No es la primera vez que lo dicen, pero nunca lo habían afirmado con tal contundencia. Los militares se rehúsan a seguir haciendo el papel de policías. “No estudiamos para perseguir delincuentes” dijo hace unos días Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, al referirse a diez años a la guerra cruenta y frustrada en contra del crimen organizado.

Un día después, el Presidente Peña Nieto le dio la razón, le agradeció el esfuerzo en nombre de todos los mexicanos y lo abrazó y palmeó efusivamente ante un auditorio emocionado. Pero al final, en plata pura, le hizo saber que seguirán haciendo lo mismo hasta nuevo aviso. Y el nuevo aviso consistiría en aterrizar las reformas del sistema de justicia y la refundación y profesionalización de las instituciones policiacas para que sean capaces de enfrentar la crisis de inseguridad pública. O sea, uno de estos sexenios.

Los cual conduce a un callejón sin salida. Y es que en el fondo las fuerzas armadas tienen razón porque en efecto, no son detectives sino ejército de ocupación, lo cual significa que llevan diez años yendo de un lado a otro del territorio sofocando fuegos que reinician tan pronto acuden a atender otra emergencia. Y en el proceso de librar esta guerra salvaje y brutal, no sólo sufren bajas sino algo quizá peor para su orgullo: los soldados y oficiales van cometiendo violaciones por las cuales son exhibidos ante tribunales nacionales e internacionales.

Los militares han declarado su molestia, pero no está claro que van a hacer con ella. El General Cienfuegos dijo algo que leído entre líneas tendría que preocuparnos. “Nuestros soldados ya la están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer”. Es decir, podrían preferir enfrentar tribunales militares (por desacato) que tribunales civiles (por delitos de carácter penal).

La anterior es una revelación valiente y claridosa de lo que está pensando la infantería que se encuentra en la primera línea de fuego. Pero el secretario de la Defensa podría estar refiriéndose también a los oficiales y, en última instancia, a la institución. En otras palabras, ante la pasividad de los políticos y la sensación de sentirse utilizados, los militares podrían estar pensando redefinir los alcances de su involucramiento en la lucha contra el narcotráfico.

Con ello no quiero decir que en un momento dado regresarán a los cuarteles por decisión unilateral. Pero da la sensación de que el contundente mensaje de Cienfuegos a la clase política no sólo es para conminarla a hacer algo que conduzca a sanear a las policías para que hagan su tarea. Me parece que la mención al posible desacato de algunos soldados, es también una especie de advertencia de que las fuerzas armadas comienzan a pensar en pintar su raya en lo que concierne a su grado de involucramiento en tareas policiacas.

La molestia que expresa Cienfuegos está bastante extendida entre las fuerzas armadas, pero no necesariamente todos los militares coinciden con la misma solución (regresar a los cuarteles). O por lo menos hay matices. Otras corrientes buscan una salida hacia delante, no hacia atrás. Su argumento consistiría más o menos en lo siguiente: “Si vamos a combatir al crimen organizado, lo hacemos, pero amplíen las atribuciones legales para actuar con mayor libertad y más amplias facultades en las tareas de vigilancia, investigación y procesamiento de crímenes y delincuentes”.

Obvia decir que esta última es una línea delicada y preocupante. Puede tener sentido desde la perspectiva en la que estamos atrapados. En efecto, no hay manera de prescindir del ejército en este momento; en Tamaulipas, por ejemplo, las fuerzas policiacas están desmanteladas por la infiltración del narco.  Pero ampliar los márgenes legales del ejército para intervenir sobre la población civil puede destapar una caja de pandora de consecuencias insospechables. Y en lo inmediato una amenaza puntual para los pobladores donde los militares son, literalmente, un ejército de ocupación.

Somos víctimas de un impasse que, para ponerlo en términos de redes sociales, recuerda la fiesta de los quince años de Rubí. Los políticos invitaron a los militares a participar en la fiesta indiscriminadamente. Ahora, bajo la presión de la opinión pública, los hacen responsables de violaciones a los derechos humanos. “Si queremos que estén pero sólo los que se porten bien”. Cienfuegos prefiere declinar y no ir a la fiesta. Pero otros militares parecen decir: “vamos con mucho gusto pero mándame la invitación por escrito y derecho de baile con la quinceañera”.

@jorgezepedap

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Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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