Organizaciones civiles externaron su preocupación por la Ley General de Biodiversidad que promueve el Partido Verde Ecologista de México. Ninfa Salinas Sada, Senadora del Verde, no es la «verdadera» autora, afirman, sí Felipe Ramírez, ex director general de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien fue cesado en dos ocasiones y acusado penalmente de tráfico de especies silvestres.
Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– La iniciativa de Ley General de Biodiversidad –promovida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– que se discute en el Senado de la República, contiene diversas disposiciones que violarían tratados internacionales que México ha firmado y además dejaría «desprotegida» a la biodiversidad del país, denunciaron organizaciones ambientalistas.
Dicha Ley, de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil Defenders of Wildlife de México, Teyeliz, Greenpeace México, Centro para la Diversidad Biológica, Grupo Ecologista del Mayab, Fundación Haghenbeck y de la Lama, Pro Perro, Koncientizando por un Mundo Mejor, Presencia Animal, Visión Animalista, Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal, permitiría, entre otras cuestiones:
-La importación de primates exóticos bajo el falso argumento de conservación cuando no existen en México programas de reproducción de la especie en sus países de origen.
-El aprovechamiento extractivo de subsistencia de las tortugas marinas, productos y subproductos.
-La desprotección de los psitácidos mexicanos que conllevaría al aumento en el tráfico ilegal, lo cual estaría contraviniendo lo dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a la reducción de dicha actividad ilícita.
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En entrevista para SinEmbargo, Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema), explicó que la Ley promovida por la senadora Ninfa Salinas Sada, abrogaría la Ley General de Vida Silvestre, con lo que quedaría eliminado el Capítulo dedicado al Trato Digno y Respetuoso a la Fauna Silvestre, en en el que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) basa el aseguramiento y decomiso de las especies bajo condiciones límite de maltrato y crueldad.
«[Con la Ley General de Biodiversidad] perderíamos todo lo que se ha avanzado en términos de conservación y de vida silvestre. Habría maltrato animal. [El PVEM] Es incongruente, está yendo contra sus propios principios», condenó la activista.
Al respecto, Miguel Alejandro Rivas Soto, campañista de Océanos de Greenpeace México, dijo a éste medio informativo que la Ley General de Biodiversidad «abre la puerta» a que los animales regresen a los circos, además, señaló, daría oportunidad a los delfinarios de capturar a las especies marítimas y de utilizar animales para la experimentación.
«Cambian el concepto de ‘trato digno y respetuoso’ por ‘bioética’, un concepto que no está claro sobre lo que está bien y lo que está mal, y queda a la interpretación de cada persona», lamentó.
Las ONGs destacaron que el problema es que en el pasado Estados Unidos ha amedrentado con realizar embargos o incluso lo ha cumplido con algunos países, incluyendo a México, por incumplimiento de disposiciones internacionales de especies consideradas como en peligro de extinción. Ahora, la amenaza está latente por las ideas del Presidente Donald Trump sobre el país gobernado por Enrique Peña Nieto.
Rivas comentó al respecto: «Las pesquerías de México se podrían ver sujetas a embargo por parte de Estados Unidos y las relaciones con ese país no están muy bien como para darle excusas al Gobierno de Trump para hacer éste tipo de cosas […] No hay que ponerle en charola de plata las excusas a Trump para que nos siga golpeando».
«Podríamos entrar a las garras de Trump para que nos puede boicotear, por ejemplo, con el embargo atunero», planteó, Domínguez y agregó que México estaría incurriendo en violaciones a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), contra la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), e incluso contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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EX FUNCIONARIO ACUSADO DE TRAFICAR CON ESPECIES REDACTÓ LA LEY, ACUSAN
Aunado a toda la problemática, las organizaciones externaron su preocupación, ya que, aseguran, la Senadora Salinas no es la «verdadera» autora de la Iniciativa de Ley y sí Felipe Ramírez, ex Director General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien fue cesado en dos ocasiones, entre otros asuntos por ser acusado penalmente de tráfico de especies silvestres.
Las ONGs ambientalistas, señalaron a través de un comunicado que Felipe Ramírez «fue un mal funcionario» sobre el que se recibieron diversas denuncias por tráfico y corrupción durante los sexenios de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace, opinó que dicha iniciativa de Ley General de Biodiversidad «está viciada de origen y no puede ser aprobada en los términos en los que se presentó en octubre pasado. Menos sabiendo que un ex funcionario denunciado y separado de su cargo años atrás por tráfico de especies silvestres es uno de sus principales impulsores», se lee en el mismo comunicado.
En el mismo sentido, María Elena Sánchez, Presidente de Teyeliz, calificó como «alarmante» que el partido del tucán haya permitido que el futuro de la conservación de la biodiversidad del país quede en manos de un exfuncionario denunciado en varias ocasiones por tráfico de especies.
Mientras tanto, Domínguez dijo a éste medio que Ramírez «es un personaje negro y tenebroso en la historia de conservación y medioambiental de México», por lo que urgió a que no se apruebe la Ley y se realice un foro abierto para que la sociedad civil se pronuncie al respecto.
Los activistas hicieron un llamado al Presidente de México y a la Senadora Salinas Sada, quien promueve la iniciativa, a que la misma sea retirada «inmediatamente», ya que consideran «no se puede trabajar sobre un documento tan mal redactado como omiso en su fondo y con un sesgo en contra de la conservación de la biodiversidad».
Rivas recordó que en la pasada Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), celebrada en Cancún Quintana Roo, donde participaron 196 países, Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Semarnat, aseguró que Enrique Peña Nieto ha sido el Presidente «más ambientalista» en la historia de México; por lo que subrayó, el mandatario debe mostrar coherencia y «poner orden y pedirle a su partido que desestime la Ley hasta que haya una que sea seria en el tema».
Además, Grupo Gema lanzó a través de la plataforma Change, la petición «No permitamos que el Partido Verde elimine las disposiciones para el trato digno y respetuoso a la fauna silvestre», a fin de que la sociedad se sume a la exigencia de las ONGs. Si desea firmar, puede ingresar aquí.
