Actualmente existen mercados de emisiones que operan en distintos países y que afectan a diferentes gases; la Unión Europea puso en marcha el 1 de enero de 2005 el mercado de CO2 más ambicioso hasta la fecha.
Por Alberto Iglesias Fraga
Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo/Ticbeat).- En la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, el rol de la industria parece clave. No en vano, y junto al transporte rodado y las calefacciones, el tejido industrial es uno de los mayores emisores de gases nocivos a la atmósfera y, muy especialmente, de CO2 (dióxido de carbono). Sin embargo, y pese a que los efectos negativos de estos gases se conocen desde hace décadas, las empresas (y los países, a una escala superior) habían hecho caso omiso a su reducción, dado que no existía ningún incentivo inmediato a hacerlo (y parece que la ética humana sigue sin estar en la agenda corporativa).
Es por ello que se diseñó el comercio de derechos de emisión: un mercado donde rigen las mismas reglas del modelo capitalista para premiar o castigar económicamente a las compañías y países en función de sus emisiones de CO2. El objetivo del plan era que las plantas industriales más contaminantes redujeran, en bloque, sus emisiones ante la amenaza de tener que pagar sanciones multimillonarias por incumplir su cuota permitida o, en caso contrario, tener que desembolsar una buena suma para comprar derechos a terceros que hayan emitido menos CO2 del que tenían autorizado.
Así pues, cada instalación afectada por el régimen de comercio de derechos de emisión obtiene una serie de licencias para lanzar una determinada cantidad de gases a la atmósfera; permiso que es transferible y se puede comprar y vender. Como se proporcionan menos derechos de los que son necesarios (se valora en función del objetivo medioambiental a lograr), las licencias obtienen un alto valor por su escasez, obligando a las compañías a invertir o bien en la mejora de la eficiencia de sus plantas o, por el contrario, en la compra de licencias a otras empresas que sí lo hagan.
Todas las compañías afectadas deben llevar un control de sus emisiones, con objeto de que se pueda determinar qué cantidad de derechos de emisión deben entregar. Al final de cada año, las instalaciones deben entregar a las autoridades una cantidad de derechos de emisión equivalente a las emisiones reales producidas. Como indican desde el MAGRAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), no se establecen límites de emisión individuales, pero sí un límite global y la citada obligación de cubrir los excesos con la compra de licencias a terceros.
LOS MERCADOS DE CO2
La teoría parece sencilla, pero después el mercado resulta extremadamente complejo al coexistir un gran número de licencias distintas con distintas implicaciones legales: Derechos de Emisión (EUAs), Créditos de Carbono (CERs), Unidades de Reducción (ERUs) o Reducciones Voluntarias (VER) son los más comunes.
Además, el funcionamiento propio del mercado de emisiones se ha ido complicando con el paso del tiempo. Si bien en los dos primeros períodos de este plan (2005-2007 y 2008-2012) el modelo era el de la ley de oferta y demanda pura, en 2013 se introdujo un sistema de subastas para presionar todavía más a las empresas y países a invertir en energías renovables y eficiencia en sus plantas industriales, además de generar más volumen de negocio en este particular mercado de valores. De este modo, y usando el ejemplo de España, las mil instalaciones afectadas por esta regulación en nuestro país contaban con unas 150 millones de toneladas de CO2 autorizadas, cifra que se redujo a apenas 76.70 millones con la introducción de las subastas. De este modo, todas las empresas que superen el límite tendrán que acudir directamente a estas subastas desde un inicio, especialmente las compañías eléctricas, que no reciben ni una sola licencia gratuita.
Actualmente existen mercados de emisiones que operan en distintos países y que afectan a diferentes gases. La Unión Europea puso en marcha el 1 de enero de 2005 el mercado de CO2 más ambicioso hasta la fecha (Directiva 2003/87/CE) que cubre, en los 27 Estados miembros, las emisiones de CO2 procedente de la actividad de centrales térmicas, cogeneración, instalaciones de combustión de potencia térmica superior a 20MW (calderas, motores, compresores…), refinerías, coquerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio y papeleras.
¿CUÁNTO CUESTA LIBRARNOS DEL CO2?
A pesar de todos estos esfuerzos por penalizar con un alto precio las emisiones de CO2 de las empresas más contaminantes, lo cierto es que el coste de estos derechos ha caído drásticamente en los últimos años. Según datos de Sendeco2, una plataforma de compra y venta de este tipo de certificados, el precio de un derecho de emisión de CO2 ha pasado de los 22.02 euros de media en 2008 a los apenas 5.18 euros a los que se cotiza en lo que llevamos de 2017. Igual ha sucedido con los créditos de carbono, que e han desplomado desde los 17.47 euros hasta los 0.28 euros en la actualidad.
Podríamos pensar que este descenso en los precios es una buena señal, de que las compañías han hecho suficientes mejoras en sus plantas para evitar tener que acudir al mercado de CO2 para compensar sus emisiones. Aunque es cierto que se ha mejorado mucho en esta parcela, la realidad es que el bajón en la cotización de los derechos de emisión responde más a causas coyunturales, como la crisis económica, que han reducido los ritmos de producción de muchas de las fábricas y, por ende, de sus emisiones contaminantes.
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