Los legisladores nadan de muertito entre cadáveres que se multiplican. No hablamos del crimen organizado, lo hacemos sobre el incremento de defunciones en nuestro país por diabetes que pasó de 46 mil muertes anuales en 2000 a más de 96 mil en 2015. La incidencia de diabetes se ha duplicado cada diez años, una epidemia que se extiende y que lleva a una catástrofe social de la que poco se habla entre los ciudadanos.
Las familias más pobres sufren las peores consecuencias, las personas que sufren diabetes descubren que tienen esta enfermedad cuando van a revisarse una llaga en el pie que no cicatriza y les diagnostican que tienen pie diabético o cuando están perdiendo la vista y les informan que sufren retinopatía diabética. Son los más pobres los que ocupan la mayor parte del porcentaje de las personas que viven con diabetes sin saberlo y cuando lo descubren es porque la enfermedad ha avanzado y es muy difícil y costoso controlarla. Cuando están diagnosticados, la gran mayoría de los más pobres no tienen un control de su enfermedad.
Rubén Rodríguez de 34 años cuenta como salvar su pie diabético era costoso, se requerían medicamentos caros y una atención prolongada y que eso ya no lo hace el Seguro Social, «ahorita ellos no quieren batallar, quieren llegar y amputarte», como a él le sucedió. El Dr. Francisco Martínez Castro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología explica «encuestamos a mil personas en los tres centros de atención más importantes del país y encontramos que más del 50% de los pacientes que asistían ya tenían una forma de retinopatía diabética urgente de tratar, estaban llegando tarde». Hace tres años se mencionaba que en México se realizaban 75 mil amputaciones a causa de la diabetes cada año, ahora, seguramente son más. Sobre los casos de ceguera no hay datos, se reconoce que la diabetes es ya la principal causa de ceguera en edad económicamente activa.
Son los más pobres del país los que menos atención preventiva tienen, son los que más sufren los daños y los que gastan más en estas enfermedades. Como Don Gonzalo lo explicaba a una funcionaria de Salud en Hidalgo, «ya vendí mi camioneta y un terreno que tenía», estaba solicitándole apoyo con algunas hemodíálisis que ya no podía pagar y que ninguna familia pobre y , difícilmente, una familia de clase media, pueden pagar. La hemodiálisis el Seguro Popular no la cubre, se estima se llevaría cerca del 80 por ciento del total de su presupuesto.
El drama está ahí, la catástrofe se agudiza, y los legisladores nadan de muertito entre cadáveres. ¿Qué han hecho los legisladores para detener esta epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes? Lo único que han hecho fue aprobar un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos con alta densidad calórica (el impuesto a los chescos y la chatarra). El impuesto a las bebidas azucaradas ha sido una medida a medias, la propuesta era de que fuera de 20 por ciento y quedó en 10 por ciento, ha tenido un efecto en reducir el consumo, pero no ha sido suficiente porque fue bajo y, especialmente, porque no ha formado parte de una estrategia integral. La Organización Mundial de la Salud ha reiterado su recomendación de que el impuesto sea al menos de 20 por ciento.
Joaquín Santoyo, conductor de microbus con diabetes explica que no puede dejar su Coca Cola y que todos los días se compra una de un litro, «me han dicho que tomar Coca Cola es «como tomarse dos cucharadas de azúcar». No tenía idea que en un litro hay 20 cucharadas cafeteras, el etiquetado se lo oculta muy bien. Cuando a Don Gonzalo, que sufría diabetes y requería dos díalisis por semana, se le mostró la cantidad de azúcar que ingería con las cocas que se tomaba cada día y a través de unos panecillos, vio frente a sí lo que estaba acabando con su vida. Don Gonzalo comentó: «la culpa la tiene el gobierno por permitir esto, por qué no hacen lo mismo que con el tabaco, al menos no hay publicidad..”
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud ha recomendado como políticas para prevenir estas epidemias: establecer regulaciones estrictas a los alimentos y bebidas en las escuelas; prohibir la publicidad de los alimentos y bebidas no saludables a los niños; establecer etiquetados en el frente de los productos que de manera muy sencilla y entendible adviertan sobre los productos que contienen altas cantidades de azúcar, grasas o sal; garantizar el acceso a agua de calidad para beber, especialmente a los niños.
