La denuncia del uso del instrumento altamente sofisticado de espionaje Pegasus, de la compañía israelí NSO Group, para espiar a personas que hemos estado involucradas en la promoción de políticas públicas para combatir la llamada emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes, se ha centrado en señalar que en los meses de julio y agosto del 2016, al ser infectados por este spyware, los afectados promovíamos un aumento al impuesto a las bebidas azucaradas de 10 por ciento a 20 por ciento.
Ante la información pública de que este sistema de espionaje sólo se vende a los gobiernos y de que el gobierno mexicano ha sido uno de los mayores clientes de esta empresa, que lleva a concluir que la introducción de esta herramienta de espionaje se dio por parte del gobierno, algunos columnistas han escrito que este señalamiento es poco lógico ya que el gobierno se ha beneficiado con el impuesto.
Al respecto, las relaciones de los poderes económicos con el poder político son profundas y los gobiernos no son monolíticos, es decir, hay funcionarios ligados a esos intereses que desde el interior del gobierno les sirven. Por otro lado, quienes fuimos objeto de este espionaje también hemos tenido en común enfrentar el etiquetado frontal que se estableció para supuestamente prevenir y combatir la obesidad y la diabetes. Este etiquetado frontal fue desarrollado por la autoridad en contubernio con la industria, como lo hemos demostrado a través de documentos de acceso a la información.
Una semana antes de recibir el “spyware” realizamos una conferencia de prensa y denunciamos que este etiquetado representa una amenaza a la salud, entre otras cosas, por inducir al consumo de muy altas cantidades de azúcar. El alto consumo de azúcar es una amenaza a la salud de los mexicanos que presentan uno de los mayores índices de obesidad, diabetes y muerte por diabetes en el mundo. Si tuviéramos un etiquetado frontal entendible y con un buen criterio de azúcar advertiría que una Coca Cola clásica tiene muy altas cantidades de azúcar, así como advertiría en muchos otros productos. El etiquetado actual en México no lo hace, incluso puede llevar a pensar que todavía puede consumirse algo más de azúcar.
A pesar de diversos compromisos públicos expresados por las autoridades de reformar este etiquetado y sus criterios de azúcar, lo que ha prevalecido es el poder de la industria en violación a nuestro derechos, manteniéndolo como una amenaza a la salud.
El Dr. Simon Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, que fue objeto del “spyware” Pegasus, coordinó el único estudio de evaluación en México de este tipo de etiquetado en 2010 cuando la industria lo introdujo como un etiquetado voluntario. La evaluación, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, se realizó con estudiantes de primer año de nutrición y menos del 2% pudo interpretarlo adecuadamente.
Desde 2010, como El Poder del Consumidor, denunciamos este etiquetado ante la Secretaría de Salud y en 2012 ante la COFEPRIS. No sólo no fue atendida la denuncia si no que el etiquetado promovido como voluntario por la industria, la COFEPRIS lo volvió obligatorio y como parte de la estrategia contra la obesidad y la diabetes. La autoridad realizó con ello un acto que viola el derecho a la salud y el derecho a la información de los mexicanos, como lo ha expresado la sentencia de un juez contra este etiquetado, sentencia que la COFEPRIS está impugnando, defendiendo los intereses de la industria.
Diversas encuestas han demostrado que este etiquetado no es entendible por la población, así se concluye con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de medio camino realizada el año pasado y la propia Encuesta de Obesidad que realizamos como Alianza por la Salud Alimentaria en 2016 donde es evidente que la población no entiende este etioquetado, ni el concepto de calorías, ni cuántas son recomendadas consumir para un adulto o un niño.
