Es aceite de palma, y daña, pero en la etiqueta dice: “aceite vegetal”; Gobierno y empresas mienten: EPC

Y no sólo es el aceite de palma: miles y miles de productos tienen etiquetas engañosas en México. El Poder del Consumidor denunció que el Gobierno mexicano apoya una campaña que busca educar a la población para que use ese etiquetado. De acuerdo con la organización de defensa de los consumidores, funcionarios aliados a grandes corporativos están detrás de estas etiquetas oscuras, veladas, que le ocultan información a los ciudadanos para que, cuando estén frente al aparador, no desistan de alimentos claramente dañinos, o chatarra.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- El contubernio entre autoridades mexicanas y la industria de alimentos y bebidas procesadas ha mermado la posibilidad de cambiar los etiquetados por otros que sí sean comprensibles para la población, denunció El Poder del Consumidor (EPC). Esto ha contribuido en la epidemia de obesidad y diabetes que aqueja al país.

En noviembre pasado, la Secretaría de Salud (SSa), a cargo de José Narro Robles, emitió, por primera vez en la historia de México, dos declaratorias de emergencia sanitaria por diabetes y obesidad, debido al grave problema de salud pública que representan estos padecimientos.

Alejandro Calvillo Unna, director de la organización, dijo en entrevista para SinEmbargo que la información de los etiquetados en los productos debería ser mucho más específica. Un ejemplo de ello, detalló, es el caso del aceite de palma, dañino para la salud y el medio ambiente. Pero la información de los productos que lo contienen entre sus ingredientes es muy vaga: se limitan a incluirlo en la información nutrimental como “aceite vegetal”.

El activista puntualizó que el etiquetado utilizado en México no expresa la cantidad de los azucares añadidos de los productos; es complejo para los consumidores; además de ser contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS); la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD) de 2013, y los estudios y recomendaciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Julio Salazar, abogado en EPC, remarcó que el derecho a la salud y a la alimentación son complementarios, y el Estado tiene las obligaciones de proveer información sobre los riesgos a la salud; difundir información sobre los hábitos saludables y contribuir a que los mexicanos tomen decisiones convenientes al tener conocimiento de lo que consumen.

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Estudios recientes han confirmado lo que los especialistas en salud han dicho durante años: que el aceite de palma es malo, malo.

Salazar explicó que en el caso de esta grasa vegeta, al ser un producto dañino para salud, los consumidores podrían incluso denunciar a las marcas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por publicidad o información engañosa.

«Habría que ver el caso en específico para ver si es factible y de serlo, puede llegar incluso al punto en que la autoridad tenga que indemnizar a quien haya sido afectado en su salud por la actividad irregular del Estado», dijo a éste medio digital.

La Ley Federal de Protección al Consumidor define, en su Artículo 32: la información o publicidad engañosa o abusiva a toda aquella que «refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta».

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CONTUBERNIO ENTRE EMPRESAS Y GOBIERNO

El etiquetado de alimentos y bebidas en el país viola el derecho a la salud, la alimentación y la información de los ciudadanos, resolvió en diciembre pasado el Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, tras un amparo indirecto presentado por El Poder del Consumidor en 2015.

En la sentencia, el Juez reconoció que el deber del Estado radica en informar y advertir al consumidor sobre los ingredientes de los productos alimenticios, ya que de esa forma constituye una garantía, y no un obstáculo para el ejercicio eficaz del libre desarrollo de las personas.

El abogado Julio Salazar aclaró que la sentencia fue recurrida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que la organización está en espera de la resolución del Tribunal Colegiado.

Ante ésta situación, Alejandro Calvillo recordó que el pasado 16 de enero, Movimiento por una Vida Saludable presentó públicamente la campaña “Checa y Elige” por televisión, radio, medios impresos y digitales con el objetivo, critica El poder del Consumidor, de «educar a la población para que use el etiquetado que afecta sus derechos como consumidores».

Salazar señaló que: “El respaldo a esta campaña por parte de Cofepris y de la SSa, a través del doctor Pablo Kuri, subdirector de Prevención y Planeación, no sólo implicaría la violación de los derechos a la salud, alimentación adecuada, e información de los consumidores, sino que podría incluso ser motivo de responsabilidad del Estado por los daños a la salud de las personas”.

«El Gobierno sale a apoyar una campaña de promoción de un etiquetado que no se entiende y que representa un riesgo para la salud. Hay un contubernio muy fuerte a los intereses económicos y de las empresas. El Gobierno no está sirviendo al interés público. El poder de las grandes empresas es causa de epidemias como la de obesidad, diabetes, tabaquismo y alcoholismo y la única manera de hacer política y salud pública es enfrentar esos intereses», subrayó Calvillo Unna.

Uun estudio de Pharmaco Economics Spanish Research señala que atender la obesidad «cuesta alrededor de 120 mil millones de pesos al año y dado que sólo contempla los gastos indirectos, la cifra estaría subestimada».

Además, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) reveló que el costo generado por los casos de diabetes en personas con obesidad es de 85 mil millones de pesos, en donde el 73 por ciento equivale a costos directos de atención médica y el 27 por ciento a costos indirectos, es decir, pérdidas de ingreso (15 por ciento por ausentismo laboral y 12 por ciento por mortalidad prematura).