Activistas y organizaciones coincidieron en que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha sido una “tragedia” para el medio ambiente. Acusaron que para el Gobierno federal no ha sido una prioridad el cuidado de la biodiversidad del país. Un ejemplo claro, dijeron, fue que en su sexenio la población de la vaquita marina disminuyó un 90 por ciento y hoy está al borde de la extinción. Los activistas calificaron de “atroz, ecocida y entreguista” el actuar del mandatario priista.
Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).- La administración de Enrique Peña Nieto ha sido una «tragedia» para el medio ambiente. De acuerdo con activistas, el priista ha dejado a la naturaleza sin protección, a fin de dar paso a intereses económicos. Con el ecocidio en Tajamar, Quintana Roo; los estragos de la siembra de organismos genéticamente modificados; los daños provocados por la minería, y hasta la evidente pérdida de la población de la vaquita marina, el Presidente ha dejado claro que el cuidado de los recursos naturales no es prioridad en su Gobierno, acusaron.
El 1 de diciembre de 2012, Peña Nieto llegó a ocupar la silla presidencial en México y, desde entonces, los hechos muestran que el rubro ambiental no encabeza su lista de prioridades. Un claro ejemplo es el bajo presupuesto que ha destinado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En 2013, el presupuesto para esta dependencia fue de 56 mil 436 millones de pesos; para 2014 se elevó a 68 mil 952 millones. Pero durante los últimos dos años se le recortaron casi la mitad de los recursos: en 2015 contó con 67 mil 976 millones, para 2016 tuvo 55 mil 770 millones, mientras que para este año llegó apenas a 35 mil 978 millones.
En entrevista con SinEmbargo, Gustavo Alanis, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), aseguró que «si el tema ambiental fuera altamente prioritario [para la actual administración] no se le quitaría el 50 por ciento al presupuesto en dos años». El activista calificó la situación como «muy preocupante», pero recordó que desde administraciones pasadas el rubro ambiental ha estado en el olvido.
«Debería haber un esfuerzo de los poderes Ejecutivo y Legislativo de destinar los recursos que se requieren en materia ambiental porque de allí depende todo lo demás. La economía no puede funcionar si estamos mal ambientalmente. Creo que no hemos dimensionado la prioridad que se le tiene que dar al tema y no es de hoy, es algo que hemos venido arrastrando desde décadas atrás. No le hemos dado al tema ambiental la prioridad que se merece para que haga su trabajo de manera atinada», dijo.
Alanis señaló que probablemente exista «muy buena voluntad, mucha disposición y todo el ánimo» por parte del Gobierno mexicano para atender los asuntos del medio ambiente, pero, alertó, sin recursos suficientes poco se podrá realizar.
«Si no tenemos con qué movernos, si no hay gasolina, no nos podemos mover. Tiene que haber una sensibilidad política de la realidad ambiental y de allí partir para asignarle el dinero que requiere», sostuvo.
Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica (CDB), expuso que con el recorte presupuestal dentro del sector, «estamos prácticamente cortando la rama con la que nos estamos sosteniendo. No hay una política que vaya hacia la inversión y protección de los recursos naturales, que al final son los activos con los que cuenta el país y hay que protegerlos».
Criticó que con dicho recorte llegó el «desmantelamiento» de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), pues una gran cantidad de funcionarios fueron despedidos. Y alertó que brindar cuidado a las zonas de valor ambiental ahora resulta un problema difícil de resolver. También acusó que el papel de la Semarnat ha sido «mediocre» durante los últimos años.
EPN, «TRAGEDIA» PARA EL MEDIO AMBIENTE
Activistas acusaron que la presente administración ha dado pasos hacía atrás en la materia. E incluso calificaron al Presidente Peña Nieto como una «tragedia» para el medio ambiente.
«Todo lo que tiene que ver con medio ambiente en este sexenio ha sido una pesadilla, se está retrocediendo. Peña Nieto es una tragedia para todo México, no sólo para el medio ambiente. Necesitamos otro tipo de Gobierno, necesitamos gente que realmente tenga interés en el medio ambiente», criticó Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema).
Xane Vázquez, de Militancia por la Paz, calificó al priista como «atroz, ecocida, entreguista y hecha a modo para beneficiar a unos cuantos» y abrir paso a la devastación ambiental en aras de un «malentendido desarrollo sustentable que es inviable en zonas delicadas».
«Yo siempre me he referido a la Semarnat como la agencia de bienes raíces del Estado. EPN ha sido una absoluta y total tragedia para el medio ambiente, cuyas consecuencia aún no podemos estimar, o sea, el daño que ha hecho la política del señor Peña y sus administradores está todavía lejos de estimarse», subrayó.
