Miguel Rivas, campañista de Océanos de Greenpeace México, remarcó que a las autoridades «les ha faltado un compromiso real» para terminar con la pesca de totoaba, especie que también se encuentra en peligro de extinción y que ha causado el declive continuo de la vaquita marina. El representante de la organización también criticó que las autoridades no han ofrecido alternativas reales de subsistencia a las comunidades pesqueras.
Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).– Pescadores del Área Natural Protegida (ANP) del Alto Golfo de California y Delta de Río Colorado, Baja California, criticaron que por la “ineficiencia” del Gobierno mexicano para frenar la pesca ilegal de la totoaba, lo que ha puesto en peligro de extinción a la vaquita marina, ahora se castigue la pesquería de curvina, que es el único sustento de al menos mil 300 familias de la zona.
Algo similar hizo el Partido Verde Ecologista de México (PVEM): para “salvar” a los animales, convenció a los legisladores de que fueran prohibidos de los circos. Cientos de animales murieron, o fueron entregados al mejor postor. Esto provocó una reacción tanto nacional e internacional.
La organización internacional Greenpeace denunció que las autoridades mexicanas no han ofrecido a las comunidades pesqueras alternativas reales de subsistencia y criticó que la veda impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en torno a la pesca de curvina, no ayudará a la protección de la morsopa más pequeña del mundo porque esta medida no garantiza que realmente se detenga la pesca de totoaba.
La pesca ilegal de la totoaba –especie que también se encuentra en peligro de extinción– ha causado el declive continuo de la vaquita marina que hoy cuenta con apenas con 30 ejemplares vivos, de acuerdo con el Comité Internacional para la Recuperación de la vaquita marina (CIRVA).
La semana pasada, la Profepa anunció que vigilará que no se realicen actividades pesqueras en el ANP del Alto Golfo de California y Delta de Río Colorado, en tanto se otorguen las autorizaciones y/o permisos correspondientes a las personas o embarcaciones interesadas.
«La pesca de curvina golfina en el Alto Golfo de California coincide con la migración reproductiva de la totoaba; sin embargo, ante la ausencia de autorizaciones en materia de impacto ambiental, los pescadores legales no pueden llevar a cabo la pesca hasta contar con la autorización emitida por la Semarnat», expuso la Profepa a través de un comunicado.
En entrevista para SinEmbargo, Miguel Rivas, campañista de Océanos de Greenpeace México, criticó que a las autoridades mexicanas «les ha faltado un compromiso real» para terminar con la pesca de totoaba y que tampoco han ofrecido a las comunidades pesqueras alternativas reales de subsistencia que deberían ser propuestas por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
“Es una pena que la prohibición de pesca en el Alto Golfo de California, que podría ser una esperanza para salvar a la vaquita, quede reducida a un anuncio del Gobierno mexicano que no garantiza [que sea] efectivo, pues ha quedado demostrado que pese a las restricciones de la zona, el uso de redes agalleras y de enmalle continúa”, consideró Rivas.
El activista dijo que hasta que no se vea un compromiso real del Gobierno federal. «Todas las medidas parecen una estrategia para que la clase política gane el tiempo que la vaquita pierde. Mientras ellos dejan los cargos públicos que ocupan y se lavan las manos en la problemática».
CIENTOS DE FAMILIAS AFECTADAS
La suspensión de pesca de curvina golfina que iniciará en mayo próximo a fin de proteger a la vaquita marina afectará la economía de más de mil 300 familias que quedarán sin sustento.
«Toda ésta situación causa graves daños a las comunidades que dependemos de esta pesquería. La pesca de curvina es la única que tenemos y la cual deja una gran derrama económica a las familia, que tanto hemos estado esperando durante estos dos años de prohibición de la pesca para la protección de la vaquita marina», dijo en entrevista para este medio digital, Rual Martín Verdugo Montoya, pescador afectado.
El pescador de 30 años de edad, hijo y nieto de pescadores, manifestó que la actividad es el sustento de todas las familias de Santa Clara.
