Activistas urbanos acusaron que en la Ciudad de México –gobernada por Miguel Ángel Mancera Espinosa– prevalecen una serie de irregularidades como consecuencia de cambios ilegales a los usos de suelo y otras decisiones administrativas realizadas a modo para beneficiar a las compañías inmobiliarias; además, dijeron, este desorden ha generado caos urbano y promueve la pérdida de áreas verdes y el suelo de conservación.
Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– Autoridades que desarrollan normatividad a modo para favorecer a inmobiliarias están llevando a la Ciudad de México a una situación de colapso vial, gracias a «una ambición desmedida», denunciaron vecinos de distintos puntos de la capital.
En conferencia de prensa, los inconformes acusaron que en la ciudad gobernada por Miguel Ángel Mancera Espinosa existe una serie de irregularidades a consecuencia de cambios ilegales a los usos de suelo y otras decisiones que provocan caos urbano y promueven la pérdida de áreas verdes y suelo de conservación.
«La preocupación que tenemos sobre los usos de suelo es profunda: por un lado hay daños causados por los desarrolladores y, por el otro, por las autoridades que les dan permiso al hacer una normatividad a modo. Queremos denunciar una situación que se realiza en toda la ciudad y que genera inviabilidad, saturación y colapso. […] Si no detenemos pronto la ambición desmedida de los inmobiliarios y la negligencia y corrupción de las autoridades vamos a tener en la Ciudad de México otro caso como el de Sao Paulo Brasil», acusó Enrique Pérez-Cirera, representante de de la organización Suma Urbana Poniente.
El activista urbano explicó que en la ciudad brasileña, la más grande de América del Sur, los habitantes invierten más de dos horas al día en promedio para trasladarse a sus empleos, allí, aseguró, «hoy no hay posibilidad de moverse de un lado a otro».
En el caso de la capital mexicana, puso de ejemplo a la colonia Granadas, llamada también Nuevo Polanco, uno de los puntos de la ciudad más afectados por la entrada de obras inmobiliarias. De acuerdo con Pérez-Cirera esa colonia «es sólo la punta del iceberg de lo que las autoridades permiten en esta ciudad».
«Las Granadas están ocurriendo en toda la ciudad y ameritan la atención pública y una respuesta eficaz del Jefe de Gobierno Miguel Mancera y de la Asamblea Legislativa de la CdMx», urgió.
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CDMX, AMENAZADA POR INMOBILIARIAS
Las áreas verdes y la salud de los habitantes de la Ciudad de México se han visto amenazadas por las múltiples obras inmobiliarias que se han ejecutado y se intentan construir en diversos puntos de la urbe, bajo el amparo del Gobierno local. Por ello, durante la conferencia y a través de un comunicado de prensa, cuatro activistas urbanos expusieron los casos que aquejan a las zonas en las que habitan.
Lourdes Rion, vecina de la delegación Álvaro Obregón, explicó que uno de los abusos más comunes ocurre bajo la figura del Polígono de Actuación, con la cual se promueven áreas urbanas en diversas zonas, «en resumen es liberar altura y construir más niveles a cambio de disminuir áreas de desplante, es decir, dejar más metros de construcción y número de viviendas, pero no es un cambio de uso de suelo».
Asimismo, agregó que los Polígonos se pueden establecer en áreas de crecimiento consideradas como de reserva de programas vigentes, en terrenos sin construir, que cuentan con accesibilidad, en zonas donde se encuentra un potencial de mejoramiento, predios que tengan infraestructura viable de transporte, así como en áreas industriales deterioradas, entre otras.
Rion puso como ejemplo el proyecto ubicado sobre linderos del Periférico, en la delegación Álvaro Obregón, con una extensión de más de 225 metros de ancho por 119 metros de largo, con una superficie escriturada de 12 mil 421 metros cuadrados, el cual busca desarrollarse en un polígono irregular, ya que invade vía pública, colinda con zona de patrimonio y no con el Periférico, explicó.
«Los vecinos hemos podido detener y estar parando [la construcción] antes de que les otorguen una manifestación de obra. Gracias a que todas estas irregularidades se han presentado a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la PAOT le ha dado seguimiento, nosotros hemos podido, durante siete años y hasta el momento, parar esta obra y seguimos trabajando», dijo.
En su oportunidad, Claudia Pérez Verdia, coordinadora del Comité Ciudadano entrante de Lomas Bezares, destacó que otra de las irregularidades más comunes es la violación a los programas parciales de desarrollo (PPD) –antes Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC)–, los cuales establecen la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en áreas específicas de la ciudad y tienen un carácter especial adaptado a las condiciones particulares de cada zona.
Uno de los muchos ejemplos de las violaciones a estos planes es el proyecto Reserva Bezares, construido entre 2003 y 2004 en los terrenos que anteriormente ocupaban los Laboratorios Syntex, comentó. Originalmente se construyeron sólo 40 viviendas de 146 proyectadas, debido a que, al parecer, por información que les fue proporcionada a los activistas, el proyecto original quebró.
Sin embargo, hace ocho años, dijo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) autorizó aumentar la densidad a 196 viviendas, lo cual representa un incremento del 34 por ciento; «fue ilegal, ya que no se presentaron estudios actualizados de Impacto Urbano y Ambiental», denunció.
Hoy en día, acusó, dicha obra pretende reactivarse bajo el nombre de Proyecto Flow, el cual incluye otras 280 casas, lo cual incrementará en 65 por ciento el número de familias que habitan en la colonia, que pasaría de 500 a 825, con la misma infraestructura de servicios, por ejemplo, el drenaje que opera desde los años 40, cuando el número de familias no alcanzaba cien.
