A lo largo y ancho del país, por donde atraviesa la red de ductos de Petróleos Mexicanos, el robo de combustibles mediante la ordeña de tubos se ha convertido  en un negocio tan rentable como el narcotráfico y, peor aún, las redes criminales protegidas se extienden por todas partes ondeando la bandera de la impunidad.

En el gobierno federal se escandalizan por las cuantiosas pérdidas que, aseguran, causa el robo de gasolinas, pero oficialmente nada se habla de que este negocio envuelve a una cauda de políticos y funcionarios de Pemex, de muy alto nivel, que forman parte de la red de saqueo de la paraestatal, que no son ajenos al crimen organizado y que se han enriquecido a costa de la riqueza petrolera.

El incremento de esta actividad criminal, en buena medida tiene su origen en el vacío que genera el Estado en distintos territorios del país: ahí donde el gobierno no atiende las  necesidades y desatiende reclamos sociales, el crimen organizado termina por resolver la demanda colectiva y, con ello, refuerza su identificación social.

El “guachicolero” que se enfrenta al Ejército, corrompe a las policías y a los funcionarios estatales y municipales, es un ejemplo ya emblemático. Es tan reconocido en su territorio como un capo de la droga lo es en Tamaulipas porque otorga el cobijo social a los grupos necesitados que el gobierno desatiende. Este delincuente se nutre de la ausencia del Estado y de la impunidad que logra mediante la práctica de la corrupción.

Otro factor que detona esta actividad es la pobreza, la terrible pobreza que enfrenta el país y que tiende a agravarse. En estados como Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Coahuila, entre otros, algunos grupos sociales que carecen de empleo y de medios de subsistencia decidieron engancharse en actividades criminales. El secuestro, la extorsión, el narcotráfico y el robo de combustibles son negocios bastante socorridos ante la urgencia de dinero y la carencia de lo mínimo para cubrir las necesidades básicas. Esto no justifica la criminalidad, pero es un hecho que detona mayor inseguridad en el país.

Y todo tiene que su origen en el vacío de poder, en el vacío del Estado que ya no mira a los necesitados. La soberbia oficial y la corrupción institucional, el atroz mal de México, ha roto el espíritu de servicio y el ejercicio de la política pasó a ser un mero simulacro de buenas intenciones para conquistar votos, entronizarse en el poder y servir a otros intereses –el crimen organizado, por ejemplo –y no a la sociedad.

Y en esta cadena de descaros una parte de la sociedad que delinque parece decir: si los políticos roban abiertamente, pues nosotros también haremos lo mismo porque tenemos necesidad y hambre. Y es justamente la miseria uno de los principales caldos de cultivo de la delincuencia. Frente a este problema, el gobierno y su cauda de políticos no parecen tener calidad moral para aplicar la ley. Si los políticos encumbrados en el poder roban, cómo pueden exigirle a la sociedad que no haga lo mismo. Todo parece estar pervertido, pues quien aplica la ley también delinque desde el poder.

Es por ello que la sociedad, harta de mentiras, se involucra con el crimen organizado y con ello se desata una clara lucha de clases: los grupos sociales vulnerables roban al Estado el combustible pero, desde su lógica, sólo recuperan lo que dicen que les pertenece, ya que con frecuencia afirman que el gobierno federal entregó a las empresas extranjeras el capital más preciado que tiene el país: El petróleo.

Y es que son muchos los factores que explican el surgimiento de redes criminales dedicadas al robo de gasolinas, pero uno de los principales detonadores es la corrupción en Pemex. Después de los hechos de violencia suscitados en Puebla y que costaron la vida a cuatro militares, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó al Ejército, a la Marina y a la Policía Federal combatir a las redes de los llamados “guachicoleros”.

Lo primero que llamó la atención es que Peña Nieto apuntó el reflector hacia los grupos sociales que perforan ductos, colocan válvulas y extraen diesel, gasolina Magna o Premium y que luego distribuyen a granel o en grandes cantidades a los mismos gasolineros cuyo proveedor es Pemex.