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LA VAQUITA MARINA, AL BORDE DE LA EXTINCIÓN
Hasta 2012, el año en que Enrique Peña Nieto pisó Los Pinos, 200 ejemplares de vaquita marina aún vivían en el Alto Golfo de California. Casi cinco años después, el último reporte del Comité Internacional para la Recuperación de la especie (CIRVA) reveló que para febrero de 2017, apenas quedaban 30 ejemplares del único mamífero marino endémico del país, es decir, en 5 años la población de la especie ha disminuido 90 por ciento. Apenas el pasado 20 de marzo, se dio a conocer la muerte de una vaquita marina.
Especialistas y activistas han remarcado que lo que ha ocasionado el dramático declive son las redes de pesca utilizadas para atrapar a la totoaba, un pez en peligro de extinción, cuyo buche es comercializado en el mercado negro por sus supuestos poderes afrodisiacos.
Hace un par de años, Peña Nieto anunció la prohibición –que concluye el mes de abril– de uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores, con el propósito de desincentivar la pesca en el hábitat de la marsopa más pequeña del mundo a fin de evitar su desaparición. Organizaciones civiles han acusado que esta medida no ha tenido resultados positivos.
Alejandro Olivera apuntó que con la actual administración «se ha dado un retroceso en términos de cuidado al medio ambiente. Se ha dado una degradación ambiental y la pérdida de hábitats y de especies no se ha revertido, al contrario, el caso ejemplar es la vaquita marina: En 5 años ya se perdió el 90 por ciento de su población. Es un indicador de pérdida de biodiversidad».
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LA MINERÍA HA INVADIDO EL PAÍS
Considerada una de las actividades extractivas más depredadoras de las comunidades y sus ecosistemas, la minería ha invadido la República Mexicana, bajo el cobijo del Gobierno, han denunciado en múltiples ocasiones defensores del medio ambiente.
Hasta el año 2013 existían en total 26 mil 823 concesiones mineras que ocupan más de 31 millones de hectáreas en el territorio nacional. Hace tres meses, Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC, dijo a este medio que el país “está invadido por megaproyectos de muerte” y aseguró que únicamente dos de los 32 estados que conforman la República Mexicana están libres de concesiones mineras, la Ciudad de México y Quintana Roo.
En contraste, Sonora es el que más actividad minera presenta, con 4 mil 590 concesiones; seguido por Durango, con 3 mil 642; en el tercer peldaño se encuentra Chihuahua, con 3 mil 496 y en el cuarto lugar está Zacatecas con 2 mil 570.
Por su parte, Alejandro Olivera recordó que la actual administración «al igual que otras, ha pasado la ‘papa caliente’ de los grandes conflictos sociales ambientales que se han dado en el país sin que se les haya dado una solución, esta administración no será la diferencia». Dijo que en muchos casos se favorece a los intereses económicos y prevalece la impunidad en la mayoría de ellos.
«Hay grandes empresas que contaminan los ecosistemas o personas que trafican con especies y no hay ninguna pena, no hay detenidos. Se favorecen intereses económicos, más allá de los ambientales», recalcó.
EN TAJAMAR REINA LA IMPUNIDAD
La madrugada del 16 de enero de 2016 más de 70 camiones de volteo, excavadoras y pipas de agua entraron a Tajamar, en Quintana Roo, respaldados por elementos de la policía municipal y federal, mientras alrededor de 20 activistas se encontraban resguardando el lugar ante la inminente amenaza de daño al ecosistema. Policías antimotines cercaron el perímetro con vallas y permanecieron allí por más de 24 horas, hasta terminar de devastar.
En su momento, ciudadanos y activistas acusaron como responsables al Gobernador Roberto Borge Angulo y a Paul Michell Carrillo de Cáceres, Edil de Benito Juárez, quienes fueron acusados por los inconformes de dar paso a una construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y calificaron el hecho como un ecocidio.
Araceli Domínguez, de Grupo Ecologista del Mayab, recriminó que en el Gobierno de Peña Nieto «hay impunidad total y absoluta, lo vimos con Tajamar. La Profepa de manera arbitraria exoneró a Fonatur, pues dijo que no incumplió con ninguna Ley».
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EL RÍO SONORA, OTRO EJEMPLO DE IMPUNIDAD
Otro caso en donde la impunidad ha permanecido, es Sonora. En 2017 se cumplen tres años del peor derrame de tóxicos en la historia de la minería en el país. SinEmbargo documentó en 2016 que los cerca de 24 mil habitantes de la periferia del río Sonora y Bacanuchi aún continúan sin acceso a la justicia, mientras el daño ecológico sigue sin ser reparado.
