En 2013, el gobierno australiano creó la Royal Comisión de Australia para investigar los casos de abusos sexuales infantiles. Para 2015, a partir de una investigación, la Comisión informó que Testigos de Jehová de la iglesia australiana ocultaron más de mil casos de abusos contra menores en los últimos 60 años.
Sídney (Australia) 4 de noviembre (EFE).- El Gobierno australiano anunció hoy que indemnizará a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de instituciones públicas y religiosas del país con hasta 150.000 dólares locales (115.200 dólares o 103.759 euros).
La compensación forma parte de un plan que el gobierno federal implementará a partir de 2018 y al que también se podrán unir los gobiernos de los estados y territorios, e instituciones religiosas, indicaron el ministerio de Servicios sociales y la Fiscalía General en un comunicado.
«El Gobierno reconoce que los supervivientes de abusos sexuales a menores en instituciones fueron abandonados y traicionados por muchas de estas instituciones, incluidos gobiernos, iglesias y de beneficencia», señaló la nota.
El ministro de Servicios Sociales, Christian Porter, dijo que se creará un consejo independiente asesor para supervisar la implementación de este programa, que también incluye la prestación de ayuda psicológica.
Según el ministro el plan busca que «las instituciones hagan las enmiendas y reconozcan que se causó daño a los niños que tuvieron a su cuidado».
«La cuestión central de lo que intentamos evitar con todo esto es retraumatizar a las víctimas», dijo el ministro en declaraciones recogidas por la cadena ABC.
Australia creó en 2012 una comisión para investigar la respuesta de las autoridades a los abusos sexuales a menores cometidos en instituciones sociales, públicas, militares y religiosas.
La comisión publicó el año pasado un informe con 99 recomendaciones sobre la atención y el cuidado a las víctimas.
El punto principal del documento era la adopción de un plan de reparaciones de 4.000 millones de dólares locales (3.072 millones de dólares o 2.766 millones de euros), que abarcaría indemnizaciones, tratamientos psicológicos y la respuesta de las instituciones.
La propuesta de la comisión planteaba que el plan fuera financiado por las instituciones en las que se cometieron los abusos o por los gobiernos si éstos ocurrieron en instalaciones públicas o cuando las instituciones no gubernamentales habían desaparecido.
