Juan Martín Pérez García, director de la Redim, criticó que las condonaciones de impuestos que el Gobierno mexicano hace a las empresas refresqueras y de comida chatarra representan una pérdida de dinero para la atención de niños y niñas con obesidad y sobrepeso. Recordó que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes recibió de presupuesto para este año apenas 53 millones de pesos, cuando el mecanismo requiere alrededor de 200 millones. En contraste, dijo, hubo deducciones de impuestos de 8 mil millones de pesos a grandes empresas del rubro que ni si quiera se ha transparentado cuáles son. «Dinero hay, con la posibilidad de invertirlo en beneficio de niñas y niños, pero hay una decisión política de no priorizar a la niñez», recriminó.
Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– Los derechos de la infancia son violados por el ambiente obesogénico en el que se desenvuelven las niñas y los niños en México, reveló un nuevo estudio realizado por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Mientras, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) denunció que ante este panorama el Estado mexicano permanece omiso, no vela por la salud de los menores y sí por los intereses de las grandes empresas refresqueras y de comida chatarra.
Durante la presentación del libro Los derechos de los niños y niñas en México frente al ambiente obesogénico, realizada la tarde de este lunes en Casa Lamm, las autoras Mónica González Contró e Issa Luna Pla reconocieron que el tema de la obesidad de las y los niños mexicanos ha sido tratado por la opinión pública desde el punto de vista científico, antropológico y económico, pero ha dejado a un lado el aspecto de los derechos humanos, cuando existen violaciones a los derechos a la información y a la salud de los menores.
«Las niñas y los niños –por lo menos durante los primeros años– no son quienes eligen cómo alimentarse, esto vinculado al hecho de que se presupone que no cuentan con todos los elementos para tomar una decisión informada sobre las consecuencias entre elegir uno u otro alimento», se lee en el libro.
VIOLACIÓN CONTRA DERECHOS DE NIÑOS
Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poder del Consumidor (EPC), quien encabezó la presentación del libro, destacó en su columna en SinEmbargo, que la investigación destapa que «ha existido una muy fuerte permisividad por parte del Estado para violar los derechos de la infancia en México, lo que ha tenido como consecuencia la creación del ambiente obesogénico en el que viven los niños y niñas del país».
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojaron que hasta 2014 la población infantil de 0 a 17 años en México era de 40.2 millones: 19.7 millones de niñas y 20.5 millones de niños.
Mientras, el país gobernado por el Presidente Enrique Peña Nieto ocupa el primer lugar en índices de obesidad infantil, lo cual, según especialistas, representa un grave problema de salud y un colapso financiero en la atención médica a futuro.
En entrevista para SinEmbargo, Juan Martín Pérez García, director de la Redim, acusó que el Estado mexicano favorece intereses de carácter económico y político y no los intereses de los niños y niñas como prioridad. Dijo que no garantiza la regulación de comida chatarra en las escuelas ni ofrece un etiquetado fácil de entender en los productos y mucho menos pone freno a la publicidad, principalmente en televisión.
«El Estado está fallando en su responsabilidad [de velar por la salud de los niños]. Está incumpliendo con la Ley y está usando las instituciones en contra de los niños, niñas y adolescentes», remarcó.
El también secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redlamyc) trajo a colación que el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cosas:
«En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez».
Explicó que aunque el mencionado Artículo establece que las acciones de cualquier tipo deberían estar vinculadas a la garantía de los derechos de las y los niños como prioridad. Destacó que el interés superior de los menores tendría que ser el rector o el que defina la actuación de cualquier autoridad en el tema. Sin embargo, subrayó, esto no es así: «esa no ha sido la prioridad [y] se viola la Constitución».
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MILES DE NIÑOS CON SOBREPESO
Alejandro Calvillo, de EPC, reiteró que el Gobierno mexicano debe diseñar la política en materia alimentaria sin conflicto de interés. Eso incluye cambiar el etiquetado actual de los productos, que recordó, es poco claro e incluye criterios de azúcar dañinos para la salud.
