El proyecto impulsado por universidades, sindicatos, ejidos y organizaciones civiles (Greenpeace, en especial), implica reunir 120 mil firmas para que el Congreso apruebe una ley que reconozca el acceso al agua como un derecho humano de todos los mexicanos. La idea es que la nueva ley también resuelva de una vez por todas el grave problema de la contaminación de las fuentes de agua en el país, 70 por ciento de las cuales presentan diferentes grados de polución, y determine una nueva autoridad para la gestión de los recursos hídricos, entre otras medidas. Se requieren aún 30 mil firmas para que el Congreso tome en cuenta la iniciativa.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Si es cierto que el agua es vida, México está en problemas. Hasta un 70 por ciento de los cuerpos de agua en el país, entre los que se incluyen ríos, lagos y humedales están contaminados en diferentes grados, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Aguas.
La contaminación del agua, ocasionada especialmente por el vertido de químicos y aguas residuales a esos cuerpos de agua, ha reducido de manera importante la disponibilidad y acceso a ese líquido esencial en el país.
Cada mexicano podía disponer de 11 mil 500 metros cúbicos de agua en 1955. En 2011, hace cinco años, la disponibilidad per cápita en México era ya de apenas 4 mil 263 metros cúbicos. Es decir, en 56 años cada mexicano perdió 7 mil 237 metros cúbicos del vital líquido disponible.
Con esta crisis de telón de fondo, la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), proyecto impulsado desde 2012 por comunidades, ejidos, sindicatos, sistemas comunitarios, universidades y organizaciones civiles busca garantizar el derecho humano al agua y terminar con la contaminación de ríos y lagos, obligando al Congreso a legislar en la materia y que genere una ley que asegure esos objetivos.
«Es una ley que busca terminar con la contaminación y poner nuevas autoridades a cargo de la distribución y los permisos de descarga de agua y que no sea necesariamente la Comisión Nacional del Agua (Conagua), porque la Conagua ya ha demostrado desde su fundación que no ha hecho bien la tarea, ha hecho más bien el trabajo muy mal. Tan es así que nuestras aguas están contaminadas», dijo Miguel Ángel Soto, vocero de Greenpeace México, en entrevista para SinEmbargo.
Por eso hizo un llamado a la sociedad a sumarse para lograr «el buen manejo del vital líquido en el país a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones en la materia», ya que dicho movimiento busca reunir al menos 120 mil firmas físicas de ciudadanos mexicanos, con el fin de «obligar» a los representantes a tomarla en cuenta y a discutirla en el Congreso, sin embargo, hasta el momento se han recabado sólo 90 mil.
«Es importante hacer el llamado a que las personas de la sociedad civil, los tomadores de decisiones, las celebridades, todos se involucren en el desarrollo de esta Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas y en el apoyo específico de la colecta de firmas, necesitamos 30 mil. Ayúdenos, nos conviene a todos», urgió.
Las firmas deben presentarse físicamente, por esa razón los interesados en participar deben llenar un formulario muy simple que pueden encontrar en la siguiente liga. Una vez dentro podrán descargar el formato requerido, el cual debe ser enviado con las firmas a Greenpeace antes del 18 de noviembre. Hay domicilios receptores en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Querétaro.
La ICLGA –de acuerdo con Greenpeace– tiene, además, otros objetivos, entre los que destacan garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua e impedir el autoritarismo en su reparto, ya que establece que este es un bien de la nación, proveniente de la naturaleza y que las decisiones sobre ella tendrán que ser tomadas por los pueblos y la ciudadanía en sus respectivos territorios.
«Nuestra legislación es muy generosa con la industria», acusó el activista.
Asimismo, la ONG destacó que la iniciativa no permitiría mercantilizar el recurso, ni privatizar o lucrar con su gestión, ya que se centra en la elaboración comunitaria y gubernamental de planes de ejecución obligatoria, vigilada por una contraloría ciudadana y en terminar con la contaminación de los cuerpos de agua.
Además informó que la ICLGA abarca varios ejes, entre ellos, el acceso a información y transparencia; instancias e instrumentos de planeación y gestión del territorio hídrico/cuencas y flujos subterráneos, reconocimiento y apoyo prioritario a sistemas comunitarios; desprivatización y democratización de sistemas municipales y metropolitanos; gestión de aguas pluviales, residuales urbanas y de acuíferos trasnacionales; así como instancias e instrumentos de contraloría, defensoría y procuración de justicia en torno al agua.
Otros ejes incluyen los principios y criterios para la exigibilidad del derecho humano al agua y su saneamiento; la economía del derecho humano al vital líquido; y el fin de la contaminación, este último, señala Greenpeace, «es fundamental desde el punto de vista ambiental pero también legal y de justicia social ya que parte de los siguientes principios y criterios: Principio Precautorio de Cero Descargas de Aguas Residuales, Principio de Transparencia y Principio de Cero Impunidad».
Soto explicó que con el Principio Cero Descargas de Aguas Residuales buscan que exista una promoción de la participación de observatorios ciudadanos y la responsabilidad de las instituciones encargadas de la vigilancia de las normas ambientales y de salud para que se implemente la meta progresiva de cero descargas de aguas residuales.
«Hay incertidumbre por lo daños que pueda causar el uso de aguas con sustancias químicas que puedan estar en las aguas residuales, cuyo efecto pueda dañar irremediablemente los ecosistemas y genere problemas de salud crónico- degenerativos, por eso queremos que allí se aplique este principio, estamos peleando porque las sustancias que se descarguen ya no generen más afectaciones», puntualizó.
