La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados no ha legislado sobre la emergencia que vive el país en materia de sobrepeso, obesidad y diabetes por el consumo de alimentos chatarra y tampoco escucha a los especialistas en el tema y sus advertencias, coincidieron activistas por el derecho a una alimentación sana y el Diputado Rafael Hernández Soriano. En cambio, plantearon, sí deja que Coca-Cola, Pepsi y McDonald’s decidan las políticas de prevención de salud y obesidad en nuestro país, debido a un fuerte conflicto de interés con esa millonaria industria.
Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– Hace cinco meses, el Gobierno de México declaró al país en emergencia epidemiológica por sobrepeso, obesidad y diabetes. Sin embargo, para la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ese estado de urgencia ha pasado de largo, pues no ha trabajado en la implementación de acciones concretas para mitigar el problema, denunciaron Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y el legislador perredista Rafael Hernández Soriano.
Lo peor, dicen, es que en el periodo legislativo que recién concluyó la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados no legisló para detener la epidemia de mexicanos gordos y enfermos, pero en cambio su inacción dejó al descubierto que existe un conflicto de interés con la industria de los productos chatarra e incluso deja que los cabilderos de Coca Cola, Pepsi o McDonald’s decidan sobre asuntos de salud pública.
En entrevista para SinEmbargo, Karina Sánchez Bazán, investigadora especializada en el tema de conflicto de interés en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), expuso que, en teoría, dicha Comisión debió crear iniciativas de Ley que protejan la salud de los mexicanos e intervenir cuando ésta se encuentre en riesgo o sea vulnerada. No obstante, dijo, la actual legislatura se ha caracterizado por guardar silencio respecto a lo que ocurre actualmente en temas de salud pública.
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«Ellos deberían ser una de las primeras líneas de defensa. Hay asuntos que debieran ser de su interés y no están en su radar o no están dentro de su interés y que sí son importantes para la salud pública en México. Los temas importantes que los legisladores debieran abordar tienen relación con la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes», destacó.
Dicha estrategia fue anunciada por el Presidente Enrique Peña Nieto en 2013 con el objetivo de combatir el sobrepeso y la diabetes.
Entre las obligaciones que la Comisión debería ejecutar, la académica mencionó el citar a la Secretaría de Salud e incluso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a comparecer sobre los resultados de dicha estrategia, ya que, criticó, el etiquetado frontal de los alimentos no es efectivo porque no sigue las recomendaciones internacionales de los niveles de azúcar, por ejemplo.
«Los diputados tendrían el derecho también a citar a comparecer a Cofepris para preguntarles por qué el etiquetado actual no cumple con las recomendaciones internacionales», indicó.
En el mismo sentido, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor (EPC), acusó que en México, uno de los países con los mayores índices de sobrepeso, obesidad y diabetes en el mundo, «tenemos una Comisión de Salud que brilla por su ausencia, que es lo que a la industria le interesa más: que no exista, que no se vea. Las industrias hacen lo que hacen, que es el negocio, gracias a los legisladores que no hacen su trabajo».
Los legisladores, dijo, obedecen a los intereses de las grandes corporaciones y se encuentran inmersos en «una profunda ineptitud y un desconocimiento». También aseguró que la responsabilidad de la situación que vive actualmente México en el tema de obesidad y diabetes «recae en los funcionarios y en los legisladores que se han vinculado a los intereses empresariales o que en su profunda ignorancia dejan las cosas como están».
COMISIÓN DE SALUD Y COCA-COLA
Hace algunos días, el Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rafael Hernández Soriano, denunció que la Comisión de Salud le recomendó reunirse con representantes de Coca-Cola, luego de no obtener respuesta sobre una iniciativa que incluye reformas a la Ley de Salud para atender, prevenir y erradicar la diabetes mellitus.
El legislador explicó a este diario digital que a finales de agosto de 2016 entregó la propuesta en materia al doctor José Narro Robles, Secretario de Salud; no obstante, a pesar de que se comprometió a analizarla, no hubo respuesta alguna por parte del funcionario federal. Por ello, en octubre pasado, el equipo de trabajo del Diputado presentó el proyecto ante sus pares, pero una vez más fue ignorado.
«[Narro Robles] Me dijo que le diera tiempo para revisarla y en un mes prometió dar una audiencia a los diputados. Yo he estado esperando todavía esto. Como no llegó la respuesta presenté la iniciativa en el pleno de la Cámara en octubre y fue turnada a la Comisión de Salud. No fue dictaminada, así que tuve que solicitar una prórroga en dos ocasiones», dijo.
Después, añadió, José Zamora, asesor de la Comisión de Salud, informó al equipo de Hernández Soriano que el dictamen «venía en sentido negativo», pero que él podría «presentarlo con la gente de los cabildeos de Coca-Cola».
«[La Comisión de Salud] No tiene la claridad que en el Congreso se legisla. En todo caso, las comisiones pueden escuchar a las personas que hacen cabildeo, pero no guiarse por eso. […] Lo que me ha llamado mucho la atención es que Coca-Cola, Pepsi y McDonald’s son las que están decidiendo las políticas de prevención de salud y obesidad en nuestro país. Tienen un conflicto de interés muy fuerte con las industrias millonarias […] No podemos dejar a nuestro país en manos de la industria privada, en consorcios muy poderosos y mucho menos cuando se trata de la salud de los niños y adolescentes. No sólo es un conflicto de interés lo que está sucediendo, sino un crimen que sobrepone los intereses económicos y deja del lado la urgencia de reducir los números de muertes por obesidad y diabetes», denunció Zamora.
El Diputado aclaró que no le «espanta» sentarse a platicar con los representantes de Coca-Cola porque, reconoció, todo el proceso legislativo debe iniciar escuchando a todas las partes. Sin embargo destacó: «también necesito escuchar al Secretario de Salud que no me ha dado la cita, necesito ver qué dice la Organización Panamericana de la Salud al respecto, para saber si es viable o no es viable lo que estamos proponiendo o qué se puede mejorar».
Aunque la académica Sánchez Bazán aclaró que las enfermedades tienen causas epidemiológicas multidimensionales, reconoció que la falta de regulación y de una política de gestión de conflicto de interés sí tiene un impacto negativo en la salud pública. Y cuestionó: «¿Quién está haciendo la política de salud pública en el país?».
«Lo que busca la academia, la investigación y algunos funcionarios es proteger la salud, y los intereses de las grandes corporaciones no son necesariamente proteger la salud, sino incrementar sus ventas. Esto en México es muy grave porque no tenemos una regulación al respecto, lo que permite que las corporaciones puedan entrar tan intensamente como quieran en la legislación nacional», alertó.
Por ello, mencionó que la experiencia internacional ha demostrado que los tomadores de decisiones públicas, como son los legisladores, deben tener un entrenamiento básico en el tema del conflicto de interés, a fin de conocer qué acciones deben evitarse e hizo un llamado a la Comisión de Salud a acercarse a los especialistas y a los técnicos en salud pública y a no hacer «oídos sordos» ante la epidemia de obesidad y diabetes que ha sido decretada en México, única en América Latina anunciada sin ser una enfermedad infecciosa.
«El país necesita legisladores comprometidos con proteger la salud de los mexicanos, por encima de cualquier interés privado», destacó.
De igual manera, Alejandro Calvillo urgió: «Se requiere que la política pública se diseñe sin conflicto de intereses y con los expertos y se requieren funcionarios y legisladores que se enfrenten a estos intereses. La desgracia es que [los diputados] no están actuando por el interés público, en medio de una emergencia epidemiológica».