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, con lo que siete municipios fueron afectados: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe.
«La impunidad ha reinado en el caso del río Sonora», lamentó Olivera, del CDB.
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TRANSGÉNICOS ESTÁN ACABANDO CON LAS ABEJAS
En noviembre de 2015, comunidades de Campeche lograron la suspensión del permiso para la siembra de soya genéticamente modificada en tanto no se realizara una consulta a las comunidades. En reciente entrevista para SinEmbargo, denunciaron que a más de un año de la resolución, la siembra no ha parado a pesar de que la consulta está en proceso.
Leydi Pech de Ich Ek, representante indígena, y Gustavo Huchín, del Colectivo Apícola de los Chenes, Campeche, acusaron que dicha siembra está provocando daños severos al medio ambiente, entre ellos, la deforestación, ya que es necesaria para dar paso a los cultivos de organismos genéticamente modificados y otros monocultivos.
En ese sentido, Xane Vázquez señaló: «La siembra de transgénicos está devastando la selva maya».
Los representantes indígenas añadieron que debido al uso de plaguicidas, entre ellos el glifosato, considerado cancerígeno, se ha contaminado el agua y la población de las abejas ha disminuido notablemente.
LEY FORESTAL PONE EN PELIGRO A LOS BOSQUES
La Ley Forestal promovida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) viola los derechos de las comunidades y provoca daños a los bosques, aseguran organizaciones de la sociedad civil, quienes la semana pasada entregaron en el Senado de la República las más de 16 mil firmas recabadas en la petición de Change que busca abrir una consulta sobre la iniciativa.
Los inconformes señalan que la iniciativa deja abierta la posibilidad de que los bosques sean impactados, debido a que su manejo sería arrebatado de las comunidades.
Gustavo Sánchez Valle, director de Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), advirtió: «La Ley, desde nuestro punto de vista, abre la puerta a la pérdida de control de los territorios y las tierras que pertenecen a pueblos indígenas y comunidades locales que dejarían de velar por el manejo sustentable de los bosques».
LEY DE BIODIVERSIDAD, UN PELIGRO PARA LAS ESPECIES
Organizaciones como Greenpeace, Defenders of Wildlife y Teyeliz acusan que de ser aprobada durante el actual periodo de sesiones, a finales de abril, la Ley General de Biodiversidad dejaría desprotegidas a distintas especies, ya que permitiría entre otras cuestiones:
-La importación de primates exóticos bajo el falso argumento de conservación cuando no existen en México programas de reproducción de la especie.
-El aprovechamiento extractivo de subsistencia de las tortugas marinas, productos y subproductos.
-La desprotección de los psitácidos (loros) mexicanos que conllevaría al aumento en el tráfico ilegal, lo cual estaría contraviniendo lo dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a la reducción de dicha actividad ilícita.
Miguel Rivas, campañista de Océanos de Greenpeace México, dijo en reciente entrevista con SinEmbargo, que la nueva Ley de Desarrollo Forestal, de la mano con la propuesta de Ley General de Biodiversidad, facilitan el saqueo de los recursos genéticos forestales en bosques y selvas, y en todos los ecosistemas de México.
En el mismo tenor, Olivera apuntó que ambos proyectos de ley encargados de regular gran parte de la biodiversidad del país no han sido consultados con la ciudadanía ni con los sectores involucrados «por una carrera de aprobarlas en éste sexenio».
«Hay pocos buenos ejemplos que se pudieran destacar para realmente decir que la política ambiental ha dado como resultado el revertir o al menos detener la degradación ambiental», dijo.
EXIGEN REPLANTEAR POLÍTICAS
El representante del CBD, Alejandro Olivera, hizo un llamado al Gobierno de Peña Nieto a replantear las políticas ambientales y su aplicación, a fin de trazar un camino hasta el final de la administración, que permita al próximo Presidente de México resolver los problemas y conflictos socioambientales que se han heredado sexenio tras sexenio.
Araceli Domínguez exigió al Presidente «que por favor ya se vaya […]. Nos queda muy poco tiempo, el llamado es a todos los partidos políticos a que dejen de ver por sus propios intereses y empiecen a gobernar para los mexicanos porque esto se está yendo a pique, el barco se está hundiendo y no se dan cuenta que ellos se van a hundir junto con el barco».
En su oportunidad, la activista Xane Vázquez, manifestó que «es la sociedad quien debe salir del ‘shock’ y no esperar absolutamente nada de los administradores de la riqueza natural. El Gobierno no responde a los reclamos ciudadanos, no los ve ni los oye».
