Organizaciones civiles coinciden en la urgencia de penalizar cuanto antes las peleas de perros en el país para enfrentar también otros tipos de delitos que se desarrollan en torno a esta práctica cruel en contra de los animales. Uno de ellos es la trata de personas. La directora general de la organización Contra la Trata de Personas destacó que al tipificar como delito las peleas de perros se podría evitar también que «miles de personas, especialmente niñas, niños y mujeres» sean víctimas de trata.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil hicieron un nuevo exhorto a la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados a dictaminar la iniciativa de Ley que busca tipificar como delito la organización y participación en peleas de perros, en el Código Penal Federal.
Anton Aguilar, director ejecutivo de Humane Society International (HSI), alertó que no sólo se trata de la crueldad a la que son sometidos los canes sino que esta práctica también encierra actividades ilegales como pornografía infantil, tráfico de armas y drogas, y trata de personas.
De acuerdo con la agencia encuestadora Parametría, el 99 por ciento de los mexicanos condenan las peleas de perros y el 85 por ciento cree que los organizadores deberían ser sancionados.
«El tiempo se agota, el calendario legislativo tiene sus tiempos y es urgente que la Comisión de Justicia dictamine favorablemente las iniciativas para penalizar las peleas de perros a nivel federal. Sería inaceptable que el tema se quede en la congeladora. Estos espectáculos son crueles con los animales, son altamente impopulares y suponen un problema de crimen organizado», subrayó.
En entrevista para SinEmbargo, Verónica Flores, directora general y fundadora de Contra la Trata de Personas, AGAPE, destacó la importancia de que en México las peleas de perros sean consideradas delitos, ya que de esa forma «miles de personas, especialmente niñas, niños y mujeres» dejarían de formar parte de las estadísticas de trata de personas.
«La trata de personas no ha sido erradicada en México por falta de voluntad política. Esta Navidad al menos 20 mil familias estarán lejos de sus madres, hermanas, hijas e hijos porque son víctimas de trata y nadie hace nada al respecto», lamentó.
La activista explicó que la trata de personas es una vertiente del crimen organizado que existe en todo el mundo y que genera ganancias de 32 mil millones de dólares cada año, más del 30 por ciento de lo que el país recibió por remesas el año pasado.
Más de 27 millones de personas alrededor del mundo están atrapadas en este tipo de esclavitud moderna y cada 30 segundos un individuo se convierte en víctima de la misma, según datos de la organización internacional A21, dedicada a la prevención de este delito.
Flores remarcó que es responsabilidad de los diputados «atender el sufrimiento» de miles de familias que han sido separadas a consecuencia de la explotación a la que se somete a alguno de sus miembros en diversas entidades.
La Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, recordó al activista, ha señalado que las sentencias de fuero común en México apenas alcanzaron 551 de enero de 2009 a junio de 2015. Mientras, en el fuero federal apenas se alcanzaron 19 sentencias durante el mismo periodo de tiempo. Además reveló que en lo que va del año, en la ciudad gobernada por Miguel Ángel Mancera Espinosa han sido rescatadas únicamente 327 mujeres sometidas a trata, ocho de ellas menores de edad.
«Para AGAPE es inaceptable que en seis años, esta ciudad, que se jacta por repartir silbatos para prevenir la violencia contra las mujeres encabece, con Sinaloa, las sentencias dictadas en la materia con apenas 211. Le siguen en esta lista de vergüenza Chiapas, con 121; el Estado de México, con 54; Puebla, con 32; Tlaxcala, con 21, y Sonora, con 13», dijo.
Ante este panorama, la activista hizo un llamado a los diputados a hacer un frente común con los senadores para que «lejos de bromear con el tema de trata, asuman un compromiso con las víctimas» que son sometidas a trabajo, pornografía, prostitución, entre otras actividades, en contra de su voluntad.
El mes pasado, el Grupo de Acción DH difundió a través de su cuenta de Twitter un audio en el que los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Fernando Mayans y Luis Sánchez Jiménez bromearan y reconocieran ser «usuarios de trata».
Distintas organizaciones de la sociedad civil explicaron recientemente, en una misiva dirigida a Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, que a mediados de este año fueron presentadas dos iniciativas que buscan modificar el Código Penal Federal con el objetivo de tipificar los delitos de organización y participación en peleas de perros.
Dichas iniciativas fueron promovidas por legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y se turnaron a la Comisión de Justicia.
En julio pasado, HSI lanzó la petición en línea: ¡Pídele a los legisladores federales que prohíban y penalicen las peleas de perros en todo México!, donde más de 200 mil personas firmaron para exigir que los promoventes y organizadores reciban penas severas. Dichas firmas serán entregadas en físico a la mencionada Comisión.
Por su parte, la Diputada Verónica Delgadillo planteó que «el entorno donde se llevan a cabo las peleas de perros es totalmente deplorable y está envuelto por el crimen organizado. Por un lado, esta iniciativa nos permite luchar por la defensa de los derechos de los animales» y por otro, «permite luchar en contra del crimen organizado y en contra de la descomposición social que está viviendo nuestro país», ya que «está demostrado que si un ser humano es capaz de lastimar a un animal, también es capaz de lastimar a una persona».
Finalmente hizo un exhorto a Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la Comisión «a que haga su trabajo» y a que elabore y apruebe el dictamen correspondiente a la brevedad, a fin de permitir a los legisladores votar esta Ley en pleno antes de que finalice el presente periodo legislativo.
«En la actualidad hay un vacío legal para combatir estos espectáculos. Si bien las peleas de perros se prohíben en la mayoría de las leyes estatales de protección animal, el lenguaje suele ser deficiente y las penas son de carácter administrativo, no penal. Oaxaca no tiene una Ley de protección animal. Al reformar el Código Penal Federal se establecerá de facto una prohibición federal de las peleas de perros con sanciones penales», expuso.