¿Qué han hecho los legisladores en estas materias? Tenemos una regulación de alimentos y bebidas en las escuelas establecida por el ejecutivo y que no se cumple en la mayoría de los establecimientos escolares. Los legisladores no se han interesado por el tema, no lo han hecho ni a escala federal ni a escala de sus distritos, no les interesa. Tenemos una muy débil regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los niños, los legisladores tienen acceso al estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones que muestra que los horarios y programas más vistos por los niños en televisión no están regulados, como tampoco lo están otros medios como la publicidad en espacios abiertos, el internet, y las propias herramientas de enganche como lo son los regalitos y promociones en los productos, como los tasos y la cajita feliz.
No hay ninguna evaluación por parte de los legisladores sobre la regulación en publicidad. El etiquetado frontal establecido para que supuestamente los consumidores puedan identificar si un producto tiene altos contenidos de azúcar, grasas o sal no es entendido ni por los estudiantes de nutrición y promueve el consumo de cantidades de azúcar que rebasan por mucho los límites máximos recomendados por la OMS. Algunos legisladores han presentado propuestas de etiquetados frontales más entendibles y útiles, pero han sido ignorados por el resto de los legisladores. Nada ha venido desde el legislativo para prevenir y enfrentar esta epidemia, ni propuestas ni recursos. ¿Qué han hecho al respecto las comisiones de salud, de infancia, de derechos humanos?
Los legisladores viven entre la ignorancia y el cabildeo de las empresas, como pudo verse recientemente cuando se propuso que el impuesto a los refrescos subiera a 2 pesos por litro como lo recomendaba la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública. Tuvieron una excelente oportunidad de profundizar en la única política de salud pública preventiva que ha tenido un efecto medido. Era una decisión trascendente ya que se trataba de bajar más significativamente el consumo de un producto que aporta el 70% de los azucares añadidos a la dieta de los mexicanos. Se ha difundido bastante información sobre las inversiones de la industria refresquera para evitar todas estas políticas y generar la percepción que no son efectivas.
En la gráfica publicada recientemente por el Instituto Nacional de Salud Pública se puede observar claramente cómo impacto el impuesto, incluso, en el primer semestre de 2016. Se consideran los periodos eneroo-junio de los años previos para poder comparar con el periodo enero-junio 2016. Se ve la tendencia de cómo sería el consumo sin impuesto (línea roja), cómo se proyectó el impacto del impuesto cuando se propuso (línea azúl) y cómo se ha dado en la realidad (línea negra).
Esta otra gráfica está elaborada con datos del consumo únicamente de bebidas carbonatadas provenientes de Euromonitor y publicados en el blog de una de las revistas científicas más prestigiadas, The Lancet, “Growth rates and aggregates: bringing data to the soda wars” por Rajeev Cherukupalli. La gráfica muestra cómo México que se desempeñaba como el mayor consumidor de bebidas azucaradas, a partir de la discusión del impuesto y su implementación, ve alterada su tendencia creciente de consumo y pasa a quedar debajo de Chile. El impuesto, a pesar de haber sido reducido, ha tenido el impacto de bajar a los mexicanos del primer lugar en el consumo de bebidas azucaradas al tercero en América Latina, por debajo de Chile y Argentina.
La mayoría de los legisladores pasan sin ver, nadan de muertito en medio de un país que se siembra de cadáveres, de personas que mueren por enfermedades que podrían ser prevenidas a través de acciones que están ahí, recomendadas por organismos internacionales y nacionales, acciones que muestran resultados. Revertir esta epidemia llevará más tiempo que lo que tomó su desarrollo y debe empezarse con los niños, con sus hábitos de hidratación y alimentación. Cuando logremos proteger esos hábitos con ambientes más saludables en las escuelas, las familias y los espacios donde se desarrollan, estas nuevas generaciones traerán la salud a nuestras catastróficas estadísticas.
La pregunta que queda es: ¿Cuánto invirtieron en México las refrsqueras para que no pasara la propuesta de los 2 pesos por litro y cómo lo hicieron? ¿Cuánto invirtieron contra un etiquetado frontal realmente orientador? ¿cuánto para contar con una regulación de la publicidad ampliamente permisiva para seguir llegando de manera efectivamente persuasiva a los niños? ¿cuánto invirtieron en 2008-2010 para oponerse a las recomendaciones para alimentos y bebidas en las escuelas? Con el tiempo se sabrá un poco más esta historia de cómo los intereses económicos privados se imponen y sacrifican la salud pública, como ya se está revelando crudamente en otros países a través de muy diversas investigaciones.
Nota: Las declaraciones citadas en esta nota provienen del documental “Dulce Agonía”, que puede verse ya en internet en la página www.dulceagonía.org.
