar espacios ha reducido esta participación y ha caído en lo más bajo que es el espionaje de sus contrapartes».
Alejandro Calvillo reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) no se ha pronunciado al respecto y mucho menos ha investigado para dar con los responsables y sancionarlos conforme a derecho.
“Si no hay un pronunciamiento, es que posiblemente es algo que tiene implicaciones sobre altas autoridades de seguridad nacional de México […] Esto [el malware] tuvo un costo altísimo, de varios miles de dólares pagados con recursos públicos. La Procuraduría General de la República (PGR) tendría que hacer la investigación de oficio, nosotros hicimos denuncias públicas, se hicieron peticiones a través del Poder Legislativo y hemos estado esperando a que haya una reacción”, dijo en reciente entrevista para este periódico digital.
¿QUÉ QUEDA EN EL LIMBO CON EL ADIÓS DE ONGS?
De acuerdo con el propio Plan de Acción 2016- 2018, las metas que quedan en el limbo debido a la salida de la decena de organizaciones civiles son en materia de derechos humanos y fortalecimiento del Estado de derecho, igualdad de género, pobreza y desigualdad, acceso a agua potable, obesidad, corrupción y cambio climático.
Los compromisos que serían cumplidos para el próximo año y que ya no tendrán el ojo crítico de las organizaciones de la sociedad civil son:
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Derechos humanos y fortalecimiento del Estado de derecho: El diseño y ejecución de una ruta de acción para la política pública nacional en materia de desaparición forzada y por particulares, con la participación de la sociedad civil y víctimas.
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Igualdad de género: La creación de un Sistema Nacional de Cuidados con la participación activa de la ciudadanía cuyo objetivo sería impulsar la corresponsabilidad social en los trabajos de cuidados (familia, comunidad, mercado y Estado) para lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, a través de la articulación de políticas, infraestructura y servicios en esta materia.
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Pobreza y desigualdad: Contar con un registro único y accesible de la población potencial y de la población atendida de los programas de desarrollo social, según la definición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que observe los principios de la política de desarrollo social conforme al Artículo Tercero de la Ley General de Desarrollo Social.
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Acceso a agua potable: Medir el consumo de agua y descargas tanto en volumen como en calidad, así como promover su reuso, la descarga cero de los grandes consumidores y supervisar su tratamiento, transparentando la información para facilitar la participación ciudadana en la vigilancia.
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Obesidad en niños y adolescentes: Fortalecer las acciones de promoción a la salud dirigidas al reconocimiento de la obesidad como enfermedad, involucrando a la población y a todos los niveles de Gobierno por medio de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que eviten el potencial conflicto de intereses en todo el ciclo de las políticas públicas en la materia.
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Sistema Nacional Anticorrupción: Inclusión de mecanismos de participación ciudadana sustantiva en los procesos de designación que establece el Sistema Nacional Anticorrupción.
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Adaptación ante el cambio climático: Reducción de la vulnerabilidad y riesgos asociados a la variabilidad y al cambio climático, generando, difundiendo y articulando información actualizada, asequible, pública y vinculante para la toma de decisiones públicas.
La AGA, señaló Ruelas, «se queda sin una pata» y subrayó: «No existe sociedad civil que avale los trabajos que se están desarrollando dentro del Plan de Acción. Aclaró que «cualquier acción del Gobierno per se a partir de este momento no está avalada por la sociedad civil que ha acompañado los trabajos de la AGA durante los últimos 5 años».
Por su parte, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo a este medio que con la salida de los representantes de la sociedad, se verán comprometidos objetivos como el monitoreo y seguimiento de los compromisos sobre la asistencia técnica que las autoridades podrían requerir en algunos temas.
Además, dijo, la participación de los miembros de la sociedad civil permitía la evaluación de los alcances de los compromisos, «ayudaba a empujar una agenda compartida y común entre Gobierno y sociedad».
La afectación directa,de la ausencia de las ONGs, sostuvo, impacta directamente en los compromisos mencionados. «Van al vacío y se pierde velocidad, ritmo, contundencia en el avance y sobre todo [la AGA se queda] sin voz independiente que valore si se están cumpliendo o no los compromisos y hagan públicas esas evaluaciones».
