Era el 6 de enero de 2003. Luis Edmundo González Elizondo, «La Güicha», ex Presidente Municipal interino de Nuevo Laredo, Tamaulipas, festejaba su cumpleaños en el salón “América”, donde se dieron cita políticos, empresarios y hasta capos del narcotráfico para agasajarlo. Había unas cuatrocientas personas.

El invitado de honor era el empresario Fernando Alejandro Cano Martínez –a quien las autoridades estadunidenses buscan en varios países por sus presuntos vínculos con el crimen organizado –constructor consentido de Tomás Yarrington Ruvalcaba, entonces gobernador de Tamaulipas y principal enlace con los jefes del cártel del Golfo, sus financieros.

La fiesta estaba en su apogeo. Entre choque de copas, abrazos, risas y una estruendosa música grupera Fernando Cano caminaba de mesa en mesa y saludaba a los invitados. La fiesta en realidad era el pretexto de Cano Martínez para sacar a la palestra al sucesor de Tomás Yarrington Ruvalcaba — de quien también fue socio –: Eugenio Hernández Flores, en ese momento Alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Hábil en el tejido de relaciones, señalado como lavador de dinero de la mafia y fino estratega en los negocios de la política, Fernando Cano no desperdició el momento para impulsar a Hernández Flores, quien vio en Cano a su principal promotor político y no lo soltó hasta convertirse en candidato del PRI a la gubernatura de esa entidad, donde después de ganar las elecciones heredó el poder con todo y los intereses criminales.

El pasaje anterior está narrado en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 por Antonio Peña Argüeyes, un empresario de Nuevo Laredo que, al igual que Fernando Cano, fue enlace del cártel del Golfo con Tomás Yarringtón y que, tras caer en desgracia, se convirtió en el testigo estelar tanto de la Procuraduría General de la República (PGR) como de la DEA. Su clave es Ángeles.

Peña Argüeyes o el testigo Ángeles traza el perfil de Fernando Cano como empresario y enlace del narco con Yarrington y Eugenio Hernández –quien es investigado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero — al afirmar que Cano Martínez le confesó que estaba preocupado porque “el apoyo de los malos, es decir, del cártel del Golfo, estaba del lado de Oscar Laubert Gutiérrez”, entonces fuerte aspirante del PRI al gobierno de Tamaulipas, pero que no tenía la simpatía de Tomás Yarrington.

Y para emparejar las cosas en lo financiero, dice Ángeles, Fernando Cano me habló por teléfono días después de la fiesta de Luis Edmundo González “para decirme que fuera a hablar con Miguel Treviño, en ese tiempo jefe de Los Zetas en Nuevo Laredo, para pedirle apoyo económico. De esa manera Hernández Flores fue designado candidato y llegó a la gubernatura de Tamaulipas con el respaldo del crimen organizado, afirma.

Fernando Cano Martínez escaló alto en la cúspide tanto del poder político y criminal: actualmente es buscado por la justicia norteamericana, junto con Tomás Yarrington, y ambos enfrentan acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Yarrington Ruvalcaba está prófugo de la justicia desde el año 2013. Desde el 2012 se comenzaron a presentar demandas en su contra en cortes federales de San Antonio y Corpus Christi. El ex mandatario ya perdió los primeros juicios civiles y le incautaron cuentas bancarias, aviones y varias propiedades que suman unos siete millones de dólares.

Una de las primeras demandas las enfrentó en la corte de Brownsville, Texas. Fue de carácter civil y solo era para quitarle un lujoso departamento comprado en la Isla del Padre y otras propiedades. En este juicio salió a relucir que el ex mandatario adquirió, a través del empresario Fernando Cano Martínez, otras propiedades en la isla referida y en San Antonio. En ese juicio Cano también fue acusado de lavar dinero del narcotráfico.

Pese a su largo historial criminal y las acusaciones que enfrenta dentro y fuera de México, Fernando Cano goza de libertad en el estado de Nuevo León. La más reciente ocasión que se supo de él fue el 9 de febrero último cuando lo detuvieron al salir de un restaurante donde departía con amigos.

Cuando Fernando Cano advirtió la presencia policiaca, salió del lugar, tomó su automóvil y se marcho, pero algunas calles más adelante fue detenido y llevado ante las autoridades para enfrentar las acusaciones que pesan en su contra.

Sin embargo, el testaferro de Tomás Yarrington presentó un amparo, otorgado por un juez de alzada y de inmediato fue liberado a pesar de que, al igual que Yarrington, es requerido por las autoridades estadunidenses por los mismos delitos.

Pese a su largo historial, Cano Martínez vive en Monterrey, Nuevo León, muy quitado de la pena. Se sabe protegido.

El testaferro consentido

Según el expediente citado, Fernando Alejandro Cano Martínez no sólo escaló alto como empresario constructor los gobiernos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, donde adquirió contratos multimillonarios por concepto de obra pública: también se asoció con mafiosos y uno de ellos fue Antonio Peña Argüeyes, señalado en las investigaciones como lavador de dinero del cártel del Golfo y de Los Zetas.

En su calidad de testigo protegido, Argüeyes (clave Angeles) cuenta que Fernando Cano fue su prestanombres y en la etapa boyante de los negocios puso a nombre de él un avión tipo Sabre 60, cuyo valor, dice, es de doscientos mil dólares.

Después –prosigue en su testimonio –adquirió otra aeronave, ésta tipo Cessna 340, valuada en 150 mil dólares, y la registró a nombre de la empresa Villa de Aguayo S.A de C.V, la que más contratos de obra pública ganó durante el gobierno de Yarrington y cuyo propietario es Fernando Cano.

