A pesar de que el 31 de julio del año pasado la Secretaría de Gobernación activó la Alerta de Violencia de Género [AVG] en la entidad, el panorama sólo cambió para los funcionarios públicos que vitorearon durante el 5º Informe de Gobierno, pero no para las mexiquenses. En 2015 se perpetraron 196 asesinatos de mujeres y en 2016 fueron 192, mientras que la Subprocuraduría de Género de la PGJEM gastó decenas de millones de pesos. Es decir, no hubo casi ningún efecto de acuerdo con el esfuerzo presupuestal.
Por Alejandro Melgoza Rocha
Ciudad de México, (SinEmbargo/Vice).- Desde el teleférico se olvida la muerte, el reguero de sangre entre las calles y los feminicidas que se pasean impunes. A esas alturas celebraron el gobernador Eruviel Ávila Villegas, y el presidente, Enrique Peña Nieto: administraciones responsables del aumento de feminicidios en el Estado de México en la última década. Sobrevolaban un cementerio enorme. Era un Ecatepec embelesado, pero sólo por un día, pues la maquinaria de violencia de género nunca se detuvo.
Un doble feminicidio cometido el 15 de octubre en la mañana. Mamá e hija asfixiadas, según los paramédicos. Su tez morena y rasgos parecían indígenas. Ambas tiradas en un piso de cemento, ése tan característico de las casitas ecatepequenses; en una de ellas creció Eruviel, pero lo olvidó.
Cuatro días antes en Ixtapaluca apareció otra mujer de 18 años. En la escena del crimen apareció con la boca embarrada de sangre coagulada y sus piernas forzadas por violación. La Procuraduría General de Justicia del Edomex —cuyo procurador es Alejandro Gómez— no ha identificado a ninguna de las mencionadas.
A pesar de que el 31 de julio del año pasado la Secretaría de Gobernación activó la Alerta de Violencia de Género [AVG] en la entidad, el panorama sólo cambió para los funcionarios públicos que vitorearon durante el 5º Informe de Gobierno, pero no para las mexiquenses. En 2015 se perpetraron 196 asesinatos de mujeres y en 2016 fueron 192, mientras que la Subprocuraduría de Género de la PGJEM —a cargo de la maestra Dilcya García Espinoza de los Monteros— gastó decenas de millones de pesos. Es decir, no hubo casi ningún efecto de acuerdo con el esfuerzo presupuestal.
El oficio 00094/PGJ/IP/2016 obtenido vía la Ley de Transparencia por VICE México, señala que la Subprocuraduría gastó 50 millones 864 mil pesos desde la emisión de la medida hasta febrero de 2016. De esta cantidad la Fiscalía de Feminicidios ocupó un millón 457 mil pesos, en tanto la de delitos Relacionados con la Trata de Personas fueron 171 mil 292.95.
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«Ese recurso que fue asignado no se ve materializado en estos 11 municipios y pareciera que no existe una declaratoria de Alerta de Género», señaló en entrevista el secretario general de asuntos electorales del PRD nacional, Octavio Martínez, quien fue uno de los políticos que atendió la problemática como diputado en el Congreso local. «No me extrañaría que estemos ante un desvío de recursos en donde la Procuraduría [General de Justicia del Edomex] esté utilizando recursos de este fondo para otras actividades».
El Artículo 23, fracción IV, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que los recursos que se asignen serán con el fin de «hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres» y fracción V: «hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar».
Sin embargo, esa contingencia no se vio reducida. Las tasas de asesinatos de mujeres mexiquenses se mantuvieron; la mayor parte estranguladas, pero también descuartizadas, incineradas, apuñaladas, tiroteadas y golpeadas. En algunos casos se acompañan tintes de tortura, de acuerdo con una revisión hemerográfica en los últimos dos años.
Martínez es rotundo a un año y cuatro meses de ponerse en marcha: «Todas las herramientas y programas que han instrumentado particularmente en los 11 municipios han sido insuficientes, un fracaso literalmente: no hay policías, los cuerpos de seguridad municipal no acaban de conocer la alerta […] Nosotros insistimos que la declaratoria debió hacerse en toda la entidad».
De acuerdo con el informe del grupo de investigación y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se han contabilizado 933 feminicidios en el periodo 2005-2014; mientras que en 2015 se cometieron 196 y en 2016 [enero-agosto] 192, según el 5º Informe del gobernador.
«[…] durante el periodo enero-julio 2016, la suma de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres fueron 192, mientras que en el mismo periodo de 2015 fueron 196. Lo anterior es resultado de la atención del justo reclamo en el sentido de atender todas las muertes violentas de mujeres bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género», precisa.
