La organización El Poder del Consumidor acusó que las etiquetas utilizadas en México para alimentos y bebidas no proporcionan información fácil de comprender y la autoridad es cómplice de la industria. El etiquetado obedece a criterios de las empresas y promueve el alto consumo de azúcares, ya que una bebida puede llegar a contener más del máximo permitido al día, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud.
Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- El etiquetado de alimentos y bebidas en México viola el derecho a la salud, la alimentación y la información de los ciudadanos, dictaminó un Juez, tras el amparo indirecto presentado por la organización El Poder del Consumidor (EPC) en 2015.
Alejandro Calvillo, director de la organización, acusó que las etiquetas utilizadas en México no proporcionan información fácil de comprender. Aunado a ello, denunció que la autoridad acompaña a la industria en su etiquetado.
Por ello exigió que «termine el contubernio entre funcionarios e industria», ya que ni estudiantes de nutrición son capaces de leer el etiquetado, pues de acuerdo con un estudio sólo 1.8 por ciento de los alumnos de dicha carrera lo logran.
Punto en el que coincidió Fiorella Espinosa, de EPC, quien señaló que el etiquetado utilizado en México obedece a criterios de la industria de alimentos y bebidas y promueve el alto consumo de azúcares, ya que una bebida puede llegar a contener más del máximo permitido al día, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió el pasado 28 de diciembre reconoció que el deber del Estado es informar y advertir a los consumidores sobre los componentes de los productos alimenticios a los que tiene acceso, ya que, señaló, constituye una garantía y no un obstáculo para el ejercicio eficaz del libre desarrollo de las personas.
Asimismo, consideró que el etiquetado utilizado actualmente en el país es complejo para los consumidores y por lo tanto ignora el impacto que puede tener el producto en su salud. Señaló que dicho etiquetado es contrario a las recomendaciones de la OMS en el cuanto a azúcares añadidos, a la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD) y a las recomendaciones y estudios del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Julio Salazar, abogado en EPC, puntualizó en que los mexicanos tienen una percepción equivocada sobre los productos que consumen y remarcó que es obligación de las autoridades promover criterios legales que permitan a la población tener hábitos saludables.
«No tienes salud si no tienes buena alimentación», sentenció.
El Poder informó que el Juez ordenó a las autoridades responsable diseñar una política pública sobre el etiquetado de productos alimenticios y bebidas preenvasadas que tome en cuenta y respete los derechos fundamentales a la salud y a la alimentación de los consumidores; dejar de aplicar el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; el artículo tercero, fracción III, incisos a y b de los Lineamientos a que hace referencia el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y la NOM- 051. Además de modificar el sistema de etiquetado frontal de alimentos para que:
1. Los productos distingan entre azucares naturales y añadidos.
2. Se establezcan gramos de azúcar añadidos al producto
3. Se indique como base para determinar los azúcares añadidos como máximo el 10 por ciento de la ingesta calórica total, lo que equivale a 50 gramos.
4. En caso de que los alimentos o bebidas rebasen la cantidad de azúcar añadida de 50 gramos, se introduzca una advertencia en el etiquetado frontal de alimentos sobre el riesgo a la salud que existe.
5. Informen a través de los medios de comunicación que utilizan en ejercicio de sus funciones sobre los efectos adversos que genera el consumo de azúcares libres o añadidos en la población y especialmente sobre menores de edad.
Cabe mencionar que la sentencia fue recibida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que la organización está en espera de la resolución del Tribunal Colegiado.
