Jorge Fernández Mendiburu, abogado de la causa de los pueblos mayas en contra de la siembra de transgénicos en sus tierras, y Leydi Pech de Ich Ek, representante indígena, acusaron que a pesar de la suspensión declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este verano se sembraron varias hectáreas de soya transgénica de manera ilegal en Campeche y ahora, en diciembre, se está ya recogiendo la cosecha, por lo que empresas como Monsanto están incluso comercializando cerca del 80 por ciento de esa producción.
Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Frente a la comunidad internacional, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), aceptó que se sembró soya transgénica en comunidades mayas de Campeche, a pesar de que hace más de un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de suspender dichos cultivos allí y en Yucatán.
Durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Panamá el pasado 5 de diciembre, la titular de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), Sol Ortiz García, confirmó dicha siembra. Esto ocurre mientras Cancún, Quintana Roo, en México, es sede de la Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB).
No obstante, comunidades mayas, colectivos y abogados habían denunciado omisión por parte de dicha autoridad para evitar la siembra de organismos genéticamente modificados. En entrevista para SinEmbargo, Jorge Fernández Mendiburu, abogado del caso, y Leydi Pech de Ich Ek, representante maya, acusaron que a pesar de la suspensión que se dio en noviembre del año pasado, este verano se sembraron varias hectáreas de soya transgénica de manera ilegal en Campeche y este mes es temporada de cosecha, por lo que las empresas como Monsanto a estas alturas están comercializando ya cerca del 80 por ciento de la producción.
El lunes, el Senasica confirmó que los resultados del Centro Nacional de Referencia en Detección de OGM arrojó que las 16 muestras que dieron positivo a soya transgénica se encuentran en una superficie de 336 hectáreas, 10 de ellas corresponden a predios ubicados en el municipio de Hopelchén, en una superficie de 305 hectáreas, y seis al municipio de Campeche, en un diámetro de 31 hectáreas.
La dependencia informó que los predios fueron asegurados y se prohibió la cosecha, además de las sanciones que se deriven, las cuales –de acuerdo con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados– van de 500 salarios mínimos, o sea, cerca de 36 mil 500 pesos, hasta 30 mil salarios mínimos que equivalen a más de 2 millones de pesos.
«A pesar de que la razón legal argumentativa, aprobatoria, le da la razón a las comunidades; las autoridades, los sembradores de soya y las empresas –en este caso Monsanto– como se diría vulgarmente, se pasan la sentencia por el arco del triunfo y al final del día se termina sembrando, aunque no en la magnitud que hubiera hecho si existieran permisos», denunció el representante legal y miembro de la organización Indignación AC.
Monsanto ha logrado cosechar sin problemas a pesar de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se comprometió apenas en octubre pasado a vigilar las parcelas y los plantíos. Pech de Ich Ek señaló que en su momento pidieron que se les brindara un informe detallado de los lugares y las coordenadas, además de asegurar las siembras de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y aunque fueron entregados dos informes, la mujer acusó que «eran escuetos».
La también activista del Colectivo Apícola Los Chenes enfatizó en que la siembra de soya transgénica ha implicado violación de sus derechos, además de acciones ilegales como la tala y la apertura de pozos; la contaminación de agua, enfermedades y muerte de animales. Por ello hizo un llamdo a las autoridades para que Campeche sea declarada Zona Libre de Transgénicos, ya que con ello se fomentaría la apicultura, actividad que sostiene a miles de familias en el estado.
«Hay violaciones a nuestros derechos, a nuestra salud, a nuestro territorio, a nuestra biodiversidad. Estamos en un país donde de por sí los derechos de nosotros los indígenas son violentados y ahora con esto, más. Es muy lamentable lo que está sucediendo», dijo.
En el mismo sentido, en el marco de la COP13, CBD Alliance, red de organizaciones y comunidades que alberga más de 400 miembros en todo el mundo, reunió a representantes de comunidades de distintas regiones, quienes subrayaron el vínculo existente entre la biodiversidad y la diversidad cultural, ya que, aseguraron, «son los pueblos y comunidades de todo el planeta las que a lo largo de los siglos han cuidado y diversificado los recursos naturales del planeta», por lo que preservar tales recursos, indispensables para la vida, debe tener prioridad en todos los gobiernos.
