Vecinos de la delegación Coyoacán, en la CdMx destacaron que si el Gobierno capitalino continúa dando su respaldo a la constructora Quiero Casa, para proteger una obra que ha producido afectación a bienes nacionales y está plagada de ilegalidades, no sólo estará cometiendo múltiples violaciones a sus derechos humanos, sino que estará mostrando que los intereses privados prevalecen sobre el interés común de la población.
Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– A pesar de que autoridades ordenaron la suspensión de una obra en la delegación Coyoacán, luego de que vecinos acusaran que la constructora Quiero Casa rompió un manantial y permitió que se desperdiciaran más de mil 500 millones de litros de agua, ahora denuncian que los trabajos continúan.
Aunado a ello, los habitantes acusan múltiples ilegalidades en las que incurre la empresa, entre ellas, la operación con un dictamen de estudio de impacto urbano positivo sin vigencia. Asimismo, señalaron, no existen permisos de excavación, de tala de árboles, ni manifestación de impacto ambiental. Por ello, puntualizaron, continuarán tomado acciones jurídicas y movilizaciones vecinales para lograr la cancelación definitiva de la obra, la expropiación del predio y la construcción de un área verde comunitaria y popular.
El pasado 9 de diciembre, la Asamblea General de los Pueblos Barrios y Pedregales de Coyoacán presentaron una demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México con el fin de denunciar la ilegalidad y extinción de diversos dictámenes, permisos y autorizaciones obtenidos por la empresa que pretende construir una torre de 377 departamentos y 683 cajones de estacionamiento en el predio ubicado en Avenida Aztecas, número 215, en el pueblo originario de Los Reyes, explicaron los inconformes mediante un comunicado.
Tres días después, la Ponencia siete de la Tercera Sala Ordinaria de dicho Tribunal notificó a la Asamblea la admisión de la demanda y el otorgamiento de la suspensión solicitada para impedir «la continuación de los trámites correspondientes o en su caso la ejecución de las obras de construcción correspondientes», sin embargo, la obra continúa en ejecución.
En entrevista para SinEmbargo, Gustavo López, miembro de la Asamblea, señaló que las autoridades encargadas de colocar los respectivos sellos no se han presentado. «No hay ninguna respuesta para ejecutar la suspensión. Ellos siguen trabajando y el Gobierno no ha hecho su labor de ir y llevar a cabo la suspensión», dijo.
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Los vecinos de la demarcación exigen a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la capital o bien a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano dela delegación proceder «de inmediato a cumplir con dicho mandato judicial y lleven a cabo la suspensión de las obras que están sucediendo en un marco de ilegalidad».
López, además, hizo un llamado a los gobiernos federal y local para que «cumplan con sus obligaciones», pues –aseguró– dejan del lado el Estado de derecho y al contrario, «están mostrando una férrea alianza entre empresarios y Gobierno. Es como si el Gobierno acatara las órdenes de los empresarios y no las leyes».
Aunado a ello, agregó que el pasado 5 de diciembre a las 3:40 de la mañana, 500 granaderos, «sin ninguna orden» irrumpieron en el campamento que los vecinos mantenían desde hace meses y «nadie se quiso responsabilizar». Hasta el momento, señaló, uniformados resguardan la zona.
«Fue un operativo ilegal, nos retuvieron cerca de 40 minutos, nos quitaron celulares, nos acomodaron en un sillón, sacaron nuestros utensilios de cocina, entre ellos, cuchillos. También sacaron antorchas que teníamos y nos amedrentaron con enviar fotos a la prensa. Después nos separaron y uno a uno nos dijeron ‘vete de aquí y si regresas te llevamos'», narró.
Acusó, además, que los uniformados se llevaron dos automóviles sedán, una combi, carpas, lonas, víveres diversos, mesas, sillas, equipo de sonido y hasta el momento nada de sabe de los bienes. En el caso de los autos, los dueños presentaron una denuncia por robo y el Gobierno se comprometió a localizarlos, sin embargo, López comentó que ayer tuvieron una reunión con algunos funcionarios y «no han resuelto nada».
Ante la situación, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la capital (CDH-CDMX) «porque son nuestras pertenencias y nos las quitaron en un operativo que debería ser legal. Tienen que devolverlas», exigió.
Durante la mesa de diálogo realizada ayer entre representantes de la Asamblea General con empleados de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y de la Dirección General de Concertación Política, los funcionarios argumentaron –sobre la suspensión– que nadie les ha notificado, que no existe ninguna instancia que sea la responsable de ejecutarla y además debe pagarse una fianza para proteger a la empresa, informaron.
«Esta negativa de ejecutar la orden del magistrado muestra que el estado de derecho que defienden queda anulado […] Desde las más altas esferas del Gobierno se está enviando un mensaje claro a todos los ciudadanos: que un empresario puede actuar en ilegalidad y causar múltiples daños a la población y no ser sancionado, sino todo lo contrario, ser protegido», se lee en el boletín.
Asimismo, subrayaron que si el Gobierno capitalino continúa dando su respaldo a la constructora Quiero Casa «para proteger una obra que ha producido afectación a bienes nacionales, y además plagada de ilegalidades, no sólo estará cometiendo múltiples violaciones a nuestros derechos humanos, sino que estará mostrando que para éste Gobierno los intereses privados prevalecen sobre el interés común de la población», concluyeron.
