A un año de la devastación en Tajamar, Quintana Roo, activistas exigen justicia y que el manglar sea reabierto a la ciudadanía. Integrantes de las organizaciones Salvemos Manglar Tajamar y La Tierra Nuestra Casa recordaron que hasta el momento varios jueces han otorgado suspensiones definitivas y provisionales que impiden realizar cualquier tipo de construcción en la zona; sin embargo, señalaron que aún falta que se reanude el acceso al manglar y, lo más importante, que los responsables de su destrucción sean castigados, entre ellos, el ex Gobernador priista Roberto Borge Angulo y el ex Alcalde del municipio de Benito Juárez, Paul Michell Carrillo.
Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- Hace un año el Malecón Tajamar fue devastado para dar paso a desarrollos inmobiliarios impulsados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y aunque gracias a la lucha social el ecosistema ha ido recuperándose, activistas exigen que el espacio sea abierto a los ciudadanos y no a los empresarios.
Fue la madrugada del 16 de enero de 2016 cuando más de 70 camiones de volteo, excavadoras y pipas de agua entraron a Tajamar, en Quintana Roo, respaldados por elementos de la policía municipal y federal, mientras alrededor de 20 activistas se encontraban resguardando el lugar ante la inminente amenaza de daño al ecosistema. Policías antimotines cercaron el perímetro con vallas y permanecieron allí por más de 24 horas, hasta terminar de destruir la zona.
En su momento, ciudadanos y activistas acusaron como responsables al entonces Gobernador Roberto Borge Angulo y al ex Alcalde de Benito, Juárez Paul Michell Carrillo de Cáceres de dar paso a una construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fonatur. El hecho fue calificado como un ecocidio.
Hoy, los activistas reiteran las acusaciones, y exigen que a un año de la devastación se haga justicia y el manglar sea reabierto a la ciudadanía.
Araceli Domínguez Rodríguez, miembro de Salvemos Manglar Tajamar, y Roberto Villalobos, de la organización La Tierra Nuestra Casa, recordaron que hasta el momento varios jueces han otorgado suspensiones definitivas y provisionales a los amparos presentados por ciudadanos, por lo que no se puede realizar construcción alguna en el territorio, en tanto no se resuelvan los juicios.
«Tajamar se ha convertido en el ícono de la forma en que el Gobierno destruye, de cómo abusa y lastima los intereses públicos, mientras beneficia a los privados», dijo Araceli Domínguez, también presidenta de la asociación Grupo Ecologista del Mayab (Gema), en entrevista con SinEmbargo.
Ambos activistas celebraron que el manglar esté nuevamente floreciendo y subrayaron que esto ha sido posible gracias a los ciudadanos, quienes mantienen vigilada la zona la mayor parte del tiempo.
También informaron que en el sitio habitan ya alrededor de 30 cocodrilos, otras especies de reptiles, peces y aves.
«Hay rondines y guardias para proteger el manglar. Seguimos en pie de lucha, no vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hay varias suspensiones vigentes que impiden la entrada a Tajamar. […] La ciudadanía ha logrado salvaguardar que nadie más pueda entrar a devastar en tanto no se resuelvan los juicios. Tenemos fe en que habrá justicia y Tajamar va a regresar a la comunidad», remarcó la activista.
Asimismo, ambos defensores subrayaron que a lo largo de estos 365 días ha quedado demostrado que el manglar se puede recuperar por sí solo, contrario a lo que habían planteado autoridades, quienes aseguraron que el ecosistema se había perdido.
«Nos encontramos con un Tajamar recuperado. Trabajadores han intentado ingresar con machetes, pero activistas y policías los han sacado», dijo Domínguez.
Roberto Villalobos informó que la organización La Tierra Nuestra Casa promovió seis amparos aceptados por el Juzgado Quinto y Segundo de Distrito, mismos que impiden cualquier tipo de construcción, remodelación, excavación o relleno en los predios de Tajamar –en una superficie de 58.76 hectáreas–.
Sin embargo, el activista criticó que la «inacción» de las autoridades ha detenido el proceso para que se otorgue la sentencia definitiva con la que se logrará que el malecón sea disfrutado por la ciudadanía.
«Ya tenemos varios meses esperando resolución y no ha pasado nada. […] Requerimos no solamente el apoyo y respaldo de los jueces, sino la comprensión de que estos espacios son para la ciudadanía. Por ello pedimos al Gobierno del Estado [ahora encabezado por el Gobernador Carlos Joaquín González] que reconsidere que Tajamar vuelva a ser un espacio ciudadano», comentó.
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UN FONATUR «DELINCUENTE», ACUSAN
Los activistas responsabilizaron nuevamente a Fonatur, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a Roberto Borge Angulo y a Paul Carrillo de lo ocurrido el año pasado, y reiteraron su exigencia de que sean sancionados.
«Pedimos a las autoridades que cumplan con la Ley, que no haya impunidad. Exigimos castigo para Fonatur, ellos actuaron muy mal en Tajamar, apoyados por otro delincuente que es Borge», dijo Araceli Domínguez.
Domínguez también calificó de «delincuente» al Fonatur: «es una inmobiliaria gubernamental y se cree propietario de los terrenos [de Tajamar] y no es propietario de nada, es administrador de los bienes de la nación y debería responder a la nación, no a los intereses de particulares. Fonatur es un delincuente ambiental en Cancún. Fonatur se convirtió en un delincuente desde que vendió playas públicas, espacios de esparcimiento».
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Prueba de ello, de acuerdo con la activista, es que Fonatur pagó con 10 lotes de Tajamar a la empresa italiana Bi&Di, luego de que esta interpusiera una demanda en su contra. «Mejor prueba de que es un delincuente con todas sus letras, no hay», sentenció.
Explicó que «hace años, Bi&Di compró a Fonatur un lote en una playa pública llamada ‘El Mirador’, pero no se pudo construir porque el lote no contó con las condiciones apropiadas, así que ni el Programa de Ordenamiento Ecológico ni el Plan Director de Desarrollo Urbano lo permitieron. Por eso la constructora demandó a Fonatur y al ganar el caso le fueron entregados los terrenos en Tajamar».
Asimismo recordó que la Profepa exoneró al Fondo, luego de que en junio pasado resolvió que la remoción de vegetación forestal en Tajamar se realizó al amparo de una autorización en materia de impacto ambiental vigente.
«Nadie ha pagado, Profepa exoneró a Fonatur. Le cubrió las espaldas. Es una vergüenza», lamentó.
Finalmente denunció que en Cancún no existen las condiciones necesarias para que las personas tengan acceso a una buena calidad de vida pues no hay áreas verdes, ni suficientes escuelas y hospitales.
