En diversas ocasiones, organizaciones de la sociedad civil han destacado la importancia del manejo forestal comunitario. Actualmente, el 70 por ciento de los bosques mexicanos se encuentra precisamente bajo el resguardo de los pueblos, sin embargo, con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la actividad estaría amenazada y con ello, el bienestar de los bosques.
Chignahuapan, Puebla, 11 de abril (SinEmbargo).– En un pequeño poblado ubicado en la Sierra Norte de Puebla, la gente ha dedicado su vida a evitar que el verde que colorea el paisaje se borre. Más de 380 ejidatarios de Acolihuia, en Chignahuapan, han trabajado para recuperar los suelos degradados y convertirlos en superficie boscosa.
Gracias a la organización y al manejo forestal que la comunidad ha ofrecido, 550 hectáreas que hasta hace una década eran utilizadas para alimentar al ganado hoy son el hogar, principalmente, de cuatro especies de pino: greggii, montezumae, teocote y pseudostrobus, que aseguran importantes beneficios y servicios ambientales. Y dan empleo e ingresos a las familias.
En diversas ocasiones, organizaciones de la sociedad civil han destacado la importancia del manejo forestal comunitario. Actualmente, el 70 por ciento de los bosques mexicanos se encuentra precisamente bajo el resguardo de los pueblos.
Pero con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), la actividad estaría amenazada y con ello, el bienestar de los bosques.
Algo similar pasó con los animales de circo: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), una apéndice del Revolucionario Institucional (PRI), prohibió el uso de especies en estos espectáculos y no cuidó a los animales. Todos fueron vendidos al mejor postor. Muchos murieron. Lo mismo se espera con los bosques.
La nueva Ley promovida por el PVEM deja la puerta abierta a la tala ilegal y pone en riesgo los servicios ambientales que ofrecen los bosques gracias al manejo comunitario, tales como la captura de agua y carbono; la conservación de la biodiversidad, además de los beneficios para el clima y el paisaje.
«[La Ley] pone el riesgo de que no se protejan los servicios ambientales y puede resultar dañina para los bosques. Además, reduce la participación ciudadana y la transparencia y deja el poder en pocas manos», indicó Raúl Benet, coordinador de políticas publicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvucultura Sostenible, en entrevista para SinEmbargo desde la Sierra Norte de Puebla.
De acuerdo con datos oficiales, en Acolihuia habitan 505 personas y 384 se dedican al cuidado del ejido. Adicional a las 550 hectáreas reforestadas desde 2007, los ejidatarios cuentan con un área de 477 hectáreas de bosque natural que tienen bajo manejo, producción y aprovechamiento sustentable desde hace más de treinta años.
Las actividades que los pobladores realizan cada día consisten en el ordenamiento territorial comunitario, que permite decidir sobre los usos y destinos de los predios. Asimismo, llevan a cabo el aprovechamiento de madera, que se funda en un programa de manejo forestal autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y dirigido por un profesional técnico.
La comunidad se organiza en 32 comisiones integradas por 12 personas cada una, a fin de realizar actividades como los preaclareos, podas, mantenimiento de brechas cortafuego; el mantenimiento de caminos forestales y el monitoreo de la biodiversidad.
Cada día del año las brigadas recorren los bosques para vigilar que no se detonen incendios ni ingresen taladores ilegales, por ejemplo, además de dar mantenimiento. Es importante señalar que las decisiones en torno al ecosistema se toman de manera colectiva y las ganancias del aprovechamiento maderable se distribuyen equitativamente.
Benet explicó que las regiones forestales comunitarias del país como Chignahuapan requieren una Ley que favorezca la competitividad de las empresas forestales comunitarias y «la Ley [General de Desarrollo Forestal Sustentable] que se está aprobando no lo hace, sigue teniendo una regulación muy equivocada, onerosa que no reconoce el esfuerzo de las comunidades», acusó.
Asimismo, señaló que la Ley que podría ser aprobada por el Senado de la República, «no está orientada a detener el tráfico ilegal de madera, lo cual afecta gravemente a los ejidos y comunidades que llevan un manejo sustentable y se rigen legalmente». Por si fuera poco, la iniciativa, dijo, tampoco favorece instrumentos de participación y de transparencia.
«Las comunidades necesitan que los recursos forestales de ejerzan de manera transparente, que se promueva la competitividad, que se combata la ilegalidad y se respeten sus derechos plenos», urgió.
Al abordar el tema de los servicios ambientales que prestan los bosques, gracias al trabajo de los ejidatarios, como son la captura de agua y carbono; la conservación de la biodiversidad, el clima y el paisaje, Benet destacó que «la Ley debería reconocer el derecho que tienen las comunidades a recibir los beneficios derivados de los servicios ambientales que prestan […] Debería haber una retribución, no quiere decir que no la haya, pero no se reconoce como un derecho y se deben traducir en beneficios económicos».
La captura de carbono, por ejemplo, mitiga el cambio climático, que es un beneficio para el planeta entero, explicó.
Además, aclaró que aunque es independiente a la Ley, el recorte del 63 por ciento al presupuesto de la Conafor este año podría afectar el buen manejo en los ecosistemas forestales, ya que la Ley precisamente otorga atribuciones a dicho organismo.
«[En recorte] impacta fuertemente a las comunidades porque les retiran recursos para pagos por servicio ambientales, para el fomento, para la conservación, para la regeneración de los bosques y para fortalecer las capacidades empresariales de los ejidos y comunidades», lamentó.
Aunque fue el PVEM el instituto político que presentó en la Cámara de Diputados la «deficiente» iniciativa para promulgar una nueva LGDFS, Benet aseguró la Ley obedece al interés del Gobierno federal y de la Conafor y «lo que el Partido Verde hace es promoverla en el Congreso».
La iniciativa fue aprobada, con la oposición de las fracciones parlamentarias Movimiento Ciudadano, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), el pasado 7 de marzo del 2017 y fue turnada al Senado para ser promulgada.
Desde la presentación de la iniciativa, organizaciones civiles han alertado sobre los retrocesos que esta Ley significaría para el sector forestal en materia de derechos humanos, participación y transparencia; además de numerosas omisiones en temas fundamentales como son salvaguardas sociales y ambientales, fortalecimiento de la legalidad en el mercado de la madera y productos forestales, fortalecimiento de una política de manejo comunitario y planeación forestal de largo plazo, entre otros.
«Las consecuencias de una ley así serán un mayor daño al bosque y más pobreza en los territorios forestales», han reiterado organizaciones como la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), entre otras.
Ante este panorama, Benet hizo un llamado al Senado a escuchar el punto de vista de las comunidades –quienes desconocen la Ley– y a que organice foros y talleres, ya que en este momento tiene en sus manos la decisión de aprobarla o de abrir un proceso de análisis y consulta, razón por la que el pasado 22 de marzo las ONGs entregaron más de 16 mil firmas recabadas en la plataforma Change, que apoyan la exigencia.
«A pesar de nuestra insistencia y de que la mayor parte de los bosques y recursos forestales se encuentran en tierras propiedad de indígenas y campesinos, no se ha realizado un solo foro de consulta ni se ha dado información de manera oportuna por parte del Congreso a los dueños de los terrenos forestales; tampoco se ha propiciado la participación de la sociedad civil organizada que trabaja temas forestales y ambientales», han acusado las organizaciones.