En la comunidad, dijo, hay alrededor de 435 permisos para la pesca de curvina y la cuota de captura es de 4 mil 700 kilogramos que se vende entre 18 y 20 pesos cada uno, además se comercializa el buche del animal en 450 pesos aproximadamente. Cada permiso cuenta con alrededor de tres integrantes de tripulación, por lo que mil 305 familias son afectadas con la veda.
Tras el anuncio de la Profepa, los pescadores del Golfo de Santa Clara se reunieron a fin de analizar acciones conjuntas para que la pesquería de curvina pueda operar a la brevedad, con todos los requisitos legales. Además, exhortaron al Gobierno Federal a evaluar y resolver la brevedad las solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) enviadas.
En una junta del Comité Consultivo de la Pesquería, un órgano en el que se reúnen permisionarios, autoridades de pesca y medio ambiente federales y estatales, junto con científicos y miembros de la sociedad civil, celebrada antes del inicio de la temporada de curvina, varias cooperativas o federaciones realizaron y enviaron la MIA a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para desarrollar la actividad pesquera dentro de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado, y así cumplir con los trámites y requisitos que solicitan las autoridades.
Sin embargo, con la llegada de las primeras curvinas a las aguas del Delta del Río Colorado, algunos pescadores señalaron, a través de un boletín, que salieron al agua y ante la suspensión de la Profepa, las cooperativas decidieron regresar embarcaciones y suspender toda actividad hasta tener una respuesta de la autoridad.
«Queremos seguir trabajando como la pesquería ordenada y responsable que somos, por eso es importante que no se castigue la pesquería de curvina por la ineficiencia de las autoridades para frenar la pesca ilegal de totoaba», plantearon.
En la zona, los pescadores únicamente podían llevar a cabo su actividad durante los meses de marzo y abril.
Verdugo Montoya explicó que el problema en este momento es que la Semarnat debe dar su respuesta favorable sobre la MIA para el aprovechamiento de la pesquería de curvina y no lo ha hecho.
«El cierre por dos años a la pesca en el Alto Golfo de California es por los esfuerzos para salvar a la vaquita marina. La pesca de curvina es la única que nos permitían realizar y por la cual hemos estado esperando porque es cuando la comunidad tiene una gran derrama económica», dijo.
Diversos pescadores de la zona que se han visto afectados hicieron un llamado al Gobierno mexicano para que a la brevedad les dé una respuesta favorable, ya que, aseguran, han cumplido con las disposiciones de la pesquería, incluyendo el envío de la MIA. Sostuvieron además que tienen interés en trabajar dentro del margen de la Ley.
«Ahora esperamos la respuesta del Gobierno federal, mismo que mantuvo a la pesquería en la incertidumbre por varios meses ante la incógnita de si se mantendría o cambiaría nuestra arte de pesca o si se renovarían los permisos de pesca de curvina. Dichas respuestas llegaron en el mes de enero de 2017. Sin permisos y definición de arte de pesca era imposible solicitar una MIA, puesto que sólo la realizan quienes legalmente están autorizados a pescar y se debe especificar el equipo que se usa para capturar curvina», se lee en un boletín difundido por los afectados.
Los inconformes señalaron que están a la espera de la respuesta del Gobierno, pues aseguraron: «Las familias del Golfo de Santa Clara dependen de ello, puesto que para nosotros la pesca responsable no es sólo nuestra actividad económica, es nuestra forma de vida y el legado que podemos dejar a nuestros hijos».
La pesquería de curvina es de las más reguladas del país. Cuenta con un permiso de pesca específico, cuotas de captura, una Norma Oficial, un arte de pesca selectivo. Además, tiene con plan de manejo pesquero, está en la carta nacional pesquera, cuenta con un monitoreo administrativo y ha expresado su intención de colaborar en la implementación de tecnología que permita demostrar que la pesca legal de curvina no es parte del problema, sino de la solución a los problemas de conservación y la necesidad de transparencia y desarrollo de la región, destacaron.