Asimismo, la CBD Alliance alertó que los cultivos genéticamente modificados no sólo afectan la flora de toda la península de Yucatán, principal productor de miel en México, sino que también a los apicultores y sus familias, porque la miel de exportación y de consumo local se contamina.
LA CONSULTA, SIMPLE SIMULACIÓN
Por si fuera poco, desde hace algunos meses organizaciones y ciudadanos que conforman la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya transgénica han denunciado confusiones, irregularidades, falta de información clara y precisa, escasez de imparcialidad por parte de las autoridades, presión para obligarlos a apegarse a procedimientos previamente planificados, así como conflicto de interés y un trabajo deficiente de traducción para su lengua materna en el proceso de consulta.
Al respecto, Pech de Ich Ekay aseguró que existe un descontento en las comunidades indígenas porque la consulta no se está haciendo de manera seria. Incluso señaló que la Senasica y la Sagarpa no están haciendo su trabajo y están actuando con irresponsabilidad en el caso. «Deja mucho que desear la consulta […] Hay una inconformidad tajante de las comunidades porque no se está ejecutando la resolución y no se está actuando de buena fe. Si la consulta va a ser una simulación, no tiene caso que se haga», comentó.
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Asimismo, agregó que se genera una confrontación entre las comunidades, ya que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) –instancias encargadas de que la consulta se lleve a cabo en paz y con diálogo– no hacen su trabajo, al contrario, dijo, hacen consultas con soyeros que están a favor de los transgénicos.
«Nosotros queremos dialogar, no queremos aumentar el problema, […] Queremos participar para decir cómo queremos nuestro desarrollo. El llamado es para las autoridades para que hagan su trabajo como debe de ser y que vigilen el respeto a nuestros derechos. Nosotros hemos denunciado en tiempo y forma todas las anomalías y no hemos tenido respuesta», acusó.
En ese sentido, Fernández Mendiburu señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) ha pretendido cerrar las carpetas de investigación abiertas con motivo de las denuncias penales presentadas por la siembra ilegal de soya transgénica, «lo que significa que la impartición de justicia es dispareja».
Greenpeace e Indignación presentaron demandas en la delegación regional de la PGR en Campeche y otra en la oficina central de la PGR en la Ciudad de México, además las propias comunidades le pidieron a la Senasica que iniciara investigaciones sobre dicha siembra, informó.
No obstante, «hasta la fecha esta siembra ha permanecido en la impunidad. La PGR quizo cerrar el caso a pesar de que no ha investigado y la Senasica –que es la primera responsable en hacer estas investigaciones– no han hecho su chamba y en consecuencia la soya ya hasta se está cosechando. Se dio aviso también a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada», condenó hace un par de semanas, antes de que la dependencia reconociera la existencia de siembra de transgénicos.
«No podemos pensar en realmente haya un espacio de diálogo entre comunidades que se ven afectadas y el Estado, si no hay real voluntad política para garantizar que las comunidades no se van a sentir engañadas. No sólo deben sancionarse a los agricultores, si no a toda la cadena de custodia, es decir, desde quien la fabrica, la libera, la siembra y la vende», subrayó.
Finalmente, Fernández concluyó que el actuar de las autoridades demuestra que existe una «incapacidad institucional» en términos generales. «Lo que habría que averiguar es si es incapacidad o si es complicidad para hacerse de la vista gorda frente a la siembra de soya transgénica», remató en su momento.
LANZAN PETICIÓN EN CHANGE
A través de la plataforma Change, el Colectivo Apícola lanzó la petición «Aunque ganamos, el Gobierno federal no respeta la sentencia», que busca presionar a las autoridades «a cumplir su deber con eficiencia y a ser transparentes en su trabajo con las comunidades mayas».
La petición está dirigida al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa; al director en Jefe de Senasica, Enrique Sánchez Cruz y al director de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados, Pedro Macías Canales y puede ser firmada aquí.
«En la región se ha creado un ambiente de complacencia e impunidad, en el que las autoridades no hacen justicia (porque la justicia debe ser rápida para ser justicia) y los productores privados se burlan de la Ley y de las comunidades, pues tienen la confianza de que en adelante podrán violar cualquier sentencia, aunque ésta provenga de la Suprema Corte de Justicia de la Nación», se lee.
