No me sorprende que en la mayoría de los comentarios acerca del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas se soslayen las reiteradas denuncias del reportero sinaloense sobre la explotación, la represión y la censura que los informadores sufren en sus propios medios. Por ignorancia o por interés, acaso sólo por corrección, se evade profundizar en el meollo de un problema que afecta de manera cotidiana al quehacer periodístico en nuestro país.

Valdez Cárdenas, curtido como reportero en las redacciones de diversos medios antes de ser cofundador del semanario RioDoce en Culiacán, hace 17 años, solía ser claro, directo y contundente al hablar sobre los abusos de los empresarios dueños de los medios y sus complicidades con el poder público. “Ellos quieren enanos, reporteros que no piensen, que sean automáticos, que pongan la grabadora, que no incomoden, que no cuestionen, que no investiguen, que no sepan a quién están entrevistando”, acusó en una entrevista con Ariel Ruiz Mondragón publicada apenas en diciembre pasado en la revista El Búho, con motivo de la publicación de su libro «Narcoperiodismo» (Aguilar, 2016).

Si te encargan cinco u ocho notas al día, ejemplificó el periodista de 50 años de edad, ¿en qué momento vas a investigar? Y arremetió: “No hay espacio para reflexionar tu trabajo, no hay tregua para dar dos pasos para atrás y decir “¡ah!, las cosas están así”, porque estás en una dinámica tan intensa que no te permite sentir, pensar, sentarte a reflexionar porque son jornadas avasallantes. Entonces te imponen una dinámica que impide que hagas periodismo y que evita que crezcas; por eso digo que a los dueños les interesa que haya enanos en la redacción”.

El también corresponsal de La Jornada desde hacía 17 años describió la infame situación de los reporteros mexicanos. “Son muy bajos los salarios, no hay prestaciones y hay mucha vulnerabilidad e incertidumbre. Hay muchos reporteros que trabajamos como si fuéramos una empresa más, no estamos en la nómina y entonces no tenemos seguridad social ni aguinaldo ni prima vacacional. Nos subcontratan para abatir gastos en las empresas, adelgazarlas, lo cual tampoco ayuda, porque nos arroja a la sobrevivencia, a una condición de vulnerabilidad, y entonces haces el periodismo que los empresarios quieren que hagas porque si no te corren, ¿y dónde vas a encontrar otro trabajo?”.
Dijo que, en estados como Veracruz, Tamaulipas o Sinaloa, por las condiciones de trabajo y la violencia en la calle los reporteros están sometidos a una doble o triple vulnerabilidad: económica, familiar y, por supuesto, de seguridad.

Casos inverosímiles de explotación laboral abundan en el país, efectivamente. En Veracruz conocí por ejemplo el caso de un periódico relativamente importante que no pagaba salario alguno a sus reporteros. Les daba una credencial y un lote de “fuentes”, es decir, parcelas informativas de las que el periodista, de acuerdo a sus habilidades, sacaba su sustento a través de comisiones de publicidad, igualas y chayotes. Y había una legión de recién egresados de la Universidad dispuestos a sustituir a los que estén inconformes con tales condiciones.

Profesionalmente hay algo peor todavía: la obligación impuesta de acatar, so pena de despido, directrices editoriales con las que el periodista puede estar o no de acuerdo. Y esto ocurre en casi todos los medios. Poco se sabe que los reporteros no sólo están absolutamente marginados de esas decisiones, sino que ni siquiera tienen control sobre el destino final de sus propias informaciones. De los directivos depende que su nota se publique o no, se mutile o se tergiverse y se destaque más o menos por su ubicación.

No me refiero por supuesto a las luminarias que conducen los espacios estelares de las televisoras y que con frecuencia ni periodistas son. Hablo de las infanterías reporteriles que surten de materia prima informativa a medios chicos y grandes y que a menudo trabajan en el anonimato, además. Son los que se joden, sobre todo en medios de los estados, sin recibir a cambio algún reconocimiento. Los que sufren cotidiana censura y represión en sus medios. Y son a los que matan.

La aprobación por parte del Congreso Constituyente de la Ciudad de México de la llamada Cláusula de Conciencia significa por ello un avance cuya trascendencia no se ha valorado cabalmente. El precepto garantiza a los periodistas el derecho de no aceptar lineamientos éticos o editoriales de su medio con los que esté en desacuerdo y de no ser sancionados ni despedidos por ese motivo, además de poder preservar la identidad de sus informantes. Lamentablemente, sin embargo, ese derecho no existe aún en las demás legislaciones estatales ni en la Constitución General de la República, por lo que su aplicación se restringe por ahora a la capital del país.

El periodista y escritor acribillado en una calle de la capital sinaloense el pasado lunes 15 de mayo resumió en una entrevista con Blanch Petrich para La Jornada publicada el 2 de octubre de 2016 rasgos que describen a la mayoría de los dueños de periódicos: “Si hay alguien a quien prácticamente no le importa el periodismo y los periodistas es a los empresarios”, dijo. “Cuando ellos hablan de mejorar la seguridad en los medios no están pensando en capacitación, mejoras salariales, ni siquiera chalecos antibalas para sus fotógrafos. Están hablando de guaruras para ellos, los dueños, sus edificios, sus bienes. En los casos de periodistas agredidos, amenazados, asesinados, lamentablemente, los dueños y también directivos se ubican del otro lado”.

Adicionalmente a esa caracterización certera, es un hecho que la complicidad entre los empresarios de la comunicación y el Gobierno ha prohijado y alentado el “abandono social” en que según decía el propio Valdez Cárdenas se encuentra el periodismo y los periodistas mexicanos. Abandono social que –de acuerdo con periodistas y académicos consultados por SinEmbargo el pasado miércoles—se ha ganado en México esta profesión luego de décadas en las que, de forma general y tradicional, la relación de dueños de los medios de comunicación y el Gobierno ha estado marcada por la corrupción y el intercambio de coberturas favorables a cambio de contratos de publicidad. Es un hecho.

Resulta muy grande, por otro lado, la tentación de dar a este crimen un sentido político y culpar al “Gobierno” de la muerte de este y otros periodistas en diversos rumbos de nuestro país. Usarlo, aprovecharlo para golpear. Me parece, sin embargo, que no debe ser el caso.

Ciertamente el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, incluidos los periodistas; pero en el tema que nos ocupa es importante repasar las condiciones en que trabajan muchos reporteros mexicanos para evaluar la responsabilidad de sus patrones, los dueños de los medios. Y señalar sus culpas, como lo hizo con admirable valor Javier Valdez Cárdenas. Válgame.

Twitter: @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://dev.sinembargo.mx/author/franciscoortiz/

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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