Eso significa que la cifra disminuyó sólo cuatro, tomando en cuenta que falta contabilizar cinco meses. Agosto-octubre acumuló nueve homicidios dolosos femeninos, conforme a un conteo de la prensa.
La transparencia es otro lastre en el proceso de la AVG. Eruviel presumió en su 5º Informe que el Edomex es «la única entidad que publica con toda transparencia» datos estadísticos para «atender eficazmente» a las mujeres. VICE solicitó vía Inai el presupuesto total que se destinó a la Subprocuraduría de Género, pero respondieron que «no es posible determinar el monto relacionado con la Alerta de Violencia de Género». El ex secretario general del PRD local declaró que con esos «tecnicismos, parece que están ocultando la información en términos de los problemas de falta de resultados».
—¿Urge una auditoría de los recursos destinados como parte de la AVG?—, se le pregunta al funcionario mexiquense.
—La PGJEM es una de las instancias que son poco auditables. Son recurrentemente quienes más observaciones tienen, desde luego que debiera de autorizarse tanto por la Contraloría del Edomex, como por la Auditoría Superior de la Federación, una auditoría particular para revisar el destino de recursos de esta fiscalía particularmente.
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RAJA POLÍTICA
Las imágenes y los videos que Eruviel Ávila presentó el 28 de septiembre en su 5º Informe de Gobierno no corresponden a la realidad de la violencia de género en la entidad. Mientras se endulzaba los oídos con aplausos, otras escenas corrían en el Edomex dos días antes: una mujer embarazada era arrastrada por un canal de aguas negras. Presentaba signos de violencia y tenía una cinta en el cuello, de acuerdo con un video del portal mexiquense A Fondo Edomex .
El día que el mandatario rindió cuentas muy sonriente apareció el cuerpo de Karen Espinosa de 19 años, localizada en Naucalpan. Su madre Becky tenía una semana buscándola, luego de que en la Avenida López Mateos, a un lado de Lomas Verdes, fuera raptada. Junto a ella apareció también el cadáver de la señora Adriana Hernández de 52 años.
La Universidad Tecnológica de México [Unitec], institución en la que estudiaba turismo la joven, lanzó un día después un «enérgico llamado a las autoridades del Estado de México para que realicen una investigación exhaustiva que dé con los responsables de su muerte». Como en casi todas las carpetas, solo tienen presuntos responsables y una investigación desaseada.
Durante la presentación el gobernador dijo que «todos tenemos que aportar algo. Hay que unirnos, sumar fuerza y hacer un frente común, porque pareciera que para algunos la violencia de género solo les importa cuando hay campañas electorales o cuando se esconde detrás de un fin político. Es un cobarde quien le pega y violenta a una mujer, sin duda, pero también es un cobarde quien busca sacar ventaja y raja política de estos temas. No se vale».
Meses antes las organizaciones Solidaridad por las Familias, dirigida por David Mancera, y la Red Denuncia Feminicidios Edomex, del maestro Manuel Amador, denunciaron que el gobernador mexiquense lucrará políticamente con la AVG para su precampaña presidencial. Cuestionaban el tiempo que el gobierno estatal tardó en solicitar de manera formal la AVG al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, cuando en 2010 [la administración del entonces mandatario Enrique Peña] habían datos suficientes y solicitudes de organizaciones sociales.
Para Mancera y Amador, la administración de Ávila Villegas lo hizo en un momento político importante para él, sobre todo por el panorama electoral que se viene.
Consultado al respecto, el secretario de asuntos electorales aclara que «Eruviel tiene una apreciación equivocada. Se nos ha hecho tan normal que las cifras que contrastan con la Procuraduría, no correspondan a la realidad. Sin duda hay un grave problema de inseguridad en términos de feminicidios en el Estado de México […] Eruviel está equivocado y tampoco creo que le pretenda sacar raja a esta batalla que no pareciera interesarlo y que fueron organizaciones que la solicitaron».
Según la Ley General, la AVG «es un mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas», cuyo objetivo es «garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos». En palabras ha quedado todo hasta el momento. El doble feminicidio de 15 de octubre es un ejemplo.
Desde la emisión de la Alerta, cientos de familias perdieron a una hija, tía, sobrina, hermana, mamá, nieta, entre otros parentescos. Las últimas fotografías de ellas no aparecieron en los álbumes familiares o en Facebook, sino en las páginas de los diarios de nota roja. Eruviel Ávila está por dejar el poder y posiblemente sea un presidenciable, de acuerdo con los activistas. Y mientras eso sucede, no dejan de acumularse cruces en este vasto cementerio rosa, ese que ocupa el PRI como su cuna política.
