Este 11 de abril, Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz cumple 181 días prófugo de la justicia mexicana, un día más de lo que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto tardó en recapturar a Joaquín Guzmán Loera, el supuesto narcotraficante más poderoso del mundo. Para analistas como José Antonio Crespo, Alberto Aziz Nassif y Daniel Vázquez Valencia el caso de Javier Duarte es una expresión mayúscula de la corrupción y la impunidad de la clase política en México, y de la falta de voluntad del actual Gobierno federal para ejercer la justicia, ya sea por complicidad o por omisión.
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Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– Cayó su ex Secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo, acusado del delito de “coalición” y detenido el pasado 29 de marzo. Cayó su ex Secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita, e incluso el Gobernador que lo sucedió como interino y a quien se le ha atribuido permitir su fuga, Flavino Ríos Alvarado.
El ex Gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sin embargo, sigue prófugo y, hoy, cumple 181 días sin que se conozca sobre su paradero; periodo de impunidad que rebasa al que gozó incluso Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” el presunto narcotraficante más poderoso del mundo.
“La pregunta para mí es si hay voluntad de atraparlo y de traerlo, porque se sospecha también que tiene mucha información comprometedora, porque sí estuvo ayudando la campaña presidencia de 2012; eso lo sabemos”, consideró el investigador de temas políticos, José Antonio Crespo.
“Él podría decir: ‘yo también tengo mi versión de las cosas’, que puede comprometer muy fuertemente al Presidente, y que por eso pensamos que lo dejaron ir; entonces, no sé si les convendría atraparlo”, agregó Crespo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica.
Electo Gobernador de Veracruz en 2010, Duarte de Ochoa formó parte del grupo de mandatarios que incluyó al chihuahuense César Duarte Jáquez y al quintanarroense Roberto Borge Angulo y sobre quienes, en mayo de 2012, el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto aseguró que eran “el nuevo rostro” del Partido Revolucionario Institucional.
Cinco años después, los tres enfrentan cargos de corrupción y, por el veracruzano, el Gobierno del hoy Presidente Peña Nieto ofrece una recompensa de 15 millones de pesos para quien entregue información que dé con su paradero.
De los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México aparece en el primer lugar cuya población percibe con mayores niveles de corrupción política. El actual sexenio, además, está marcado por las residencias que tanto Peña Nieto como su Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, adquirieron de parte de uno de los principales contratistas de esa administración. El chihuahuense César Duarte está también prófugo y tiene una denuncia pendiente por haber adquirido, mientras era mandatario, las acciones de un banco regional.
Ni él, sin embargo, iguala la cantidad de recursos públicos de origen federal cuyo destino no pudo probar el veracruzano [más de 35 mil millones], además de los excesos develados por las autoridades oficiales que lo están persiguiendo.
“El caso de Javier Duarte es una expresión mayúscula de la corrupción política en México”, consideró Alberto Aziz Nassif, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
“Dejó su estado en una situación de total debilidad en términos de seguridad, se robó el dinero, se amafió con los grupos del crimen organizado y, a final de cuentas, tuvo la posibilidad de escapar de la justicia y sigue como un prófugo que, en efecto, ha superado esta fecha que marcan con respecto a la cantidad de días que estuvo prófugo El Chapo”, agregó el académico.
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“MAXIMA EXPRESION DE LA IMPUNIDAD”
La presión política en contra de Duarte de Ochoa empezó a ser pública a partir de febrero de 2016, después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) difundió el resultado de la revisión a la cuenta pública de 2014 y encontró que el Gobierno del veracruzano presentaba más de 35 mil millones en recursos no explicados.
Un día después de ese informe, el Senado de la República aceptó un punto de acuerdo promovido por la bancada del Partido Acción Nacional para realizar un juicio político contra el mandatario y, ese mismo día 23 de febrero, el hoy Gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, advirtió que el mismo Partido Revolucionario Institucional buscaba pedirle la renuncia.
“Estoy en D.F, tengo información de que van a quitar a @Javier_Duarte para proteger al PRI y a @HectorYunes el candidato tapadera. Pendientes”, escribió Yunes Linares en su cuenta de la red social Twitter.
La intención de la dirigencia nacional del PRI, entonces a cargo del Manlio Fabio Beltrones, era remover a Duarte de Ochoa de la gubernatura antes de la elección de junio, a fin de enviar un mensaje de castigo a la corrupción que, preveían en el tricolor, les costaría la primera derrota en el tercer estado con el padrón electoral más grande de México.
Una intervención de Duarte ante la Presidencia de la República, sin embargo, habría detenido su salida. El argumento del veracruzano, de acuerdo con una versión consultada, fue que “no olvidaran que el destino [de los recursos] había sido para la campaña” de Peña Nieto.