Pero lo que Peña Nieto parece pasar por alto es que este negocio no tiene razón de ser sin las operaciones del cártel que opera al interior de Pemex –Los Zetas – y del cual forman parte altos funcionarios de la empresa, quienes son los verdaderos beneficiarios del negocio que, según la Secretaría de Hacienda, le cuesta al país 20 mil millones de pesos anuales.

Las redes de “guachicoleros” conocen la logística interna de Pemex: horarios para el bombeo de combustibles, el tipo de producto que fluye por las tuberías a determinadas horas del día o de la noche, lo que aprovechan para llevar a cabo las perforaciones con la protección de policías e incluso de militares:

Por ejemplo, en julio de 2015, Tomás Méndez Lozano, jefe de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, fue detenido por elementos del Ejército por sus vínculos con redes de “guachicoleros” y robo de combustibles.

En ese mismo año también cayó Marco Antonio Estrada López, director de la Policía Estatal de Puebla por los mismos delitos. Ambos personajes formaban parte del primer círculo del entonces gobernador poblado Rafael Moreno Valle, actual precandidato presidencial del PAN.

Según las acusaciones, ambos exfuncionarios brindaban protección a redes de “guachicoleros” que operan, desde hace una década, en municipios como Palmar de Bravo, Quecholac, Tepeaca, Tecamachalco, Palmarito, entre otras demarcaciones, que conforman el llamado “Triángulo Rojo”, donde están afincados grupos criminales tan violentos como perniciosos.

El robo de combustible es un gran negocio ilegal que derrama beneficios hacia la población necesitada, lo que ha prohijado una cultura y un reconocimiento alrededor del llamado “guachicolero” , al que consideran un benefactor social más eficaz que el gobierno. Es algo similar a lo que ocurre con los cárteles de la droga en territorios como Sinaloa y Tamaulipas.

El guachicol en realidad es una bebida alcohólica adulterada con alcohol de caña. Es por eso que esta palabra también es utilizada para nombrar al combustible –gasolina o diesel –adulterado o robado en México.

Actualmente los llamados “guachicoleros” se han multiplicado por todo el país. Sus principales asientos son las zonas petroleras como Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, pero sus redes se extienden por todo el país siguiendo el tendido de ductos de Pemex que atraviesan toda la República y que sirven para el suministro de combustibles a todas las regiones. Estas células criminales están relacionadas con el cártel de Los Zetas, operan en células, disponen de poderoso armamento y de protección política.

El cártel de Los Zetas es la organización criminal más versátil que opera en México. Explotan 24 actividades delictivas y una de las más rentables, después del narcotráfico y el secuestro, es la venta de gasolinas robadas que luego venden a menor costo a los propios franquiciatarios de Pemex, cuyas ganancias no son declaradas al fisco. Las operaciones con gasolina robada deriva en el delito de lavado de dinero, muy socorrido, por cierto, entre los propietarios de gasolinerías.

El cártel de Los Zetas está enquistado en Pemex. Y ejemplos sobran. Un personaje que resultó ser lavador de dinero de ese cártel es el empresario Francisco Pancho Colorado, preso en Estados Unidos por blanquear capitales sucios producto de la compra y venta de caballos pura sangre. Estaba relacionado con los hermanos Omar y Miguel Treviño Morales. Colorado es el dueño de la empresa ADT, contratista de Pemex, especializada en trabajos de remediación ecológica.

El negocio del robo de combustibles cobró mayor auge a raíz del alza en los precios de las gasolinas, lo que el gobierno federal atribuyó a factores del mercado internacional y no propiamente a la baja producción nacional. Pero la realidad es otra:

De acuerdo con funcionarios de Pemex consultados, existe una orden desde la presidencia de la República, a través de la paraestatal, para que las seis refinerías del país operan a menos del 50% de su capacidad. Esto deriva en una baja producción de combustibles –no alcanza para el abasto nacional –y el gobierno se ve obligado a importar gasolinas a precios más altos. Esto ocurre desde hace poco más de una década.

Por otra parte, los petrolíferos que se extraen en México –Maya, Istmo y Olmeca –se envía a Estados Unidos, donde es refinado, para luego devolverlo al país transformado en combustibles.

Estas operaciones son contradictorias y a quienes se les han consultado no se lo explican más que afirmando que se “trata de un negocio” de poderosos políticos del gobierno.

