El 26 de enero de 2015, Eduardo Sánchez, vocero de Presidencia de la República, y Guillermo Haro Bélchez, Procurador Federal de Protección al Ambiente, informaron sobre la clausura definitiva de las obras del proyecto de Real Estate Dragon Mart Cancún, por daño ambiental en la zona.
Sin embargo, la abogada que promovió el amparo para lograr dicha cancelación, así como organizaciones civiles, denunciaron que hasta la fecha no se ha hecho justicia en torno a la devastación y el daño ambiental que ese proyecto fallido generó en Quintana Roo e incluso en aguas subterráneas de Yucatán.
Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- Organizaciones civiles ambientalistas hicieron un llamado a las autoridades a ejercer justicia contra los funcionarios de la anterior administración de Quintana Roo, a cargo de Roberto Borge Angulo, quienes expidieron los permisos para desarrollar el mega proyecto comercial Dragon Mart Cancún, que provocó devastación en un ecosistema costero ubicado a menos de 3 mil 500 metros de la costa y del Área Natural Protegida Arrecife de Puerto Morelos y sobre el sistema de aguas subterráneas de la Península de Yucatán.
El 26 de enero de 2015, Eduardo Sánchez, vocero de Presidencia de la República, y Guillermo Haro Bélchez, Procurador Federal de Protección al Ambiente, informaron sobre la clausura definitiva de las obras del proyecto de Real Estate Dragon Mart Cancún, por daño ambiental en la zona. Sin embargo, la abogada que promovió el amparo para lograr dicha cancelación, así como organizaciones civiles, denunciaron que hasta la fecha no ha existido justicia en el caso.
Dragon Mart pretendía construir y operar un complejo comercial, turístico y habitacional, constituido por 3 mil 040 locales, 722 viviendas, una planta desaladora, y más, en un predio de 561 hectáreas. En octubre de 2012, apenas un año después de que Borge Angulo asumiera la gubernatura de Quintana Roo se planteó que el proyecto sería el más grande centro de exhibición y venta de productos chinos, fuera del país oriental.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) alertó desde entonces que el desarrollo, al ser de infraestructura habitacional, urbana, y comercial, y al afectar un ecosistema costero, debía sujetarse a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y a su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA).
No obstante, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció en mayo de 2014 que la obra no contaba con registro de evaluación de impacto ambiental y, por tanto, se desconocían los riesgos que podría representar para el medio ambiente y los recursos naturales, a pesar de las denuncias de organizaciones sociales de la región en las que se destacaban las afectaciones y daños en el área denominada «El Tucán».
Los desarrolladores del proyecto informaron en agosto del mismo año que la Profepa envió una notificación sobre una multa por más de 7 millones de pesos por no tener registro de impacto ambiental; sin embargo, declararon que el proyecto contaba con la aprobación de los tres órdenes de Gobierno en materia de impacto ambiental.
En entrevista para SinEmbargo, Alejandra Serrano Pavón, ex directora de la Oficina Sureste del Cemda, quien en su momento promovió el amparo que logró la cancelación definitiva del proyecto, aplaudió el actuar de la actual administración de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y exigió que los daños ocasionados al predio sean resarcidos y los responsables sean sancionados, a fin de evitar que otra devastación similar suceda en el país.
«Afortunadamente la Profepa, con el Procurador Haro, hizo la diferencia porque le ha dado un seguimiento puntual al caso. Desafortunadamente, la Profepa [de la delegación quintanarroense, entonces a cargo del funcionario Guy Adrián Piña Herrera, no había reconocido ni el daño ni que se trataba de selva ni que era un ecosistema importante y que requería la autorización de impacto ambiental», dijo la hoy consultora independiente.
«Como ciudadana, como quintanarroense, como mexicana me da mucho gusto. Creo que ante el contexto que estamos viviendo en el país en el tema de falta de aplicación de la legislación en materia ambiental y de la violación del derecho a un medio ambiente sano, es un muy buen precedente porque cuando se da seguimiento y la sociedad civil y las comunidades insisten a las autoridades, se pueden tener buenos resultados y es alentador ante el panorama de focos rojos que hay en todo México por temas ambientales. Lo celebro y espero que las autoridades pongan esa misma intención y seguimiento en todos los demás casos que hay a nivel local y nacional», añadió.
En el mismo sentido, Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema), estacó la necesidad de recuperar el área afectada y de castigar a los responsables.
«Exhortamos a la Semarnat a que haga un programa para que se reforeste y se haga todo lo necesario para salvar el área porque finalmente es parte de un humedal y no puede quedar así. Tiene que haber consecuencias a los actos cuando se hace sin permisos, sin manifestación de impacto ambiental y cuando se brincan las leyes como lo hicieron. Dragon Mart es un ejemplo de corrupción», condenó, Domínguez Rodríguez.
La empresa informó que en noviembre de 2012 la Profepa determinó que el anterior propietario de “El Tucán” contaba con todas sus autorizaciones para remover la vegetación y realizar trabajos de extracción de material pétreo, emitiendo así en “Resolución Definitiva que causó ejecutoria que no existía irregularidad alguna en el inmueble”.
Dijo que presentó la Manifestación de Impacto Ambiental ante el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Gobierno de Quintana Roo, autoridad competente en la materia, y le fue otorgada la autorización para la construcción del proyecto.
La empresa detalló que en septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Benito Juárez le otorgó la Licencia de Construcción. “Por ello, en el mes de diciembre del 2013 inició la ejecución de los trabajos de construcción”, informó.
Para establecerse, removió 87 hectáreas de selva y la construcción cuenta “con la influencia y el legado de la cultura china ancestral divididos en cuatro áreas fundamentales: área de intercambio comercial para exhibición y venta de mercancías al mayoreo y menudeo; áreas funcionales con instalaciones para centros de negocios; oficinas, restaurantes, centros culturales y turísticos. Zona libre para el almacenamiento de mercancías y espacios habitacionales”.
En enero del año pasado, la abogada Alejandra Serrano expuso que el Gobierno de Borge “desafortunadamente ha impulsado proyectos como Dragon Mart, que fue anunciado como el proyecto de esta administración. Hace falta que en los programas de ordenamiento ecológico el Gobierno estatal tenga una posición más de sustentabilidad porque vemos muchas veces que no logra conciliar el tema de conservación con desarrollo. Creemos que el mismo Gobierno debería ser el que impulsara para que se encontrara un punto medio y aún no encuentra esa fórmula en los programas de ordenamiento”.
“[El Gobierno] todavía se encuentra en un conflicto de no entender que conservación de recursos también es calidad de vida y una mejor inversión”, agregó hace poco más de un año.