«Se agudizará el problema de la movilidad, con los consecuentes impactos sociales y ambientales. […] A pesar de lo anterior, las autoridades, tanto delegacionales, como la Seduvi pretenden apoyar a los desarrolladores para que construyan de manera ilegal», denunció.
Y agregó que como ha ocurrido en Granadas, el Gobierno ha omitido su obligación de observar la densidad de los predios y ha permitido modificaciones no autorizadas en el PPD para la construcción de un mayor número de pisos. Además, aseveró, no se cumplió con la disposición de dejar 50 por ciento de área libre, la cual debe colindar con la zona habitacional de la colonia.
Aunado a ello, dijo, «se comete otra violación a la normatividad aplicable al realizar preventas de un desarrollo que todavía no cuenta, ni ha reunido los requisitos, autorizaciones y permisos necesarios, por lo que así lo establece la ley está en presencia de un delito clasificado penalmente que se conoce como fraude, en el que resultan responsables no sólo éstos, sino las autoridades que lo permitan, propicien, autoricen o toleren».
«Violar el Plan Parcial de Desarrollo de la colonia Lomas de Bezares afecta directamente los valores ya señalados porque repercute en la densidad poblacional, en los servicios urbanos, en la movilidad y en la calidad de vida de los vecinos y de quienes transitan por la zona. Es responsabilidad de la autoridad velar por el bien común de los ciudadanos, por el respeto y aplicación de la ley y no por el beneficio de unos cuantos desarrolladores que una vez concluidas sus obras, desaparecen y no hay manera de obligarlos a asumir sus responsabilidades, igual sucede con las autoridades, pasan 3 ó 6 años y se van, mientras, los vecinos que llevamos viviendo algunos más de 50 años allí, nos quedamos a padecer las consecuencias de tanta irresponsabilidad e ilegalidad que cometen autoridades y desarrolladores», abundó.
Por su parte, Adriana Bermeo, de la Asamblea de Vecinos en Defensa del Parque Reforma Social recordó que las áreas verdes, el espacio público y los jardines privados son áreas que deben ser ampliadas y conservadas, bajo gestión adecuada por los beneficios ambientales que ofrecen a la capital.
No obstante, en la realidad que se vive en la CdMx, «los vecinos estamos indefensos y la ciudad se está quedando sin áreas verdes. Esta perdiendo su capacidad de absorber agua. No hay autoridad, no hay quien defienda las áreas verdes», reclamó la también miembro del grupo Rescate de Barrancas del Poniente.
Prueba de ello, mencionó, es que el orden legal urbano se ha violentado en los cuatro planes parciales de Lomas de Chapultepec, a través de distintas violaciones mediante mecanismos entre los que destacan los amparos, como en el caso de la Torre Virreyes.
Mientras, planteó, las barrancas del poniente se han transformado en una «reserva territorial» para las autoridades, puesto que «cada día aparecen más dueños en sus bordes quienes casualmente obtienen uso de suelo habitacional multifamiliar aún en áreas decretadas como de Valor Ambiental, como en los casos de Paseo de los Príncipes 98, Montes Apalaches 525 y Cerro de Mayka. En todos ellos la propiedad se ha obtenido vía amparo y luego apelando a su ‘derecho’ obtienen el cambio de usos de suelo».
Ante ello, urgió a proteger dichas áreas y definir las atribuciones de patrimonio ambiental y el territorio, quien está obligado a trabajar en ello, dijo, es la Secretaría del Medio Ambiente de la CdMx (Sedema). «Ya ha sido muy levantada la voz de que la Sedema es completamente omisa de manera generalizada. No han podido en la Asamblea Legislativa hacer cuestionamientos a la altura de su nivel de omisión»
Francisco Guerra, del grupo Nunca Palma 905, señaló que en todo el país se vive un «contexto surrealista y los niveles de sarcasmo se encuentran ya en un límite aberrante», ya que, acusó, en el marco legal se permite autorizar una obra de una manera y al mismo tiempo algo totalmente contrario, por lo que los desarrolladores inmobiliarios se enfrentan a una «laguna legal perversa» que les permite trabajar para su beneficio y «la autoridad les justifica todo».
«En la Ciudad de México, los ciudadanos poco a poco hemos ido perdiendo nuestros derechos fundamentales sobre nuestro entorno urbano. Hay leyes perversas diseñadas desde hace años para la corrupción, desde tiempos de Marcelo Ebrard», dijo.
Por ello, pidió que las inmobiliarias cumplan con la ley. «Necesitamos gente que tenga compromisos con México y que los servidores públicos hagan su trabajo y no nos lo transfieran a nosotros, activistas urbanos, con la necesidad de defendernos en foros», urgió.
Asimismo, el vocero expuso que el impacto de la legislación y corrupción en cambios de uso del suelo y «políticas erradas de densificación urbana» en la capital, además de propiciar el deterioro urbano, están provocando una crisis financiera bursátil mayor en México. Por ejemplo, en la delegación Miguel Hidalgo, señaló, existen «cambios radicales» en el uso del suelo, con lo que los predios habitacionales de tres o cuatro niveles en predios multifamiliares albergan en una manzana a más de medio millón de familias.
Aunado a ello, acusó que dicha densificación masiva se realiza sin el mejoramiento de la infraestructura en términos de vialidad, áreas verdes, servicios urbanos, escuelas, comercio, salud; además de las carencias en agua, drenaje y otros servicios, lo cual lleva a muchos propietarios a intentar vender su inmueble, «lo cual está resultando en una pérdida neta de la inversión […] Las inmobiliarias están destruyendo el sistema financiero nacional», acusó.
De manera conjunta, los vecinos de la Ciudad de México manifestaron su exigencia de contar con una normatividad que garantice la calidad de vida, sin que se pierda el valor del patrimonio de cada ciudadano, derivados de la «anarquía y corrupción» que han prevalecido en el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios.
