El Presidente Panamá, Juan Carlos Varela, es acusado de recibir dinero de la constructora Odebrecht para su campaña y este día hizo público una parte de las listas de donantes de su campaña. El mandatario Juan Manuel Santos enfrenta un escándalo también por el mismo señalamiento. Mientras que los ex presidentes de Perú, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, son acusados de recibir recursos procedentes de actos de corrupción. Y funcionarios de Argentina y Brasil enfrentan demandas penales por los sobornos de la empresa. Sin embargo, en México aún no se ha dado a conocer a quién le fueron entregados los 10.5 millones de dólares que la compañía dij0 haber entregado a altos funcionarios. y por los que obtuvo contratos de 39 millones. Hasta el momento sólo se emitido un boletín de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de República (PGR) en el que se informó que se haría una investigación.
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Por Pau Ramírez
RIO DE JANEIRO, 10 feb (Xinhua) — Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, está en el epicentro de un escándalo de corrupción, soborno y compra de favores a políticos, que trascendió las fronteras de Brasil, su país de origen, y ya cuenta con ramificaciones en varias naciones del continente.
La compañía, que ya despidió a 100 mil de sus 180 mil empleados y que actuaba en 28 países, empezó a ser investigada por la justicia brasileña en la llamada Operación Lava Jato (lavadero), que juzga un esquema gigantesco de corrupción en la estatal petrolera Petrobras.
En junio de 2015, la Policía Federal brasileña arrestó al presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, quien fue condenado a nueve años de prisión.
La compañía acordó pagar más de 3 mil 500 millones de dólares en multas en Brasil, Estados Unidos y Suiza.
La apertura de una investigación en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la confesión de 77 directivos de la compañía, pusieron al descubierto una trama de corrupción que se extiende a Perú, México, Colombia, Argentina, Ecuador, Venezuela, Panamá y República Dominicana.
«Estamos ante un caso único», señaló el profesor Tomaz Paoliello, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (PUC-SP), quien califica de novedad el hecho que una constructora brasileña protagonice un escándalo de compra de autoridades públicas en «la propia región».
«Es inédito porque en los casos anteriores parecidos a éstos, tanto en América Central y Sudamérica, habían sido protagonizados por empresas estadounidenses o europeas», aseguró el catedrático.
El «caso Odebrecht» sucede en un proceso de internacionalización de los negocios de las grandes empresas brasileñas, como la minera Vale, la petrolera Petrobras, o el banco Itaú. La imagen de Brasil «puede quedar manchada» en el continente, según el profesor Paoliello.
«Desde los años 70, la imagen de Odebrecht ha ido muy vinculada al del Estado brasileño», indica el docente de PUC-SP, por eso puede transmitirse externamente la imagen de «un poder ejecutivo corrupto», que apoyó las prácticas ilegales de la compañía.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que entre 2007 y 2016, la constructora sobornó a funcionarios gubernamentales de Ecuador, desembolsando 35,5 millones de dólares. En las operaciones en el país andino, Odebrecht obtuvo unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
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La internacionalización del caso puede generar «exigencias» fuera de Brasil para que las investigaciones no se detengan, sostiene el profesor Paoliello. En este sentido, remarca que las operaciones realizadas por la justicia estadounidense tienen un «impacto brutal».
El «escenario interno», según el profesor determinará cuál será el alcance de las denuncias de soborno en Argentina, ahora que dejaron de tener un corte «menos partidario», ya que afectan no sólo al período de los 13 años en el poder de Néstor y Cristina Kirchner sino que también salpicaron a colaboradores del actual presidente, Mauricio Macri.
Las investigaciones abiertas por la justicia argentina indican que Odebrecht pagó a intermediaros del gobierno «kirchnerista» 35 millones de dólares en sobornos, para acceder a contratos valorados en 278 millones de dólares.
Paralelamente, el jefe del servicio de espionaje argentino, Gustavo Arribas, amigo íntimo y colaborador del presidente Macri, tuvo que declarar para explicar el origen de una transferencia bancaria de 600 mil dólares, provenientes de intermediarios de Odebrecht en el país.
En Perú, la Fiscalía Anticorrupción emitió una orden de detención del ex presidente Alejandro Toledo, a quien se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos.
La Justicia peruana también investiga al ex presidente Ollanta Humala, por lavado de activos en su campaña electoral, donde, según apuntan rotativos brasileños, Odebrecht podría haber aportado 3 millones de dólares.
En Colombia, el profesor Tomaz Paoliello, prevé que las acusaciones de corrupción «impacten» en el debate político, ya que afectan desde la gestión del ex presidente, Alvaro Uribe, hasta la del actual mandatario, Juan Manuel Santos.
El ex ministro colombiano Gabriel García Morales, en la etapa de Uribe, está detenido por haber recibido supuestamente 6,5 millones de dólares de la constructora.
En otro orden, la Fiscalía colombiana apuntó la posibilidad que la campaña electoral de Juan Manuel Santos se hubiera visto beneficiado con parte de los 11 millones de dólares que Odebrecht reconoció haber pagado en sobornos entre 2009 y 2014.
En México, Odebrecht reconoció haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de una empresa gubernamental, para obtener la concesión de obras públicas, pero, de momento, no se ha develado de qué organismo se trata.
En Brasil, donde se originó el escándalo, el caso ya tuvo repercusiones «políticas, económicas y jurídicas», aseguró Paoliello. Según el docente, las acusaciones de pago de sobornos de la constructora tuvieron «mucho impacto» en el proceso de «impeachment» que derrocó en 2016 a la entonces presidenta Dilma Rousseff.
Paoliello apuntó que el caso tuvo consecuencias «desiguales» en parlamento brasileño ya que el partido que se vio «mucho más afectado» fue el Partido de los Trabajadores (PT), entonces en el poder, perjudicado por las denuncias de la «prensa conservadora» mayoritaria en el país.
La homologación por parte del Supremo Tribunal Federal brasileño de las confesiones de 77 altos cargos de la constructora, que podría salpicar a más de 200 políticos, abre un nuevo escenario.
«En Brasil hay muchos ataques internos para que disminuyan las investigaciones», explica Paoliello, y con las acusaciones contra políticos con foro privilegiado habrá que ver cuáles serán «las consecuencias jurídicas», «la capacidad de imponer castigos» y «impacto y credibilidad de las acusaciones» y si el caso acaba siendo más ideológico que jurídico.
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