Organizaciones alertaron que la iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada por el Partido Verde Ecologista de México, es un retroceso en los derechos de indígenas y campesinos en materia de manejo forestal comunitario. Denunciaron que la legislación abroga la Ley Forestal vigente y carece de apego a las reformas constitucionales en materia de manejo de recursos hídricos y cuidado de la biodiversidad. Exigieron que se les tome en cuenta y que no llegue a votación en secreto.
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Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil acusaron esta tarde que la iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es un retroceso en los derechos de indígenas y campesinos en materia de manejo forestal comunitario.
Los inconformes externaron su preocupación debido a la negativa de abrir un «proceso amplio y participativo de discusión» sobre los contenidos de la iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 20 de septiembre.
De acuerdo con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO), dicha iniciativa presenta deficiencias, entre las que destacan:
-Falta de prioridad del fomento al manejo forestal sustentable por parte de las comunidades.
-Carencia de apego a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, manejo de recursos hídricos y cuidado de la biodiversidad.
-No contempla temas esenciales de la mejora regulatoria, promoción de la legalidad y descentralización de los servicios técnicos, sin los cuales la reforma carece de sentido y resulta contraproducente.
Gustavo Sánchez Valle, director de Red MOCAF, explicó que se abroga la Ley Forestal vigente y deja del lado una serie de elementos, ya que da pie a una regresión de derechos en materia de servicios ambientales que afectaría a comunidades y ejidos de todo el país. Además denunció que aunque el PVEM ha escuchado las propuestas ciudadanas, «han dicho amablemente que no las tomarán en cuenta».
«Se violentarían los derechos de las comunidades indígenas», dijo.
En el mismo sentido, Baltazar López, presidente de la UESCO, acusó: «[La Ley] viene a perjudicar a nuestros pueblos nativos», sin consulta previa.
«Debe haber una consulta en diversas lenguas. El Gobierno debe escucharnos, no estamos en contra de la Ley, pero deben escucharnos porque los pueblos cuidamos los recursos naturales», exigió.
Mientras tanto, José Maximino Rivera, urgió:
«Que nos tomen en cuenta a los ejidos y a las comunidades para hacer nuevas leyes porque siempre las hacen para perjudicar a los más débiles, a los más pobres y de paso a toda la sociedad. Ellos no saben qué necesidades tenemos».
Cabe mencionar que de acuerdo con datos oficiales, la República Mexicana cuenta con 138.4 millones de hectáreas con vegetación forestal, equivalentes al 71.2 por ciento del territorio nacional, donde los principales ecosistemas son los matorrales xerófilos, con más del 40 por ciento; los bosques templados, con cerca del 25 por ciento, las selvas, con el 21 por ciento; manglares y otros tipos de asociaciones de vegetación forestal, con el 1 por ciento y otras áreas forestales, con el 11 por ciento.
«Exigimos que sea un proceso amplio participativo y que sean tomadas en cuenta las distintas opiniones. Que no llegue a votación en secreto […] Reconsideren su actitud y den señal de que toman en en cuenta a los ciudadanos por el bien de los recursos de la nación», urgió en su oportunidad Gonzalo Chapela, de CCMSS.
Finalmente, Juan Carlos Carrillo, de Cemda, subrayó la necesidad de reformar, pero sin perder de vista aspectos como priorizar el tema de los servicios ambientales, el manejo forestal comunitario y la equidad de género.
