El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pidió esta semana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anular el decreto del estado de Yucatán que impide los cultivos con organismos genéticamente modificados. Comunidades indígenas, campesinos y activistas se han mostrado inconformes, ahora al frente de batalla se suma el Gobierno de Yucatán que la siembra de soya transgénica no es compatible para las actividades como la apícola, y ello ocasionaría muchos daños a la biodiversidad y a la actividad económica.
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Por Edna Alcántara
MEXICO, 23 dic (Xinhua) — Comunidades indígenas, campesinos, sociedad civil y autoridades del estado mexicano de Yucatán, dicen que defenderán «con todo» un decreto aprobado hace casi dos meses para ser una entidad libre de transgénicos y que ahora el Gobierno federal busca revertir interponiendo su incostitucionalidad ante la Suprema Corte de México.
El decreto de Yucatán, aprobado el pasado 26 de octubre, que prohíbe los cultivos con organismos genéticamente modificados (OGM) en el estado de Yucatán, tales como la soya transgénica que es incompatible a las actividades agrícolas que ancestralmente se realizan por miles de familias indígenas mayas y de la cual viven, principalmente de la apicultura, explicaron funcionarios y activistas de Yucatán consultados por Xinhua.
«Está perfectamente documentado en diversos estudios que la siembra de soya transgénica resistente al herbicida denominado glifosato, no es compatible para las actividades como la apícola, y ello ocasionaría muchos daños a la biodiversidad y a la actividad económica», reconoció el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado de Yucatán, Eduardo Batllori.
Tampoco, agregó, «se puede ignorar el riesgo que implican para la salud de la población las fumigaciones con glifosato, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno».
La apicultura es una de las principales actividades en el sureste de México y actualmente unas 2o0 mil familias de productores de origen maya dependen de ella, quienes cumplen con los altos estándares de normativas en materia de productos orgánicos en países como Alemania, Estados Unidos, Japón o China, este último que busca para la próxima temporada llevar unos 10 contenedores de miel.
Yucatán exporta anualmente 700 toneladas de miel, que propician una derrama económica de 2.000 millones de dólares.
«La siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán implica terminar con la apicultura, la riqueza cultural de las comunidades y ambiental de la selva maya. (…) la apicultura ha fomentado el desarrollo sustentable por varias generaciones, romper este círculo virtuoso es promover la deforestación y la desertificación de las cuencas hídricas», advirtió el funcionario local.
El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pidió esta semana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con el diario mexicano Reforma, anular el decreto del estado de Yucatán que impide los cultivos con OGM y promueve cultivos orgánicos.
De acuerdo con la controversia de inconstitucionalidad del decreto, supone que el gobierno de Yucatán habría invadido atribuciones del Congreso de México que reguló el tema desde 2005 mediante la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, cuya aplicación corresponde a dependencias federales.
De acuerdo con la publicación del diario mexicano, la intervención de la Suprema Corte, servirá para aclarar cuáles son los límites de las atribuciones de los gobiernos locales en el tema de transgénicos -si es que tienen alguna-, sin hacer pronunciamientos sobre las polémicas científicas y ambientales que genera el uso de este tipo de semillas.
«El decreto no se aprobó sobre las rodillas, previamente fue avalado por académicos, indígenas, agricultores y ambientalistas, quienes con estudios científicos y técnicos se comprobó los daños que ocasionaría la siembra de cultivos transgénicos y ahora vamos a defender no con el puño levantado sino con argumentos jurídicos la sociedad civil con el gobierno de Yucatán», dijo a Xinhua el coordinador del Colectivo MA OGM de Yucatán, Luis Arturo Carrillo.
La medida, enfatizó, se alinea con la opinión y los programas de los órganos especializados nacionales e internacionales -la agenda 2030 de la ONU por ejemplo- que claman por cambios al modelo de producción agropecuaria industrial, y señala una ruta de gran potencial económico para satisfacer una ávida demanda de alimentos sanos para el mercado local y el de exportación.
«Este es un decreto vanguardista que coloca al estado de Yucatán en el único camino que puede hacer frente al cambio climático; social, ambiental y culturalmente saludable y que logra satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las de las generaciones futuras», agregó.
De acuerdo con el activista, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP), el Instituto Nacional de Ecología (Ine) y otras instituciones, desaconsejan la siembra de soya OGM, dados los efectos que para la producción de miel, el medioambiente y la salud.
«Podrían producirse graves daños debido no sólo al transgénico en sí, sino al herbicida que es altamente nocivo para la salud y para constatarlo basta ver lo que ocurre en la provincia del Chaco en Argentina», insistió.
De igual manera, recordó que previo al decreto, tanto académicos. sociedad civil, comunidades indígenas y apicultores, han interpuesto amparos en los cuatro estados del sureste, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche para suspender la siembra de soya transgénica, luego de que el ministerio mexicano de Agricultura otorgó un permiso para su cultivo en un polígono de 230.000 hectáreas que abarcan desde Chiapas hasta Quintana Roo.
El Congreso de México aprobó en 2005 la llamada Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados con lo que avala la siembra de cultivos transgénicos, ello a partir de que no había una regulación par ello y por ello se definió que las únicas instancias competentes para su aprobación serían los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente a fin de determinar en función de los niveles de riesgo evaluados científicamente y las medidas de bioseguridad.
No obstante, el gobierno de Yucatán argumenta que la siembra de transgénicos viola en la entidad diversos artículos de la ley porque no determinó los efectos de este tipo de organismos en los procesos de producción agrícola y la biodiversidad, además de que se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas.
