En sus visitas a separos y cárceles de Michoacán, la CNDH verificó que las condiciones de estancia violan los derechos humanos de los internos, quienes, detalló, no reciben un trato digno, carecen de protección a la salud y no se les garantiza la alimentación, además de que las autoridades no brindan seguridad jurídica.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- En los centros de reclusión, detención y separos dependientes de la Procuraduría General del Estado (PGJE) de Michoacán persisten múltiples factores de riesgo en materia de tortura o maltrato, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La CNDH emitió este día los informes de seguimiento de las visitas que realizó en octubre pasado para verificar el trato y las condiciones de los internos de 20 lugares de detención de la PGJE, así como en los 16 separos de Seguridad Pública destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto ubicados en los municipios de Acuitzio, Apatzingán, Ario, Erongarícuaro, Hidalgo, Huiramba, Lagunillas, Pátzcuaro, Quiroga, Salvador Escalante, Tacámbaro, Taretan, Tingambato, Tzintzuntzan, Uruapan Y Zitácuaro.
En esa fecha, el organismo defensor de los derechos humanos constató 214 situaciones que constituyen factores de riesgo para la comisión de la práctica de la tortura.
En su informe reciente, la Comisión señaló que aún persisten 104 de esas situaciones en los reclusorios y separos del estado. Asimismo, detalló, se realizó una visita inicial al Área de Separos de la Procuraduría michoacana, en donde se detectaron otras cinco situaciones de riesgo.
Los factores que refiere la CNDH están relacionados con la higiene, la alimentación de los reclusos y las condiciones de las celdas, pues la mayoría carece de inodoro, lavabo e instalaciones hidráulicas, así como de ventilación e iluminación.
"Las áreas de aseguramiento carecen de reglamento interno y manual de procedimientos. En algunas agencias se carece de personal médico para cubrir el turno nocturno y fines de semana. El personal médico no ha recibido capacitación sobre la elaboración de los certificados de integridad física, de acuerdo con el Protocolo de Estambul. El representante social no acude al área de aseguramiento para verificar el trato que se brinda a los detenidos. Las entrevistas de los detenidos con sus defensores y las comunicaciones telefónicas se realizan sin condiciones de privacidad. No se cuenta con modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad física".
Mientras que en los lugares de detención de la SSP, así como en los separos municipales, prevalece personal que no ha recibido capacitación en materia de prevención de la tortura y derechos humanos. Además, las sanciones disciplinarias no se notifican por escrito y las personas sancionadas permanecen en condiciones de encierro.