–¿Por qué? –se les pregunta a los expertos

–Porque es ilógico que habiendo seis refinerías en México se envíe el crudo a refinar a Estados Unidos. Es como si tienes un restaurante bien montado, con chef de primer nivel y como dueño del negocio ordenas comprar alimentos preparados en otra parte. Es absurdo. Solo se explica como un gran negocio.

En parte existe razón en esta explicación. En 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se inició un amplio proyecto para reconfigurar las refinerías de Pemex. Comenzaron por la de Cadareyta, siguieron con Tula, Minatitlán, entre otras. El contrato de la primera modernización se le otorgó a una empresa China, Conproca. El contrato con Pemex terminó en un litigio internacional que Pemex perdió.

En ese embrollo legal, el entonces director de Pemex-Refinación, Jaime Mario Willars, fue acusado de traición a la patria porque le entregó a Conproca información secreta para que le ganaran el juicio a Pemex. El fondo de todo es que perdiendo Pemex los funcionarios ganaron mucho dinero. Todo aquello quedó sepultado por la impunidad.

Lo cierto es que, según el proyecto zedillista, el proyecto de reconfiguración de las refinerías tenía como objetivo impedir lo que hoy el gobierno de Enrique Peña privilegia: importar gasolinas.

La idea no era mala. Se trataba de que las refinerías procesaran los petrolíferos pesados y evitar que se enviara el crudo a refinar a Estados Unidos. Sin embargo, el proyecto se volvió un mar de corrupción y la modernización de las refinerías terminó costando el doble si no es que más por que los precios unitarios –el esquema del contrato –fue inflado a conveniencia de los funcionarios de Pemex.

El combate a las redes de “guachicoleros” utilizando al Ejército parece ser un error garrafal del gobierno federal. Esta medida ya provocó consecuencias y muy graves: en los hechos de violencia suscitados en Palmarito, Puebla, base de asiento de una importante red de ladrones de combustibles, las cámaras públicas filmaron el momento en que un soldado ejecuta con el tiro de gracia a un civil que ya está sometido. También se observan escenas de lo que parece una emboscada. Ambos hechos ya son investigados por la PGR.

De confirmarse lo que las imágenes evidencian, estaríamos ante un hecho de violación a los derechos humanos por parte del ejército que permite recordar el no tan lejano caso Tlatlaya, donde elementos del Ejército fusilaron a civiles.

Rememora también el caso Tlalixcoyan, en Veracruz, ocurrido en 1991, en donde militares y agentes federales se enfrentaron, aparentemente por una confusión, después de que un avión aterrizó en ese paraje con decenas de kilos de cocaína. Los soldados ultimaron a los policías porque pensaban que brindaban protección a los narcos.

Este hecho, grave por donde se le mire, permite considerar que es urgente que el Congreso legisle la Ley de Seguridad Interior para regular la participación del Ejército en tareas de seguridad. Lamentablemente esta discusión se ha pospuesto para después de la elección de junio próximo. El debate tendrá que centrarse en el hecho de que los militares deben regresar a sus cuarteles y deberán actuarán como coadyuvantes en la búsqueda del orden.

El tema, sin embargo, es delicado porque en el país no hay una estructura policiaca confiable. El 80% de los cuerpos de policía del país están vinculados al crimen organizado, razón por la que el narcotráfico y el robo de combustibles está en auge en todo el país. No hay quien ponga orden. Y cuando el Ejército entra al combate de la delincuencia termina matando a los civiles. Es una acción de venganza después del asesinato de cuatro solados, el paso 3 de mayo, en la zona más caliente dominada por los “guachicoleros”.

El robo de gasolina seguirá en México mientras el gobierno no combata la red de corrupción que saquea a Pemex. Es una lucha entre ladrones, según indican los hechos. Los delincuentes de cuello blanco saquean a Pemex y los “guachicoleros” son vistos por el gobierno como los verdaderos ladrones de la riqueza del país. Aquí todo indica que el ladrón roba al ladrón. Sólo que el gobierno tiene el monopolio de la fuerza y la usa para poner orden ejecutando civiles por venganza.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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