La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió un extrañamiento dirigido al representante legal de la Plaza de Toros México para requerirle abstenerse de utilizar menores de edad en las corridas de toros, de acuerdo con lo dispuesto en preceptos legales y «al tratarse de un menor de edad laborando en una actividad que pone en riesgo su vida, su integridad física y su salud». Ahora, activistas pretenden que esa prohibición se extienda a todas las plazas en la República.
Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– La corrida en la Plaza de Toros México del pasado 11 de diciembre, en la que participaría Cristóbal A., un niño de 10 años, no se llevó a cabo luego de una queja interpuesta por la activista Xane Vázquez ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
La defensora solicitó a la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México emitir medidas cautelares dirigidas a la Delegación Benito Juárez, al Gobierno de la CDMX, a la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para lograr la prohibición de la participación de menores en el evento taurino.
Ante la exigencia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un extrañamiento dirigido al representante legal de la Plaza de Toros México –firmado por el licenciado Álvaro Isaac Pliego de la Rosa, director de Inspección en esa dependencia federal– para requerirle abstenerse de utilizar menores de edad en las corridas de toros, de acuerdo con lo dispuesto en preceptos legales y «al tratarse de un menor de edad laborando en una actividad que pone en riesgo su vida, su integridad física y su salud».
Ante tal respuesta, Xane Vázquez, activista por los derechos de los menores a una vida libre de violencia, en entrevista para SinEmbargo, aplaudió el actuar de la dependencia federal:
«Esto sienta un precedente, es un parteaguas para cualquier entidad en la que se permitan estas prácticas y en las que se incluya la participación de menores de edad como toreros. Cualquier persona que trabaje por los derechos de los niños con relación a su exposición en espectáculos violentos puede recurrir a este documento porque es un documento oficial y estipula con toda claridad cuáles son las violaciones en las que incurriría el organizador», dijo Vázquez.
Además, la activista aseguró que el documento «es el principio del fin para la utilización de menores en este tipo de espectáculos» y consideró fundamental que los niños dejen de asistir a eventos donde existe violencia, ya que con ello se violan sus derechos.
«En un país tan lastimado, tan herido por la violación sistemática y reiterada de los derechos humanos, donde faltan manos para atender todas las violaciones a los derechos de los menores en las que se incurren, la tauromaquia es un espectáculo violento que los vulnera, tal como lo declaró el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el año pasado». Además, agregó, se trata de «un gran avance», ya que con ello comienzan a fortalecerse los pilares de la protección a los derechos de los menores con relación a espectáculos violentos.
Asimismo, comentó que los pequeños espectadores «son testigos de la violencia gratuita que se ejerce en contra de un gran mamífero» y pueden incluso estar expuestos a ver la muerte violenta, no sólo de un animal, sino de un ser humano, como ocurrió en julio pasado en España, donde el torero Víctor Barrio de 29 años falleció tras recibir una cornada durante una faena en la plaza de Teruel. Y en el caso de niños toreros, dijo, «eventualmente se van a jugar la vida».
«Las corridas son legales, sí, nadie lo discute, pero no son aptas para menores, ni como actores ni como espectadores», puntualizó.
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COMISONES DE DERECHOS HUMANOS TIBIAS
Vázquez recordó que han solicitado medidas cautelares a las comisiones de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Aguascalientes, Tlaxcala y Nuevo León, sin embargo, «han actuado de manera tibia y dudosa», dijo.
En el caso de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana (CDHDF) –primera en recibir peticiones–, al inicio les dio tratamiento de “gestiones”, sin embargo, pronto las elevó a quejas e inició investigaciones ante las Delegaciones Benito Juárez y Tlalpan.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (CODHEY) respondió que esperaría a verificar si el Municipio de Mérida cumplía con la recomendación, esto a pesar de que los organizadores anunciaban la venta de boletos para menores.
Además, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) respondió: “Al margen de simpatías o antipatías por la celebración de determinados eventos públicos, el estado, en sus tres esferas de Gobierno, así como todos los ciudadanos debemos respetar el orden establecido”. Es decir, negó emitir las medidas cautelares.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán (CEDH) –dicen los activista en un comunicado–, por un lado negó la solicitud de medidas cautelares con el argumento de que no está expresamente prohibido por la ley, y por otro, inició el procedimiento de queja citando la Ley de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQRO) se basó en leyes nacionales que lo facultan para emitir medidas cautelares: “Esta Defensoría no tiene atribuciones legales para emitir las medidas cautelares solicitadas”, respondió, no obstante, inició un procedimiento de queja.
La Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA) también contestó no contar con las facultades necesarias: “Si bien la Ley faculta a esta Comisión para la emisión de estas medidas cautelares, pues su objeto es evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o daños de difícil reparación, estos extremos no se cumplen en su petición”.
Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala (CEDHT) otorgó las medidas cautelares dirigidas al propio municipio, pero “de forma insuficiente”, ya que pidió informar a todos los padres de familia y público en general que acuden con niños “reflexionen sobre el ingreso de estos a cada una de las corridas”.
Ante esta situación, la defensora exigió que se incluya el tema de los menores y la tauromaquia «en la larga lista de ofensas en contra de los derechos de los niños, ya que es una más, pero no es menor», expuso. Por ello hizo un llamado a las autoridades a garantizar a los pequeños una vida libre de violencia.
