El grupo humanitario asegura que la policía turca ha torturado o maltratado a detenidos tras el fallido golpe de Estado en julio, sin embargo, las autoridades turcas niegan las acusaciones.
Estambul, 25 octubre (EFE).- La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) instó hoy al Gobierno de Turquía a reintroducir garantías contra la tortura al considerar que el estado de emergencia decretado tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio pasado supone un «cheque en blanco» al maltrato de los arrestados.
«Al eliminar las garantías legales contra la tortura, el Gobierno turco dio un cheque en blanco a las fuerzas del orden para torturar y maltratar a los detenidos como quieran», afirma el director de HRW para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, en un comunicado.
«El Gobierno de Turquía debería reinstaurar esas garantías de inmediato», añade Williamson en la nota emitida con motivo de publicarse hoy un informe titulado «Un cheque en blanco: la suspensión de las garantías contra la tortura tras el golpe militar de Turquía».
La nota recuerda que con el decreto del estado de emergencia se aprobó una disposición que absuelve a los funcionarios de cualquier responsabilidad de sus actos, lo cual afecta directamente a los presos bajo custodia policial.
El informe de HRW detalla en 43 páginas trece casos de denuncias de maltrato de los detenidos, con privación del sueño, palizas, abusos sexuales y amenazas de violación cometidos en las dependencias policiales.
Precisa que las víctimas son en gran parte personas arrestadas bajo la acusación de formar parte de la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el Gobierno acusa de instigar el fallido golpe de julio.
Pero también se han extendido los mismos métodos a supuestos simpatizantes del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, la guerrilla kurda de Turquía) y de otros grupos de izquierda contrarios al Gobierno, agrega.
Una de las víctimas entrevistadas por la organización, Eyüp Birinci, relata: «El jefe de policía comenzó a golpearme la cara y los ojos, me pusieron boca abajo para golpearme las plantas de los pies; también me agarraron los testículos con fuerza amenazándome con castrarme, luego siguieron golpeándome todo el cuerpo con una porra».
Un abogado turco que defiende a jueces y fiscales gülenistas detenidos, Elkan Albayrak, ha confirmado a Efe que sus clientes habían sufrido tratos humillantes y privación de sueño, con interrogatorios de hasta 30 horas.
Además recordó que existen fotografías que muestran a otros detenidos con «huellas de maltrato en la cara».
«No pueden derivar de un combate (durante la intentona golpista), como dicen, porque en un combate con armas no te revientan un ojo, no te producen esas heridas, serían heridas de armas», señaló Albayrak.
A principios de este mes, el presidente de la comisión parlamentaria de Prisiones, Mehmet Metiner, diputado del partido gubernamental AKP, declaró a la prensa que «no se visitará a los detenidos» acusados de ser miembros de la cofradía que el Gobierno describe como «Organización terrorista Fethullah Gülen (FETÖ)».
«No se investigarán denuncias de torturas. Nadie debería hacer propaganda a favor de los terroristas de la FETÖ. Ellos no son los oprimidos, son los opresores», dijo Metiner.
La oposición socialdemócrata ha calificado estas declaraciones como «carentes de ética y moral» ya que la labor de la comisión es investigar las condiciones carcelarias «sin discriminación de lengua, religión, etnia, opinión política o crimen cometido».
En el comunicado, Human Rights Watch recuerda a Turquía que la tortura está prohibida por las leyes internacionales.
En este contexto, expresa «dudas» sobre el compromiso de las autoridades turcas para evitar su puesta en práctica tras haber éstas pospuesto hasta final de año la visita al país eurasiático del relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura.