Por otra parte, la revista Proceso ha dado a conocer dos cartas enviadas por la Organización Panamericana de la Salud a la entonces secretaria de salud, la Dra. Mercedes Juan, con copia a altos funcionarios de salud y COFEPRIS, http://bit.ly/2kEWxKg En estas cartas del 25 de abril y el 15 de mayo de 2015 se da cuenta que los criterios utilizados para el etiquetado frontal en México en cuanto a ingesta de azúcar generaron una intensa discusión entre COFEPRIS y Secretaría de Salud, por un lado, y por otro, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
Las cartas de OPS/OMS a Secretaría de Salud y COFEPRIS son claras en señalar que los criterios de azúcar del etiquetado frontal de México son contradictorios con la propia Estrategia para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes que estableció que el criterio que se seguiría sería el de la Organización Mundial de la Salud, es decir, que no deberían consumirse más del 10% de las calorías totales provenientes de azúcar añadida. La OPS/OMS señala que los criterios del etiquetado frontal mexicano para el azúcar es del 18% de las calorías totales, casi del doble del recomendado por OMS. La OMS señala que su recomendación ideal es de solamente 5% proveniente de azúcares añadidos del total de las calorías. Es decir, que los criterios mexicanos están más de 300% por encima de la recomendación ideal de la OMS.
Por ejemplo, una Coca Cola clásica de 600 ml dice actualmente: Azúcar 70 por ciento nutrimentos diarios. Eso hace pensar que todavía nos queda 30 por ciento para consumir de azúcar. Si tuviera el criterio de OMS diría 126 por ciento de los nutrimentos diarios. De hecho, la expresión nutrimentos diarios se convierte en confusa, pareciera que se requiere consumir 100 por ciento de azúcar y no distingue entre azúcares naturales que vienen en la fruta, algunas verduras y en lácteos, que no representan ningún riesgo a la salud, de los azúcares añadidos, que si son una amenaza a la salud.
El etiquetado frontal es una amenaza a la salud por el alto consumo de azúcar que promueve y una violación al derecho a la información de los mexicanos por engañoso. Este etiquetado, que fue heredado por el Dr. Narro Robles, es un asunto fundamental en la epidemia de sobrepeso y obesidad que enfrentamos, es una causa, no parte de una estrategia para prevenirla y enfrentarla.
El mejor ejemplo comparativo frente a este etiquetado mexicano que representa una amenaza a la salud y viola el derecho a la información, es el desarrollado en Chile. Mientras en México el etiquetado no se entiende por estudiantes de nutrición, en Chile lo entienden hasta los niños, como puede observarse en este video:
El etiquetado en Chile forma parte de una política integral, es decir, con que un producto tenga un sello negro de “Alto en…”, ese producto no puede entrar en las escuelas y ese producto no puede publicitarse en televisión de 6 am a 10 pm. La política en Chile es clara, fue diseñada por expertos ion conflicto de interés, y los ciudadanos pueden vigilar su cumplimiento.
En México el etiquetado frontal tiene criterios no entendibles y que representan un riesgo a la salud, estos criterios no tienen que ver nada con los utilizados para el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad calórica, ni tampoco con los utilizados para establecer qué alimentos y bebidas no pueden entrar en las escuelas. La política en México es un caos, ha sido cooptada por intereses de la industria, y los ciudadanos no pueden vigilar su cumplimiento.
La industria de alimentos y bebidas de Chile ha mantenido una férrea oposición al etiquetado chileno que hasta los niños entienden. El enfrentamiento con la autoridad ha sido claro, incluso, a través de campañas en los medios de comunicación. En enero pasado fuimos invitados a Chile a participar en una evaluación de la política chilena y a comentar la política establecida en México.
La industria de alimentos y bebidas en México está feliz con el etiquetado y cuenta con el beneplácito de la Secretaría de Salud que hace unas semanas la acompañó en el relanzamiento de su campaña “Checa y Elige” para que supuestamente la población pueda interpretar el etiquetado que ni los estudiantes de nutrición pueden interpretar y que representa un riesgo a la salud. En México no somos invitados a evaluar la política contra la obesidad, es a la industria a quien se ha invitado, a nosotros se nos espía e intimida.
La industria tiene aliados en el gobierno para la defensa de su etiquetado, de su supuesta regulación de la publicidad dirigida a los niños. Estos aliados en el gobierno defienden los intereses económicos de la industria en contra de la población y violando derechos fundamentales, como el derecho a la salud y a la información.
La hipótesis de que en el gobierno existen sectores, grupos, personas aliados a la industria, que pudieran tener las relaciones suficientes para que estos instrumentos de espionaje fueran utilizados contra personas que promovemos políticas públicas que afectan los intereses de estas empresas, es una hipótesis suficientemente fuerte.