En abril de ese año, como primer acto de su campaña, el mismo Yunes Linares presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y, el 5 de junio siguiente, en alianza con el Partido de la Revolución Democrática, ganó la elección en la que el Partido Revolucionario Institucional perdió por primera vez el Poder Ejecutivo en la entidad.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta entonces, mantuvo su relación con el mandatario. Datos oficiales indican que, todavía el 1 de septiembre, la Secretaría de Salud hizo una transferencia de más de 327.4 millones de pesos al Gobierno del todavía mandatario.
La PGR, mientras, de acuerdo con la versión oficial, recibió desde el 19 de septiembre el oficio de la Fiscalía de Veracruz para atraer las carpeta de investigación FESP/013/2016/1-04 y FESP/216/2016/14-07, ambas por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
Aun así, Duarte estuvo en la Ciudad de México hasta el 11 de octubre siguiente, cuando se reunió con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de acuerdo con el mismo integrante del gabinete presidencial, le notificó sobre su solicitud de licencia.
“Yo lo recibí [a Duarte] un día de antes de que pidiera licencia. Él me dijo que habría de dejar el Gobierno. Señaló que no tenía nada que ver en todo lo que le señalaban y yo le comenté que eso lo tenía que decir ante la justicia”, explicó Osorio Chong el 24 de octubre pasado en entrevista con Joaquín López Dóriga para Grupo Fórmula.
“Al otro día renunció”, dijo el mismo funcionario.
El 12 de octubre, el veracruzano acudió a una entrevista con Carlos Loret de Mola, de Televisa, que le recordó las acusaciones de la PGR, de la ASF, las denuncias por mil 45 millones de adeudos a los trabajadores del Estado, más de 30 empresas detectadas por el Servicio de Administración Tributaria y que habrían recibido contratos fantasmas, entre otros cargos.
“Hay que analizar dos cosas: uno son las denuncias presentadas contra mi persona y otra cosa son las denuncias que hay contra la administración, en donde probablemente exista alguna situación que las instituciones habrán de determinar si hay responsabilidad o hubo uso indebido de atribuciones”, dijo Duarte.
“Vengo hoy aquí a tu estudio a hacer un anuncio de la manera más clara y un anuncio de la mayor importancia y trascendencia: precisamente a raíz de esta situación es que he tomado la determinación de, el día de hoy, solicitar al Congreso del Estado licencia para poder separarme del cargo de Gobernador”, agregó Duarte.
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Fue la última vez que se le vio en público. El 17 de octubre siguiente, Yunes Linares, entonces ya Gobernador electo de Veracruz, aseguró también en Televisa tener información de que Duarte de Ochoa se habría ido de la entidad en un helicóptero facilitado por Flavino Ríos.
Dos días después, la entonces Procuradora Arely Gómez confirmó el inicio de la búsqueda del ex mandatario y nueve personas más por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero y, el 21 de octubre, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) catearon diversos inmuebles del priísta en la ciudad de México.
El acuerdo federal para el ofrecimiento de una recompensa de 15 millones para quien aporte información sobre el paradero de Duarte fue publicado el 11 de noviembre y, el 13 de ese mes, se le congelaron 112 cuentas y se le aseguraron cinco empresas y cuatro propiedades, entre ellas el Rancho Las Mesas, en el estado de México, y cuyas dimensiones –92 hectáreas– y lujos fueron difundidas en un video por la PGR.
“Se han realizado cuatro operativos en el Estado de Veracruz, en los cuales participaron más de 150 elementos ministeriales quienes han realizado diversas diligencias en instituciones estatales”, informó la PGR entonces.
“A efecto de obtener información sobre inmuebles adquiridos, cuentas bancarias en el extranjero y localización de empresas y personas relacionadas con los hechos investigados, se han tenido reuniones interinstitucionales y solicitado asistencia jurídica a los gobiernos de Estados Unidos de América, España y Costa Rica”, agregó el Ministerio Público del estado.
Nada, sin embargo, ha tenido éxito en la ubicación de un mandatario cuyo nivel de excesos fueron evidenciados en febrero pasado, cuando el nuevo Gobierno veracruzano reportó haber encontrado en la localidad de Córdoba una bodega con objetos y documentos de Duarte de Ochoa y de su esposa, a quien se le atribuye una libreta con la frase “sí merezco abundancia” escrita decenas de veces.
“Los excesos en el poder, de lo que nos están hablando es de este pacto de impunidad: en la medida en la que ellos se saben que son abiertamente intocables, pues también en esa medida llegan a ciertos niveles de cinismo como estos que estamos viendo, y no solamente en el caso de Duarte; me parece que se repiten de forma sistemática, el caso de la Casa Blanca”, consideró Daniel Vázquez Valencia, investigador de temas de política y derechos humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