Mientras, el Principio de Transparencia, declaró, se refiere a que toda la información relativa a la emisión y transferencia de contaminantes en cuerpos de agua deba ser obligatoriamente pública, con el fin de que toda la sociedad pueda conocer el lugar, el nombre, la cantidad y el tipo de sustancia procesada y descargada por pequeñas, medianas y grandes industrias.
El Principio de Cero Impunidad, dijo, tiene que ver con que los daños ocasionados a los cuerpos de agua y los ecosistemas ya no puedan ser solamente compensados mediante el pago de multas y fianzas, sino que existan «verdaderas responsabilidades penales» para quienes realicen dichos actos, ya que «para las industrias resulta mucho más fácil pagar una multa que realmente resarcir por completo el daño que provocaron», aseguró.
Además, el ambientalista expresó su preocupación debido a que si se publica el borrador de Ley en materia que circula en la Cámara de Diputados o «simplemente se le cambian algunas comas a la Ley Korenfield» las empresas saldrían favorecidas y los ciudadanos serían afectados. En su página oficial, Agua para Todos hizo un comparativo entre la iniciativa y dicho documento, basado en siete principales ejes: derecho humano al agua; ¿de dónde vendría el agua?, toma de decisiones; participación y contrapesos; ¿cómo se corregiría el severo sobreconcesionamiento?; ¿cómo se prevendría la contaminación?, así como la economía del vital líquido.
En el caso del derecho humano al agua, la Ley General señala que la responsabilidad gubernamental se limitaría a 50 litros por habitante al día a cambio de un pago. Mientras, la iniciativa propone cantidad, calidad y asequibilidad, así como derecho a la información y a la participación; a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano. Además contempla el derecho de los pueblos originarios a manejar sus fuentes y a la consulta, así como el derecho a la integridad física y al patrimonio.
¿De dónde vendría el agua? Con la Ley General, de acuerdo con Agua para Todos, el vital líquido se obtendría de grandes obras hidráulicas, trasvases, desalinizadores; acuíferos sobrexplotados y ultraprofundos e incluso de ríos contaminados. En contraste, con la iniciativa ciudadana se busca que exista una gestión integral de cuencas, con el aprovechamiento máximo de aguas pluviales y tratadas.
En cuanto a la toma de decisiones, con la Ley General, la Conagua determinaría obras, contrataciones, volúmenes a confeccionar, concesionarios a beneficiar, inspecciones y sanciones sin revisión pública ni contrapesos. En cambio, de aprobarse la iniciativa, las autoridades de los tres niveles de Gobierno serían ejecutores de planes consensuados por cuenca y municipio, en busca de metas nacionales.
En el tema de participación y contrapesos, la Ley General sólo tomaría en cuenta la voz de concesionarios en Consejos de Cuenca y no serían vinculantes. Además, las obras de investigación requerirían el permiso de la Conagua y esta podría utilizar la fuerza pública para lograr sus determinaciones. Si la iniciativa ciudadana logra consolidarse, existiría participación desde los comités de Microcuenca, hasta Consejo Nacional de Cuencas y en los Consejos de Administración de Agua y Saneamiento, así como en en la Contraloría Social del Agua. Además, toda gran obra requeriría de un dictamen de costo- beneficio y una consulta previa, libre e informada a nivel local y de cuenca.
¿Cómo se corregiría el severo sobreconcesionamiento? Con la Ley general, señalan, se mantendría el esquema actual, o sea, de concesiones sujetas a compra- venta excesivas otorgadas a «intereses», así como vedas violadas. Asimismo, se abrirían acuíferos costeros y zonas geotérmicas a explotación y el uso minero no requeriría de concesión. En cambio, la iniciativa ciudadana contempla que los consejos de Cuenca en zonas sobreexplotadas reduzcan volúmenes concesionados anualmente hasta lograr el equilibrio y optar por dar prioridad al uso personal. Además, la renovación de concesiones requeriría cumplimiento con normatividad y condicionantes.
¿Cómo se prevendría la contaminación? Agua para Todos señala que la Ley General daría seguimiento al esquema actual, o sea, que sólo 19 contaminantes estarían sujetos a normatividad, ya que, agrega, sólo se inspecciona al 1 por ciento de los concesionarios al año, con aviso previo de 24 horas y únicamente el 3 por ciento derivan en multas. Aunado a ello, denuncian que no existe control de contaminación por agroquímicos.
Mientras tanto, la iniciativa ciudadana prohibiría el uso de aguas nacionales para minería tóxica, el fracking u otra actividad que ponga en riesgo el derecho humano al agua. No se permitirían las descargas industriales a sistemas municipales y buscarían eliminar por completo las descargas industriales en los próximos 15 años. Además, de fijar un punto de descarga de acceso público.
En el tema de la economía de agua, acusan, la Ley General busca establecer tarifas para usuarios finales que cubran el costo de inversiones y de futuros proyectos de expansión para obras y sistemas concesionados, sin mecanismos obligatorios para garantizar costo- beneficio. Por su parte, la ICLGA pretende que las políticas fiscales y presupuestales garanticen la aplicación del máximo de recursos disponibles para el cumplimiento del derecho humano al agua. Que exista un dictamen costo- beneficio y un fondo nacional para sistema autosugestionado.