Convertido en la pieza de lavado de dinero más importante de Yarrington, Fernando Cano ganó tanto la confianza de Yarrington que incluso  se convirtió en el jefe de una larga lista de testaferros que también sirvieron al ex Gobernador tamaulipeco para ocultar su inmensa fortuna y para blanquear activos que, de acuerdo con las investigaciones, tienen su origen en la protección que brindó al crimen organizado durante su administración en Tamaulipas.

El testigo Ángeles afirma que otro de los prestanombres de Yarrington que operaba bajo las órdenes de Fernando Cano era Eduardo Rodríguez Berlanga, alias La Conga, quien es dueño de la empresa constructora “Jalambres” S.A. de C.V. y cuyo auge se logró –dice — cuando comenzó a ser manejada por Fernando Cano, quien era visto por sus socios como una suerte de mago para producir dinero.

Tan es así que durante el gobierno de Yarrington “se le denominó el constructor del sexenio y también le decían El Ahumada de Tamaulipas”, esto en alusión a Carlos Ahumada, el empresario de origen argentino que alcanzó un boyante auge financiero con gran cantidad de obras otorgadas por Rosario Robles cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Bajo las órdenes de Fernando Cano, según Ángeles, también operaban como testaferros de Yarrington Juan Manuel Sánchez, «El Piojo», dueño de la empresa cable de Tampico; también funge Alfredo Sandoval, subsecretario de egresos en el gobierno de Yarrington, quien es señalado en las investigaciones como administrador de los bienes del ex Gobernador Tamaulipeco.

La lista de prestanombres también incluyó a Cindy Chapa, quien fue secretaria de Tomás Yarrington cuando fungió como Presidente Municipal de Matamoros, a mediados de la década de los noventa.

Según el expediente registrado en la Corte de Distrito Oeste de Texas como caso 5:12-MJ-00120, Yarrington puso a nombre de Cindy López un inmueble construido en 2001, una residencia de lujo ubicada en McAllen, Texas y un lujoso departamento localizado en la Isla del Padre, bienes que fueron asegurados por el gobierno de Estados Unidos.

El control que ejercía Fernando Cano en los bienes de Tomas Yarrington y sus ambiciones, según el testigo Ángeles, no tuvieron límites. Narra en su declaración:

“Respecto de Fernando Cano Martínez, prestanombres de Tomas Cano, cuenta con los siguientes inmuebles: un rancho denominado Hacienda San Juan, de mil seiscientas hectáreas; es un rancho cinegético que cuenta con pista de aterrizaje de concreto de una milla, cuenta con hotel para cazadores y el predio fue comprado a Antonio Peláez, quien fue prestanombres de la organización de Juan García Abrego.

“Antonio Peláez se ostenta también como dueño de una isla llamada El Frontón, de cien hectáreas, la cual se ubica a veinticinco kilómetros de Tampico, Tamaulipas, pero el verdadero dueño es Tomás Yarrington”.

En el año 2004, Fernando Cano asistió a una reunión en una Quinta propiedad de Alí Rodolfo Lara, entonces secretario de Tomás Yarrington. De acuerdo con José Salvador Puga Quintanilla, ex integrante del cártel de Los Zetas y actual testigo protegido –clave Pitufo – también asistieron Eugenio Hernández Flores, Ricardo Gamundi Rosas, Heriberto Lazcano Lazcano, jefe de Los Zetas y Rodolfo Torre Cantú, el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas que en 2010 fue asesinado por el crimen organizado, aparentemente, por no pactar con el narcotráfico.

Según el testigo, la reunión se efectuó para acordar un pago fuerte de dinero, producto de la protección que se brindaba al crimen organizado en todo el estado de Tamaulipas.

Narra el testigo Pitufo:

“Después de esa reunión me tocó transportar de Valle Hermoso a Ciudad Victoria la cantidad de 25 millones de dólares, en diez maletas, en una camioneta Avalanche negra y, en la palapa de un rancho, bajé las maletas poniéndolas a la vista de Eugenio Hernández Flores. Le comenté que contenían 25 millones de dólares que le entregaba Heriberto Lazcano. De inmediato las maletas fuero subidas a una camioneta suburban blanca. Quienes se encargaron de cargar con el dinero fueron Ricardo Gamundi Rosas, Eduardo Rodríguez Berlanga y Fernando Cano Martínez.

Desde el año 2013, Fernando Cano Martínez y Tomás Yarrington enfrentan cargos en Estados Unidos por lavado de dinero y delincuencia organizada. A Cano Martínez se le acusa de utilizar el sector inmobiliario para blanquear esos capitales. Pese a que la justicia norteamericana lo requiere, el empresario consentido de Yarrington se pasea sin problemas por la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a la vista de todos. Su salvoconducto es un amparo que le impide ser detenido por cualquier autoridad local y federal.

Las acusaciones tanto de Ángeles como de Pitufo son la base en la que se sustentan los expedientes que en Estados Unidos se mantienen abiertos en contra del ex Gobernador Tomás Yarrington y de su cerebro financiero, Fernando Cano.

De Yarrington se ignora su paradero desde hace cuatro años; Fernando Cano vive en Monterrey, Nuevo León, libre por los amparos otorgados por la justicia federal y local. Vive sin mayores sobresaltos, hace vida pública y mantiene sus andanzas en los negocios tanto de construcción como inmobiliarios.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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