La investigadora Luna Pla destacó que el principal derecho de la niñez que el Estado mexicano viola con sus omisiones, es a la información.
«Si los niños no pueden interpretar un etiquetado se está violando su derecho a la información, también cuando la publicidad es engañosa. La información debe ser clara oportuna y verdadera», urgió.
En noviembre pasado, en un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano declaró emergencia epidemiológica por diabetes, una enfermedad que en 2015 causó 98 mil 450 muertes, 16 mil más que en 2010; y una más por sobrepeso y obesidad, padecimientos a menudo correlacionados.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, realizada entre casi 30 mil habitantes de mayo a octubre del año pasado, arrojó que el 33.2 por ciento de las y los niños de 5 a 11 años son obesos, porcentaje que aumenta entre las y los adolescentes de 12 a 19 años, con el 36.3 por ciento.
La muestra detectó que sólo el 17.2 por ciento de los niños de 10 a 14 años realiza, al menos, 60 minutos de ejercicio al día y, en los adultos mayores de 20 años, únicamente el 14.4 por ciento lo hace.
EMPRESAS TAMBIÉN PISOTEAN DERECHOS DE LOS NIÑOS
Por otro lado, Juan Martín Pérez García, de la Redim, remarcó que las exenciones de impuestos para las empresas representan una pérdida de dinero para la atención de niños y niñas, derivada de dichos padecimientos.
En respuesta al mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), el Gobierno federal creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que de acuerdo con su página oficial genera «una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos».
Sin embargo, Pérez García criticó que para este año el mecanismo recibió apenas 53 millones de pesos, cuando requiere un presupuesto mínimo de 200 millones. Y en contraste, apuntó, hubo deducciones de impuestos de 8 mil millones de pesos a las grandes empresas, de las que aún no se conoce el nombre, pero se trabaja en el destape, adelantó.
«Dinero hay, con la posibilidad de invertirlo en beneficio de niñas y niños, pero hay una decisión política de no priorizar a la niñez», aseguró.
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El especialista en temas de la infancia acusó que existe una correlación de las empresas que producen alimentos chatarra y bebidas azucaradas, en la violación de los derechos humanos.
«Cuando el mundo empresarial y sus intereses económicos se alían con las autoridades para que el Estado no garantice derechos, hay una corresponsabilidad de las empresas, como entidades no estatales, también a la violación de derechos. Es muy claro que la industria refresquera y de la comida chatarra está aliada en corrupción con muchos funcionarios, en contra de los ciudadanos, particularmente niños y niñas, y esto ya está siendo señalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)», aseveró.
CORRESPONSABILIDAD DE LOS PADRES
El líder de la Redim señaló, en primer lugar, que las y los ciudadanos tienen la obligación de hacer un acto concreto de exigibilidad para que los niños y niñas estén en el centro de las prioridades del país.
En segundo, planteó que las autoridades y funcionarios responsables deben ser identificados a fin de «llevarlos a tribunales por las omisiones y por las acciones que están haciendo».
En tercera instancia, subrayó, en el caso concreto del ambiente obesogénico, es necesario atender la experiencia internacional y ejemplificó el caso de Chile, donde incluso la población infantil de preescolar es capaz de leer correctamente el etiquetado de los alimentos y bebidas para identificar los productos potencialmente dañinos.
Juan Martín Pérez invitó a «empezar a caminar en ese sentido, en ese rumbo». Recordó que en México un estudio reveló que ni los estudiantes de nutrición comprenden las etiquetas.
Reconoció que los padres tienen corresponsabilidad y necesitan coadyuvar al Estado en la protección de los niños; pero recalcó que la responsabilidad «primaria, central y última» le pertenece al Estado, quien tiene que facilitar que se dé información apropiada.
«Ningún padre y ninguna madre en su sano juicio busca hacerle daño a sus hijos, lo hacen porque es de la información que disponen. Si el Estado orienta información accesible, si permite que se pueda tener un rol de los consumidores de manera distinta, seguramente tendremos padres más comprometidos con la lucha contra el ambiente obesogénico», apuntó.
