La organización civil El Poder del Consumidor destacó la urgencia de aprobar el aumento al impuesto al refresco y destinar los recursos que de allí se obtengan para cubrir parte de los «huecos» que existen a consecuencia de los recortes que ha sufrido el sector salud, además de invertir especialmente en campañas de prevención contra la obesidad y la diabetes.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– Aumentar el impuesto al refresco en un 20 por ciento por cada litro e invertir los recursos que emane la medida en campañas de prevención que informen a los mexicanos sobre los daños a la salud que causa el consumo de dichas bebidas, es el camino para evitar que cada vez más personas ingresen a las estadísticas de diabetes, sobrepeso, obesidad y otras enfermedades provocadas por beber estos productos, aseguró Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor (EPC).
En entrevista para SinEmbargo, el también Miembro de Consumers International y del Consejo Consultivo del Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), hizo un llamado a los legisladores para que aumenten el impuesto al 20 por ciento mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) –tal como EPC lo ha sugerido desde el año 2013– ya que con ello aseguran se lograría una reducción significativa en el consumo de bebidas azucaradas.
«Ellos tendrían que velar por la salud pública de este país que está en una situación de emergencia, las proyecciones son terribles, ya de hecho la situación de México en términos de salud pública es terrible», dijo; por lo que recordó la reciente declaración del Secretario de Salud José Narro Robles sobre el aumento de la diabetes, al explicar que el año pasado ocurrieron 96 mil muertes a causa de dicha enfermedad, mientras, en 1980 no se llegaba a las 15 mil y en 2000 cobró la vida de 46 mil mexicanos.
«Se están multiplicando las muertes por diabetes», alertó.
Además, en referencia a las enfermedades renales que provocan los refrescos, Calvillo puntualizó en que el Seguro Popular no cubre los gastos que genera el tratamiento de diálisis, por lo que aseguró: «La gente que la requiere se está muriendo, ya que ni la clase baja ni la media pueden pagar 300 pesos por cada hemodiálisis porque los pacientes requieren dos o tres cada semana».
Calvillo también dijo que «es una gran irresponsabilidad de los legisladores no aumentar el impuesto» y subrayó la urgencia de que los recursos sean destinados a cubrir parte de los «huecos» que existen a consecuencia de los recortes que ha sufrido el sector salud, pero esencialmente, dijo, deben invertirse en la prevención. «[El Gobierno] tiene que parar esto y la única manera de pararlo es con campañas públicas y enfocándose mucho en los niños», puntualizó.
Asimismo alertó sobre la existencia de «una curva de aumento» en sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares en el país. «Es una pendiente muy inclinada y bajar esos niveles no va a ser posible en la velocidad con la que subió, solamente lo vamos a lograr con los niños, es decir, que los niños crezcan con hábitos de alimentación saludables», explicó.
Para lograrlo, expuso, se debe trabajar arduamente para proteger a los más pequeños, hacer a un lado el «ambiente obesigénico» y cambiarlo por uno saludable, por ejemplo, con la eliminación de los productos que alteran su paladar. De igual forma mencionó la importancia de trabajar con los padres y madres, quienes deciden qué alimentos hay en casa y que les ofrecen a sus hijos.
«Si no se hace algo fuerte en materia de prevención no vamos a solucionar nada y los números van a seguir creciendo», advirtió.
Respecto al tema de la alteración del paladar, la doctora Laura Schmidt, investigadora de la Universidad de California en San Francisco, dijo en conferencia de prensa que el paladar se acostumbra a los sabores altos en azúcar, por lo que productos como los refrescos provocan adicción; por ello, destacó la importancia de que las autoridades obliguen a la industria a reducir las cantidades del endulzante utilizado en dichas bebidas, ya que «no lo harán voluntariamente», aseguró.
La Alianza por la Salud Alimentaria, compuesta por organizaciones no gubernamentales, entre ellas EPC, y profesionistas preocupados por la epidemia de sobrepeso y obesidad en México, asegura que dicho impuesto es una «iniciativa parteaguas» para prevenir las enfermedades mencionadas, por lo que enumeró cuatro puntos que lo demostraron, desde el primer impuesto aprobado en 2013:
–Se están reduciendo las compras de bebidas azucaradas: En 2014, las compras en el hogar de bebidas gravadas decayeron en un promedio de 6 por ciento comparado con tendencias previas al impuesto. Esta reducción llegó al 12 por ciento para diciembre del mismo año.
–Los mexicanos están consumiendo opciones más saludables: Las compras de bebidas no gravadas, principalmente agua embotellada, incrementaron en un promedio de 4 por ciento en 2014, demostrando un efecto positivo de sustitución.
–En 2015, México demostró una nueva tendencia a la baja en el consumo de bebidas azucaradas: El análisis de datos de ese año, ajustado por crecimiento poblacional y actividad económica, indica una reducción de 8 por ciento en compras.
–Hay recaudación efectiva de ingresos: Se recaudaron más de 39 mil millones de pesos durante los primeros dos años de implementación de este impuesto especial; se ha empezado a invertir una parte de estos recursos en la instalación de bebederos en escuelas de todo el país.
Calvillo sostiene que existe un conflicto de interés y que «los legisladores están perdidos en medio de las campañas de la industria que paga estudios para generar una percepción de que el impuesto no funciona».
El estudio «Sponsorship of National Health Organizations by Two Major Soda Companies», publicado la semana pasada, reveló que entre 2001 y 2015 las compañías refresqueras Coca-Cola Company y PepsiCo otorgaron patrocinios a 96 organizaciones de salud en Estados Unidos con el fin de minimizar la concientización sobre el vínculo que existe entre el consumo de bebidas azucaradas y la obesidad.
